Militarización y violencia. Desapariciones forzadas y fosas clandestinas en Jalisco: desde Calderón hasta Alfaro

La familia de uno de ellos, sofocada por los nulos resultados y el acoso periodístico, anunció que asumen su pérdida, luego de que circulara un video terrible donde aparecen unos jóvenes amagados, con uno de ellos golpeando a otro, y que los padres reconocieron como sus hijos desaparecidos.

Es claro que la prensa alineada con la derecha hace énfasis en la escena de violencia dejando de lado la búsqueda, una operación que busca desmoralizar a las familias de desaparecidos y disuadir de organizarse para exigir su aparición con vida y justicia y castigo para los responsables de las desapariciones forzadas. Como si la militarización y la violencia no se hubieran generalizado durante sus gobiernos.

A fines de julio, desaparecieron Adriana y Olivia Saucedo Zermeño, y su pareja, Beatriz Hernández. Un día después, un grupo de hombres armados se llevaron con violencia a Marisela, la tercera hermana. El caso de los jóvenes trabajadores de call center también es de este año esta oleada de “levantamientos” por la delincuencia criminal.

Estos casos recientes trascienden entre muchos, donde el denominador común son la juventud de las desaparecidas y desaparecidos, la criminalización de las personas desaparecidas, la desidia de las autoridades estatales y federales y la creciente indignación de las y los familiares, que exigen y protestan por la aparición con vida de sus seres queridos.

Jalisco, una de las entidades más importantes de México,encabeza la lúgubre lista de los estados con más fosas clandestinas y restos humanos recuperados. Y estos hallazgos fueron motorizados por colectivos de madres buscadoras, no por el gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, quien negó en su último informe de gobierno la existencia de la creciente amenaza criminal, afirmando que "sólo uno de cada 10 casos tiene que ver con un acto delictivo, es decir, que el 90 por ciento de estas personas desaparecen por voluntad propia".

No sólo el gobernador jalisciense esconde la cabeza bajo la arena ante este problema. En la prensa nacional se destacan escaramuzas de la Guardia Nacional con personas armadas, pero cuando al presidente López Obrador le consultaron en una conferencia matutina sobre los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto en Lagos de Moreno, fingió no escuchar y se burló del asunto haciendo un chiste de alguien que finge que no oye e inmediatamente dio la orden de "ir a desayunar" en medio de los gritos de algunos periodistas: "¿Y Jalisco"? "¿Y Lagos de Moreno?" quienes sólo recibieron un "like" (dedito arriba) de despedida. Luego sus asesores declararon que no había escuchado la pregunta, pero la escena está grabada y es indignante.

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Hasta se creó sospecha sobre el colectivo Madres Buscadoras cuando Enrique Alfaro, el gobernador, afirmó que el ataque del 12 de julio en Tlajomulco ─el cual tuvo como saldo 6 personas fallecidas y 12 personas heridas-, fue parte de una trampa orquestada por el crimen organizado contra los funcionarios que fueron a atender un reporte supuestamente hecho por una integrante del colectivo, quien mediante una denuncia anónima se enteró de un presunto hallazgo de restos humanos.

Una vil acusación que fue refutada por el colectivo “Negamos que las personas involucradas sean parte de nuestro colectivo y de otro compañero, jamás recibimos esa llamada y nunca salimos de noche a campo, es ilógico su estrategia de amedrentar a las madres que solo buscan regresar a su familiar a casa, ya que jamás hemos recibido algún tipo de amenaza de carteles ni intimidación, ahora por qué limitar a medios de comunicación que nos den cobertura a colectivos, desaparecidos y fosas destapadas”.

La violencia: un problema que lleva décadas

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el portal Sin Embargo en un reportaje de investigación, en promedio desaparecen 15 personas por día, y 6 son asesinadas. De esas 6, 4 no son identificables. A su vez, especialistas entrevistados por ese medio sostienen que no son confiables las cifras oficiales, porque hay datos sesgados e incongruencias.

La violencia se instaló en Jalisco al menos desde 2006, con la militarización ordenada desde Washington e implementada durante el gobierno de Felipe Calderón. La colusión del ejército y la policía de distintos niveles se ha denunciado en numerosas ocasiones. Y esto no cambió con la creación de la Guardia Nacional, que integra militares, marinos y nuevos reclutas.

Una parte significativa de las personas desaparecidas son hombres y mujeres jóvenes, de 18 a 30 años. Entre quienes no son asesinados, de los varones se sospecha que algunos son víctimas de reclutamiento forzado del crimen organizado, mientras en el caso de las mujeres se presume que son víctimas de trata.

Desde la administración panista de Calderón, en Guadalajara, Tlaquepaque, y en especial Lagos de Moreno junto con Colotlán y Tepatitlán de Morelos, en la región de los Altos de Jalisco, se multiplican las desapariciones y los atropellos de las autoridades ─de distinto signo político─ contra las familias de las personas desaparecidas. Estos tres últimos municipios, que colindan con los estados de Aguascalientes y Zacatecas, conforman el denominado “triángulo del terror” o “triángulo de las desapariciones”.

Para septiembre de 2022, el gobierno de López Obrador ─que había prometido durante su campaña electoral regresar a los militares a sus cuarteles─ presumía que hay 30 cuarteles de la Guardia Nacional en Jalisco y que se iban a construir otros 10. Desde entonces, la violencia sigue al alza, y las desapariciones forzadas y muertes también.

La persistencia de la militarización ─ahora bajo el amparo de la retórica de que “los soldados son pueblo organizado”─, sólo sirve para sostener un clima de violencia y terror funcional al avance del sometimiento a los intereses de las trasnacionales, que buscan apropiarse de todas las riquezas naturales y beneficiarse de la precarización laboral y los bajos salarios que tan “atractivo” hacen a México para las inversiones internacionales.

Las escaramuzas entre sectores de las fuerzas represivas y el crimen organizado, junto con la “liberación de territorio”, muchas veces anteceden desplazamientos forzados de comunidades enteras para la explotación minera, la instalación de la infraestructura necesaria para esa actividad y también para la instalación de parques industriales.

Al mismo tiempo, ese clima de terror busca, de manera preventiva, mantener silenciado cualquier indicio de protesta. Y aun así, al gobierno y a la clase dominante les sale mal la jugada, pues a pesar de las balas, las desapariciones, los feminicidios, en distintos momentos la indignación se expresa.

Ante este clima reaccionario, hace falta unificar y fortalecer la lucha de las familias de las y los desaparecidos con el impulso de un amplio movimiento democrático independiente del gobierno federal, estatal y municipal y de todos los partidos del congreso, contra la militarización y por juicio y castigo para los responsables de las desapariciones y ejecuciones.

Son la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes, organizados desde la base en forma democrática por centro de trabajo, de escuela, por colonia, quienes pueden poner un freno efectivo a la violencia actual.