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Red Internacional
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Pronunciamiento. Desde Pan y Rosas exigimos justicia y declaratoria de alerta nacional: Basta de violencia machista

Ante la escala de feminicidios y la brutal complicidad de todo el aparato judicial y policial con el feminicida Richard Choque y sus cómplices, reproducimos el pronunciamiento de Pan y Rosas en el que además de sumarse a la exigencia de justicia para Iris, Licy, Blanca y todas las víctimas de feminicidio y violencia machista, también exigen la conformación de Comisiones Independientes integradas por familiares de las víctimas, defensores de los Derechos Humanos y organizaciones feministas, para investigar y dar seguimiento a los casos de violencia machista por fuera del actuar negligente y revictimizador de las instituciones de la justicia burguesa. #DeclaratoriaDeAlertaNacional #SiTocanAUnaNosOrganizamosMiles #ElEstadoEsResponsable #BastaDeViolenciaMachista

Lunes 31 de enero de 2022

Imagen luego de la quema al domicilio donde el violador y feminicida, Richard Choque, vivía con su familia. (Foto: La Razón/Rodwy Cazón)

El pasado miércoles se dió a conocer el caso de las adolescentes Iris y Lucy, víctimas del violador y feminicida Richard Choque, quien junto a su cómplice, José Luis García, se encontraban en libertad con la venia del juez Rafael Alcón, la Fiscalía y la Policía, a pesar de contar, ambos, con una sentencia condenatoria y ejecutada desde el año 2013 por el feminicidio de Blanca Rubí. Choque también es acusado de extorsión y violación sexual, se presume que las víctimas son más de 70 mujeres.

Estos feminicidios, se suman a los 108 casos de feminicidios del 2021 y los ya 8 casos del 2022, el supuesto "Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización" declarado por el gobierno central. Siendo los feminicidios el último eslabón en una cadena de violencia patriarcal y capitalista, donde las denuncias previas suelen caer en oídos sordos en este sistema de justicia. Por Iris, Lucy y todas las víctimas de feminicidio y violencia patriarcal: ¡Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha!

Este caso, evidencia que más allá del prevaricato cometido por el juez de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón Aliaga, el problema es todo este sistema de justicia mercantil y patriarcal que desde los abogados, los jueces, fiscales, el ministerio Público y todas sus instituciones se encargan de garantizar la impunidad de los que pueden comprar justicia. Esto se expresa en que apenas aproximadamente el 10% de los casos de feminicidio acaban con sentencias.

Además, denunciamos que de este sistema de in-justicia forma parte la policía, esa institución que nos reprime, una de las instituciones con mayores índices de violencia machista y la encargada de sostener un sistema basado en la violencia hacía las mujeres y todos los sectores oprimidos y explotados de la sociedad. Por esto, exigimos que la FELCV deje de ser la institución encargada de recibir las denuncias y llevar adelante las investigaciones en estos casos. Constantemente esta institución no solo que se niega a recibir denuncias sino que revictimizan a las víctimas y sus familias.

Por esto,exigimos la conformación de Comisiones Independientes integradas por familiares de las víctimas, defensores de los Derechos Humanos y organizaciones feministas, para investigar y dar seguimiento a los casos de violencia machista por fuera del actuar negligente y revictimizador de las instituciones de la justicia burguesa.

También, denunciamos el rol de los medios de prensa, durante estos días, medios de comunicación como Red Uno, Bolivisión, ATB, Bolivia TV, Unitel, entre otros, inundaron las redes sociales de noticias sobre el caso de Richard Choque. En sus notas se observa amarillismo y morbo. Entre ellas están las notas y entrevistas a familias de las víctimas, “reconstruyendo” su historia personal, obligando a las familias a revivir y compartir el martirio de su búsqueda y ausencia frente a cámaras con innecesaria música dramática, como una forma de teatralización. Además vemos como en las notas, siempre se menciona la “condición” de “psicópata sexual” como una forma de patologizar los feminicidios y violaciones, cuando en realidad la violencia machista, es un problema social, estructural y patriarcal.

Una vez más vimos cómo la prensa lucra a partir del dolor ajeno para subir rating. Sacan provecho de la vida de las víctimas, ejerciendo la violencia mediática y revictimización. ¡Luchamos por una prensa independiente, antipatriarcal y anticapitalista!

