Lucas Liveratore de 34 años falleció en su casa luego de haber asistido a la fiesta en el boliche Punta Stage. La productora del evento sigue sin dar explicaciones y el intendente desliga responsabilidades.
Martes 3 de enero de 2017
Lucas Liveratore de 34 años fue con sus amigos a la fiesta electrónica del sábado desde San Nicolás, y a diferencia de Giuliana volvió a su casa para descansar después de sentirse mal, pero al día siguiente familiares lo encontraron ya fallecido en su dormitorio. Según peritos Lucas murió mientras dormía.
La causa de la muerte podría haber sido un paro cardiorrespiratorio a causa de una severa deshidratación, además de un aparente edema cerebral. Para confirmar tales hipótesis deberá aguardarse el resultado de las pericias que se realizaron. La investigación la llevará a cabo Patricio Mujica, fiscal de San Nicolás, que ayer investigaba el caso.
El fiscal comunicó a los medios que Lucas y Giuliana presentaban un cuadro similar pero con distintos síntomas. Esta investigación da lugar el análisis de una pastilla encontrada en el baño del boliche porque no está cerrada la hipótesis de que estén adulteradas.
La posibilidad de una combinación de pastillas adulteradas, sumado al hacinamiento, la falta de agua y asistencia médica en el lugar, es una combinación letal que costó la vida de dos jóvenes y varios heridos. El entramado del narcotráfico, empresarios de la noche y funcionarios tiene la responsabilidad en este crimen.
Todos se lavan las manos
Ayer La Izquierda Diario reprodujo los dichos del intendente de Arroyo Seco Nizar Espe del Frente para la Victoria, quien se desligó de cualquier responsabilidad, asegurando que ni él ni la municipalidad estaban al tanto de la fiesta, siendo que dicha producción era pública al menos un mes previo al evento.
Hasta el momento no se conoce ningún tipo de declaración pública de parte de Live Art producciones. Más aún, esta productora dio de baja su sitio web y de Facebook.
Ley de control de daños
Luego de los sucesos en Costa Salguero en 2016 se abrió un abanico de posiciones y debates en torno a cómo tomar las fiestas electrónicas, por ejemplo en ciudad de Buenos Aires se barajó la idea de prohibir directamente los eventos de este tipo, y en contrapartida, Rosario discutió en el Concejo Municipal y votó por unanimidad realizar una ordenanza para el testeo in situ de las pastillas de éxtasis, dando una perspectiva de salud pública y no desde un enfoque punitivista, pero, desde la Municipalidad dieron por suelo el decreto. La justificación era que esta es una droga que sigue siendo ilegal, pero donde en ningún momento se pone en discusión la legalización de las drogas.
Si bien la política de reducción de daños no es una solución sí representaría un avance para que los consumidores tengan conocimiento de lo que van a ingerir, pero una vez más el Estado, en este caso la municipalidad de Rosario, demuestran no correrse e incluso reforzar una línea punitivista.
¿Qué pasa con la prohibición?
Volviendo en el tiempo, Estados Unidos entre el 17 de enero de 1920 y el 5 de diciembre de 1933 aplicó la ley seca, y a pesar de que el alcohol estaba prohibido, el consumo no paró. Se mercantilizaba en el mercado negro y la mala calidad de la bebida ocasionó más de miles de muertes, algo parecido pasa con las drogas de diseño ilegales. La prohibición está lejos de evitar su consumo, pero sí agrava las condiciones en que los jóvenes usuarios las consumen: adulteraciones de las sustancias y falta de información para que su consumo se realice en las mejores condiciones. La prohibición frenó cualquier investigación sobre los efectos y las prevenciones que se deberían tomar a la hora de consumir. La asamblea de la ONU no condenó la guerra contra la droga que hizo Nixon y que favoreció a la expansión de las redes del narco. Además, negó pronunciarse para que los países miembros apliquen las políticas de reducción de daños. Una medida mínima de salud pública que evitaría las consecuencias fatales del consumo de sustancias que se venden en el mercado negro.
Pelear por la legalización no significa promover el consumo, sino enfrentar al Estado burgués que utiliza la prohibición para criminalizar a los jóvenes. La legalización de los estupefacientes que hoy permanecen ilegales, sería una medida solo inicial para acabar con las mafias y frenar los miles y miles de crímenes cometidos por los carteles del narco. En última instancia, la lucha por la legalización es una lucha por arrancarle una parte del poder represivo al Estado y atacar los intereses económicos sobre los que se funda la siniestra industria del narcotráfico, de la que se benefician desde policías hasta funcionarios.
