La política de descentralización de áreas y programas ministeriales parece funcionar como un paso previo a más despidos en el Estado.
Sábado 20 de agosto de 2016
Descentralización-Tercerización
El jueves de la semana pasada los trabajadores del call center del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) fueron informados de la decisión del ministro Aranguren de que pasaran a depender de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Los 270 trabajadores que todos los días atienden los reclamos e inquietudes de los usuarios del servicio de electricidad por cortes del servicio, tarifa social y Programa Hogar, pasarían a depender enteramente de dicha universidad.
El call center fue creado por el Ministerio de Planificación Federal en 2013 para atender las llamadas de los usuarios, luego de un verano en el cual se realizaron grandes cortes de electricidad y se puso de manifiesto la crisis energética que atravesaba el país. Apenas asumido el gobierno de Cambiemos, trasladaron el call center, de la sede central ubicada en Yrigoyen 250 (Capital Federal), a la UNLaM. Los 25 kilómetros de distancia que separan ambas sedes, inauguraron una primera tanda de despidos de hecho para los trabajadores que no podían trasladarse.
Esta primera medida, que se combina con la tercerización de la actividad recientemente anunciada por las autoridades del MINEM, no sólo deja en evidencia la indiferencia de Cambiemos frente a los reclamos e inquietudes de los usuarios del servicio de electricidad en el marco del brutal aumento tarifario, sino también el atropello contra los trabajadores estatales de dicho programa, cuya continuidad laboral no está asegurada y se ve comprometida. Conservar el empleo a costa de resignar condiciones de trabajo, esa es la encrucijada a la que se ven sometidos los trabajadores del MINEM que actualmente se organizan para resistir la desvinculación del call center y de los 270 trabajadores, las jubilaciones forzadas, y a favor de la estabilidad laboral y los pases a la ley marco, sin pérdida salarial.
Una modalidad que se repite
La medida dispuesta por las autoridades del MINEM recuerda la denuncia que realizaron los trabajadores de la Dirección Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal (DINAI) hacia fines de julio del corriente año: la DINAI sería transferida al Gobierno de la Ciudad en el marco de la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tras el decreto 873/2016. Así, más de 500 trabajadores dependientes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, dirigido por Carolina Stanley, serían desplazados de su dependencia y puestos de trabajo originales.
En aquella oportunidad, los trabajadores advertían que la descentralización era la excusa perfecta del gobierno para el vaciamiento y desguace, ya que se transferían las responsabilidades pero no los recursos necesarios.
Implicancias de la descentralización
La actual descentralización de áreas y programas del Estado plantea una serie de contradicciones que pueden analizarse en dos niveles diferenciados, aunque ligados entre sí: el de los trabajadores estatales y el de la sociedad civil en su conjunto.
Si tomamos en cuenta los efectos sobre los trabajadores estatales, vemos que la descentralización es un claro indicador de que los despidos en el sector público se plantean como una problemática aún vigente. Por ejemplo, en el caso del MINEM está previsto que los contratos de los trabajadores del call center sean revisados por las autoridades de la UNLaM una vez efectuado el traspaso. De modo que, en el marco de la actual recesión de la economía y de la caída de la tasa de empleo, el fantasma de los despidos aún acecha. Por otra parte, la actual política de descentralización conduce a abrir la discusión sobre la tercerización de actividades en el sector público, una temática históricamente más vinculada al sector privado.
Si tomamos en cuenta los efectos sobre la sociedad en su conjunto, vemos que las áreas de las que el Gobierno nacional pretende desprenderse, involucran algunas de las principales preocupaciones de los trabajadores y del pueblo pobre: aumento de tarifas y atención de problemáticas sociales (en este caso el delito infantil). Un hecho que refuerza la condición de CEO del gobierno de Cambiemos, estrechamente ligado a los intereses empresariales y opuesto a las necesidades de los trabajadores.
Así, enfrentar el traspaso de áreas y programas del Estado no sólo requiere de la unidad de los trabajadores estatales (planta transitoria, planta permanente, ley marco, entre algunas de las decenas de formas en las que actualmente están divididos), sino también la unidad de todas las filas obreras, cuyos intereses están siendo corroídos por la política del macrismo.
Por último, la descentralización no se configura como una política novedosa. Los debates sobre la descentralización del Estado durante los años noventa atravesaron las discusiones académicas, sobre todo en el marco de las ciencias políticas. Reconocer las especificidades propias y las implicancias de este proceso en la actualidad, se vuelve de fundamental importancia para enfrentar con una estrategia de conjunto los despidos en el Estado. Retomaremos estas discusiones en futuras notas.