La informalidad de la economía y la precariedad en las que trabaja la gran mayoría de la población se agravaron con la pandemia generando más desempleo, informalidad e inestabilidad laboral. Este problema golpea a numerosas familias, donde madres o padres se ven obligados a tomar más de dos trabajos para satisfacer las necesidades del hogar. Esto causa que más adolescentes, jóvenes, e incluso niños y niñas, estén orillados a buscar trabajos precarios, creando las condiciones para que las redes de prostitución o sujetos como Richard Choque se aprovechen de la situación. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!¡Basta de precariedad laboral!

Desde la organización de mujeres socialistas Pan y Rosas, nos sumamos a la exigencia de justicia para las más de 70 víctimas y para sus familias, y luchamos por poner en pie un movimiento de mujeres y feminista que luche contra la impunidad promovida por este sistema de justicia. Por esto gritamos: ¡Si tocan a una, nos organizamos miles!

Sin embargo, consideramos que las demandas de justicia no serán resueltas por un mayor punitivismo que viene siendo promovido por ciertas organizaciones y diputados de la ultraderecha conservadora como Erik Morón de Creemos quien volvió a presentar un proyecto de ley de “Castración Química y Cadena Perpetua” al Senado. Consideramos que cualquier endurecimiento de las medidas solamente acaba fortaleciendo el aparato punitivo del Estado burgués, es decir, a las mismas instituciones que han sido y siguen siendo cómplices de la violencia sistemática contra las mujeres. Es por eso que rechazamos estas medidas y denunciamos que en este sistema judicial lejos de aportar una pizca en que se garantice la justicia, acaban siendo instrumentalizadas por el Estado y su aparato represor. ¡No podemos darles más armas a los policías y jueces corruptos que encarcelan a inocentes y liberan a los asesinos!

También denunciamos que desde que se dio a conocer el caso, autoridades como Marianela Prada, Iván Lima, Eduardo del Castillo, Carlos Mesa, Eva Copa, Iván Arias, Erik Morón, entre otras vienen dando conferencias de prensa o comunicados, manifestando su apoyo y condolencias a las familias de las víctimas, expresando repudio ante la corrupción y la “ineptitud” del sistema judicial del cual son parte, como Carlos Mesa y su bancada, quienes se benefician de la justicia con la retardación de los casos por las masacres y las torturas a presos políticos durante el golpe de Estado al igual que Arias, quien además tiene denuncias de acoso. De parte del MAS, recordemos que Iván Lima quiso reformar la Ley 348 con una conciliación pactada entre agresor y víctima; que Del Castillo defiende a una institución patriarcal y represora como es la policía, callando ante casos de abuso e incluso llegando a defenderlos como pasó con el caso de feminicidio de María Fernanda. Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ha negado sistemáticamente los derechos de las mujeres al aborto libre, legal, seguro y gratuito, poniendo por delante la religión que profesa por sobre los derechos de las mujeres, y hoy, hace demagogia punitivista cuando alienta la demolición de la vivienda del violador y feminicida Choque. Demagogia bañada de feminismo gracias a que hoy hace gestión municipal junto a la “anarquista” de María Galindo y su colectivo Mujeres Creando.

Por esto, denunciamos que estas declaraciones son oportunistas, pues aprovechan lo mediático del caso para ser vistos como autoridades que luchan contra la violencia hacia las mujeres, cuando poco o nada les importan nuestras vidas, negándonos además hasta el más básico derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. ¡El Estado es responsable!

Frente a este ascenso de violencia patriarcal, desde Pan y Rosas exigimos la Declaratoria de Alerta Nacional y un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y disidencias y diversidades sexuales y de género, que asigne para las víctimas de violencia machista:

  • Asistencia económica mensual equivalente al costo de la canasta familiar.
  • Que se prohíba los despidos a mujeres que están transitando una situación de violencia por la que se ausentan de sus fuentes de trabajo.
  • Que el Estado garantice un fuente laboral para quienes no la tengan.
  • La creación de refugios transitorios y planes de viviendas para todas las víctimas.
  • Que todos los casos de violencia machista sean investigados por comisiones independientes conformadas por familiares de las víctimas, representantes idóneos de Derechos Humanos, organizaciones feministas. También exigimos que estas comisiones cuenten con todo el acceso a la información para investigar los casos y financiamiento para que puedan llevar adelante los mismos.

¡Justicia para Iris, Lucy, Blanca y todas las víctimas de violencia patriarcal y capitalista!
¡Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias!