Fue con los votos del peronismo, el kirchnerismo y Cambiemos. La izquierda se abstuvo.
Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Miércoles 25 de septiembre de 2019 22:39
En la sesión de la Legislatura de este miércoles, con acuerdo del peronismo en sus dos vertientes, así como la versión cordobesa de Juntos por el Cambio (PRO, UCR y Frente Cívico) se designó a Luis Angulo como vocal del Tribunal Superior en Córdoba.
La izquierda se abstuvo en la votación y votó en contra el legislador de Encuentro Vecinal de Aurelio García Elorrio.
Intervención de la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT
Desde el peronismo se hizo hincapié en el perfil de Angulo como defensor de los derechos humanos y laboralista. Angulo fue defensor de presos políticos en la última dictadura y asesoró a varios sindicatos en la provincia. También ocupó cargos en distintos gabinetes de las gestiones de Unión por Córdoba, como Secretario de Trabajo de De la Sota y Ministro de Justicia en las dos gestiones de Schiaretti.
En la audiencia pública que se realizó la semana pasada, Angulo fue avalado tanto por miembros de organismos de Derechos Humanos, que avanzan en su integración a un gobierno antiobrero como el de Schiaretti, como por miembros de la rancia casta judicial tanto provincial como federal.
Se hizo hincapié además en el fortalecimiento de las políticas de género y prevención de la violencia machista. Lamentablemente, flacos resultados han tenido esas políticas. Nuestra provincia es récord en cantidad de femicidios, y lejos de disminuir han aumentado en los últimos años. Pero esto no se debe al azar, las trabajadoras del Polo de la Mujer mantienen niveles de precarización inauditos, manteniéndose la gran mayoría de ellas como monotributistas y expuestas a niveles altísimos de violencia. El gobierno que se llena la boca hablando de los derechos de las mujeres es el mismo que se negó sistemáticamente a tratar políticas que podrían paliar la situación de las mujeres que sufren la violencia machista, como se exige desde hace años en las calles.
Por otro lado, Angulo le negó a Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, desparecido desde 2012, una audiencia donde ella buscaba plantearle algunas diferencias sobre la investigación del caso y exigirle una real búsqueda de su hijo.
Cuando estuvo al frente de la cartera laboral, el abogado fue el encargado de implementar, como destaca él mismo en el currículum que presentó a la Legislatura para su nombramiento, los planes de flexibilización laboral con los cuales se le regaló mano de obra a las distintas empresas, el más conocido de ellos el Plan Primer Paso.
Sus gestiones en el Ministerio de Justicia coincidieron con el avance del control social de la policía de Córdoba sobre la población. Si bien existían matices con lo que fueron las gestiones delasotistas, en lo esencial la policía mantuvo un permanente hostigamiento sobre la juventud de las barriadas populares, con innumerables casos de gatillo fácil incluidos.
La situación en las cárceles, tanto de mayores como de menores mantiene a quienes están recluidos allí en condiciones que están lejos de permitir la reeducación de los y las internas, a pesar de los distintos programas que se aplican. En lo que va de 2019, llevamos 11 muertes en las distintas cárceles de la provincia. Si bien Angulo renunció al Ministerio en diciembre pasado, su sucesor, Juan Martín Farfán, fue parte de su gabinete en la última gestión.
El perfil progresista que tiene Angulo contrasta con una justicia cordobesa que, al igual que en todo el país, mantiene privilegios de casta y que ha mostrado un conservadurismo más exacerbado que otras provincias en fallos en materia de derechos sociales. Entre otras cuestiones, demoró nada menos que siete años en decidir si “los niños por nacer” podían tener abogado o no, trabando de ese modo la aplicación del Protocolo de Abortos No Punibles en los hospitales provinciales, derecho previsto en el Código Penal desde 1921.
Asimismo, en juicios laborales –sobre todos los surgidos por conflictos abiertos– se falla en general a favor de los empresarios, dejando de lado derechos consagrados para los trabajadores. Lo mismo sucede lo mismo en la no investigación o sobreseimiento de miembros de las fuerzas represivas involucrados en las ejecuciones sumarias.
Este nombramiento apunta a fortalecer una de las patas del poder, que es altamente rechazada y desprestigiada ante la población, ante los momentos que vienen de mayor ajuste para el pueblo trabajador en nombre de honrar las deudas con el FMI.
