CUANDO LOS ADULTOS MAYORES SON NEGOCIO. Desidia y abandono: una anciana muerta y 27 infectados de Covid-19 en dos geriátricos de CABA

El geriátrico Apart Incas fue evacuado durante la noche del martes, luego de la denuncia via mail presentada el día lunes por un familiar de uno de los ancianos internados allí. Desde esa evacuación el lugar permanece clausurado por orden judicial.

La Fiscalía General de la Ciudad ordenó que se abriera una investigación ante la falta de respuestas de las autoridades del lugar y recién a partir de esa orden desde el Gobierno porteño ordenaron la intervención del SAME.

A raíz de este escándalo que ya empezaba a conocerse a través de los medios, a las autoridades del geriátrico San Lucas, de Parque Avellaneda, no les quedó otra que informar lo que estaba pasando.

El modus operandi fue igual de escandaloso: a través de mensajes de Whatsapp, les pedían a los familiares que se llevaran a los ancianos. En ese lugar, además hubo una víctima fatal: una anciana de 90 años que falleció el sábado, pero que según cuenta su hijo, recién obtuvieron el resultado de los análisis que dieron positivo para coronavirus este lunes. Además, denunció que en el acta de fallecimiento indicaron "paro respiratorio y neumonía grave" y no coronavirus, como finalmente se comprobó que fuer la causa de la muerte.

En el barrio de Belgrano, las autoridades del geriátrico dijeron a los medios que se comunicaron desde el día sábado con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, apenas conocieron el caso de un enfermero que presumiblemente fue el primer contagiado en el lugar.

Te puede interesar: Colapso de geriátricos: alerta de Eugenio Semino sobre un problema ninguneado por el Estado

La directora médica de la institución justificó el accionar diciendo que “no fue un abandono” y que “hemos llamado al Gobierno de la ciudad y hemos obedecido”.

Según ella, las autoridades les indicaron que llamaran a las obras sociales pero “ninguna se quiso hacer cargo de sus afiliados”. Uno de los apoderados además declaró que se encontraban sin personal médico y que “nadie quiere trabajar allí”.

Lo cierto es que quienes (sobre todo en estas situaciones) deberían cuidar la salud de los adultos mayores, se pasan la pelota y se deslindan de cualquier responsabilidad. De hecho cuando llegaron las ambulancias del SAME al edificio ubicado en la calle Los Incas ayer por la noche, no había ninguna autoridad en el lugar.

Según denuncian los familiares los ancianos se encontraban al cuidado de “un electricista y una persona que hace mantenimiento” y cuentan que se enteraron de la situación a través de un mail que recibieron el domingo que decía que tenían que ir a retirar a los ancianos porque no había personal médico que se hiciera cargo de ellos.

La hija de uno de los internados declaró ante los medios que “gracias a que los familiares nos movimos esto se hizo público y se hisopó a todas las personas. Nosotros tenemos recursos y gente conocida que nos ayudó, pero que pasa con aquellos que no tienen las mismas posibilidades que nosotros?”. Vale aclarar que las cuotas de ese geriátrico llegan, algunas, a los $180 mil. Lo que nos lleva a pensar cuál será la realidad en los lugares donde se encuentran alojados aquellos de menores recursos.

La situación no fue muy distinta en Parque Avellaneda: los familiares denuncian que desde el sábado los 45 residentes del lugar se encontraban al cuidado de sólo dos enfermeras que "hacen lo que pueden", según declaró esta mañana una de las familiares a los medios, sin la asistencia y seguimiento médico adecuados. Además contó que están reclamando que hagan los testeos correspondientes. Debido a esta escandalosa situación el PAMI decidió recién hoy trasladarlos a otros establecimientos.

Eduardo Pérez, titular del PAMI, apareció recién este último miércoles en la institución para indicar los traslados, y argumentó que tomó la decisión porque no se estaba cumpliendo con lo acordado y que desde el sábado ningún profesional médico realizaba seguimiento de la salud de los ancianos del lugar.

En ambos casos el deslinde de responsabilidades estuvo a la orden del día. Tomala vos, damela a mí, y en el medio se encuentran los ancianos que habitan en los 478 geriátricos registrados en la Ciudad.

Los familiares en el caso del del barrio de Belgrano, indicaron que presentaron una denuncia contra Luis Megyes y su socio, los dueños del lugar, por “abandono de persona y responsabilidad en la propagación de COVID 19”.

En el otro establecimiento, las familias elevaron sus reclamos contra el PAMI para que se realicen los testeos correspondientes, y también contra el asilo por no informar de la situación. Allí intervino el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Otro gran problema es la situación de vulnerabilidad y exposición en la que se encuentra el personal de la salud, tomando en cuenta como se cree, que ingresó el virus: en ambas instituciones estaba vigente la normativa de que nadie entraba ni salía de los edificios, a excepción del personal de cuidado de los ancianos.

La falta de condiciones a las que están expuestos las trabajadoras y trabajadores de la salud representa un peligro no sólo para ellos y sus familias, sino también para los pacientes en general y en especial para los mayores de 65 años.

En declaraciones a los medios, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, planteó que uno de los problemas es que a los trabajadores de esos geriátricos se los mantiene con bajos sueldos además de que no son considerados personal de la salud. Muchos viven en zonas carenciadas y tienen mayor probabilidad de contagio. Resaltó que estos es un alto riesgo para los adultos mayores, sobre todo teniendo en cuenta que el 70% de las personas que contraen el virus son asintomáticas.

Las pésimas condiciones en las que trabajan son absoluta responsabilidad tanto de los dueños de los geriátricos como del Gobierno de la Ciudad, que al igual que el nacional (en el caso de las trabajadoras y trabajadores de la salud pública), permiten y sostienen esta situación.

Desde que empezó la pandemia y la cuarentena obligatoria, vimos cómo las autoridades tanto a nivel nacional como a nivel municipal no se cansaban de repetir que la prioridad son los adultos mayores.

Pero la realidad mostró la otra cara, como el escándalo de las largas filas de jubiladas y jubilados para cobrar sus míseras jubilaciones, en los bancos de todo el país, luego se sumó la restricción de circulación inconstitucional que quería imponerle el Gobierno de la Ciudad. Aunque luego Rodriguez Larreta tuvo que retroceder, debido al escándalo que suscitó y ahora a aquellos adultos mayores que quieran salir, se les indica que llamen al 147.

Te puede interesar: Siempre en riesgo: otra vez, jubiladas y jubilados librados a su suerte en la crisis

Ahora sale a la luz este escándalo en uno de los geriátricos más exclusivos, donde queda a la vista no sólo la inexistencia de un protocolo de actuación para casos de emergencia sanitaria en instituciones donde se encuentra el sector más vulnerable de la población, sino también una larga cadena de negligencia por parte de los dueños y las autoridades médicas de este tipo de instituciones, las obras sociales y los gobiernos. Esto pasa cuando la salud de los ancianos también es un gran negocio.

Para que esto no ocurra más es necesario que todos los geriátricos privados pasen a la órbita estatal y dependan del Ministerio de Salud. A su vez, sus trabajadores y los familiares deben organizarse en Comisiones de seguridad e higiene en cada lugar para decidir cuales son las necesidades y también puedan controlar que estas se cumplan.

Sólo de esa manera podrá garantizarse el cuidado necesario de los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo, y de las trabajadoras y trabajadores que los asisten.