Mientras busca reforzar los controles migratorios y bajar la edad de imputabilidad, Cambiemos decretó una redistribución de las fuerzas represivas.
Viernes 27 de enero de 2017
El día de ayer, el gobierno nacional dispuso el desmantelamiento paulatino del Operativo Centinela y el Plan Unidad Cinturón Sur. Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La resolución tiene como argumento principal que se “ha generado un mecanismo rígido de organización, con presencia estática y focalizada, sin alcanzar los objetivos pretendidos, y en virtud del cual se ha confundido la tarea policial con el accionar propio de las Fuerzas de Seguridad con una misión especializada”.
Cabe preguntarse: ¿qué son estos programas y cuál es el objetivo de Cambiemos con su desarticulación?
Kirchnerismo: verde que te quiero verde
A principios de diciembre del año 2010, una acción conjunta de la Policía Federal y la Policía Metropolitana desalojó violentamente a los ocupantes del Parque Indoamericano, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati. Dos muertos, decenas de heridos y más de cincuenta detenidos fue la respuesta que el gobierno y sus fuerzas represivas dieron a las miles de familia sin techo que reclamaban el predio.
Pocos días después, mediante un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se creaba el Ministerio de Seguridad, dirigido por Nilda Garré. A fines de ese año, otro decreto firmado por CFK, Garré y Aníbal Fernández (2099/2010) creaba el Operativo Centinela. Enmarcado en la llamada Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, éste llevó efectivos de la Prefectura Naval y la Gendarmería a todo el conurbano bonaerense.
Al año siguiente, en julio de 2011, se ponía en marcha el Plan Unidad Cinturón Sur a través del decreto presidencial 864/2011. El mismo, se basaba en la supuesta “complementación operativa sinérgica de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales por zonas”. En lo concreto, significó la presencia sin precedentes de Gendarmería y Prefectura por los barrios más pobres del sur de la Ciudad de Buenos Aires: Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, Villa Lugano, Barracas, La Boca y Parque Patricios.
Sólo entre 2013 y 2014, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) pudo registrar 42 denuncias de detenciones ilegítimas en las garitas y, en el 86% por ciento de los casos, las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. Además, de acuerdo a relatos recabados, se supo que en ese período los gendarmes torturaron e incomunicaron, por lo menos, a 53 personas.
Desde el kirchnerismo, reivindicaban este despliegue represivo nac&pop. “Avanzamos en los objetivos que nos trazamos y, sobre todo en el principal: retomar el control político de las fuerzas de seguridad, que tenía grados de autonomía peligrosos”, afirmaba la ministra Garré en una entrevista a Página/12.
Una herencia no tan pesada
Desde que asumió el gobierno, el macrismo se apoyó en la “herencia” que dejó el kirchnerismo en la materia.
En la noche del viernes 29 de enero de 2016, gendarmes incluidos en el Plan Cinturón Sur arremetieron a balazos de goma y plomo contra los integrantes de una murga de la Villa 1-11-14. Once personas resultaron heridas, entre ellas varios niños.
Continuando la tarea de “lavarle la cara” a esta fuerza –cuyo director, José Otero, integra desde la época de la dictadura-, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subió fotos a las redes sociales junto a efectivos supuestamente heridos.
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En septiembre del año pasado, el Plan Cinturón Sur mostró nuevamente su verdadera cara cuando dos jóvenes, militantes de La Poderosa, fueron torturados por la Prefectura en la Villa 21-24. Estos casos emblemáticos representan los atropellos que se viven a diario en las zonas más carenciadas y crecientemente militarizadas.
¿Y ahora?
De acuerdo con el decreto firmado el día de ayer por los funcionarios de Cambiemos, tanto Prefectura como Gendarmería ya no estarían limitadas al perímetro del cordón sur de la capital ni a las zonas designadas del Conurbano. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, explicó que actualmente hay más de 3700 efectivos en territorio porteño que “se irán retirando de manera paulatina”. Por último, se habló de reemplazar “la idea de lugares estáticos” por “lugares que los decide un Centro de Planeamiento y Control”.
Este reordenamiento de las fuerzas por parte del ministerio de Seguridad, se relaciona con el reforzamiento de los controles migratorios que vienen impulsando Macri y Bullrich. En los barrios, en los conflictos y en las fronteras, la “mano dura” -ligada a la xenofobia así como a la criminalización de los barrios pobres- se ha vuelto parte fundamental del discurso del gobierno y la oposición patronal.
En este sentido, refieren a una “relocalización” de los efectivos de Prefectura y Gendarmería en los pasos limítrofes, y la mayor presencia policial puertas adentro. Caquis, verdes o azules, las función de estas fuerzas es la de garantizar los intereses de la clase capitalista, y mantener sometidos a los jóvenes y los trabajadores.
