Tras el fallo de la Corte de Apelaciones que le permitiría a María Angélica Ojeda retirar todos sus fondos de su AFP, la directiva de Cuprum anunció que acudirá a la Corte Suprema para revertir la medida, demostrando el carácter parasitario del empresariado chileno.
Sábado 20 de junio de 2020
Según consignó La Tercera, han sido varios denunciantes los que han exigido el retiro inmediato de sus fondos de AFP, y que han llegado a tribunales con esta exigencia. Sin embargo, los empresarios que tienen en sus manos los fondos de jubilación de millones de trabajadores y trabajadoras han defendido su robo legalizado con uñas y dientes.
El caso de María Angélica Ojeda, profesora jubilada de Antofagasta, se transformó en emblemático. La docente ha dado una pelea incansable desde julio de 2019, cuando presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta por el legítimo retiro de sus fondos de jubilación, con el objetivo de poder pagar su crédito hipotecario. Los $47 millones que ahorró en su AFP, hoy se traducen en una pensión de apenas $185 mil pesos.
La Corte de Apelaciones falló a favor de la docente, lo que no tardó en despertar las reacciones del gobierno y los empresarios de las AFP. Karla Rubilar indicó que “el daño de ese retiro sobre la pensión futura es muy grande”. Por su parte, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, indicó que “todavía hay procesos en curso”, refiriéndose a la medida de acudir a la Corte Suprema por parte de Cuprum. Y el presidente de la CPC, Juan Sutil, expresó: “Yo espero que la Corte Suprema zanje esta interpretación como debe ser y como ocurrió en otros casos, porque está en juego un sistema que es fundamental proteger”.
Los empresarios no quieren pagar ni un peso, mientras descargan la crisis sobre las familias trabajadoras
En el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica, ha reaparecido la demanda de retiro de fondos de las AFP para que las y los trabajadores puedan paliar las consecuencias de los despidos y suspensiones. Sin embargo, la resistencia empresarial a cualquier medida que beneficie al pueblo trabajador, junto con el apoyo incondicional de sectores de la “oposición” a las leyes represivas y precarizadoras de Piñera, están relegando a la miseria al conjunto de la clase trabajadora.
En esta crisis, el carácter parasitario de los empresarios se expresa en todos los niveles, desde la inyección de recursos fiscales a las grandes empresas, pasando por leyes como la Ley de “Protección” del Empleo, la férrea oposición a un impuesto a los súper ricos, el veto al proyecto que busca prohibir el corte de servicios básicos durante la pandemia, las falsas cuarentenas con empresas no esenciales en funcionamiento, cientos de miles de despidos, etcétera.
A esto se le suma el último "Acuerdo Nacional" que, con el apoyo incondicional de la vieja Concertación, está hipotecando el futuro de las próximas generaciones en base al aumento de la deuda pública para salvar a los empresarios. Pues, más del 80% del presupuesto recientemente aprobado de USD $12 mil millones, será dirigido a las grandes empresas para seguir potenciando sus millonarios negocios. El acuerdo dejará al país con una deuda del 27% actual al 43% del PIB en 2022.
Por otro lado, se aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia, anunciado con bombos y platillos en casi todos los medios de comunicación, y no llega a estar por sobre la línea de la pobreza. Cabe destacar, que el verdadero fraude liderado por el Ministerio de Desarrollo Social para manipular las cifras del Registro Social de Hogares, ha excluido a cientos de miles de familias de este beneficio.
Considerando esta situación, es urgente conquistar un ingreso mínimo de emergencia acorde al valor de la canasta básica familiar, financiado con un impuesto extraordinario del 20% a los más ricos del país, como los Luksic, los Piñera, los Cueto, etc. Los mismos que hoy quieren hacer de la crisis un negocio, para seguir ganando mientras millones quedan en las peores condiciones de miseria.
Para lograr esto, se vuelve necesario que los organismos como la CUT, dirigida por el Partido Comunista, junto con los otros grandes organismos obreros y federaciones, convoquen a un plan de lucha y a un paro nacional. La pasividad social que las dirigencias de los grandes organismos de trabajadores y trabajadoras debe terminar ahora, no después de la pandemia. Ahora están tomando todas las medidas contra el pueblo trabajador, sostenidas en la militarización de la pandemia y leyes represivas que la "oposición" le ha dejado pasar a Piñera.
Javier Ilabaca
Estudiante de Periodismo, Universidad Central de Chile
