El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este martes la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2018, la cual sigue demostrando que la precarización laboral tiene rostro de mujer. Es por esto que debatimos aquí porqué la igualdad ante la ley no es equivalente a la igualdad ante la vida.
Viernes 16 de agosto de 2019
"Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación."
Así señala una disposición del Código del Trabajo, en el cual principia la “igualdad” respecto a las oportunidades de trabajo. En la realidad mucho deja que desear esa igualdad ante la ley, traducido a desigualdad ante la vida. Que bajo este sistema patriarcal y capitalista, de manera histórica se mantiene la división sexual del trabajo que legitima que las mujeres sean contratadas en áreas de trabajo infravaloradas, arrastradas a la precariedad, al subcontrato, mayor explotación y peores condiciones laborales.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este martes la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2018, la cual sigue demostrando que la precarización laboral tiene rostro de mujer. Según las estadísticas entregadas existe una brecha de -27,2% en el ingreso en desmedro de las mujeres.
Además, hay que tener en cuenta que esta desigualdad se extiende a que son las mujeres quienes lideran las cifras de subcontrato, que degeneran en trabajos inestables y precarios. En este sentido, muchas veces estas mismas mujeres trabajadoras, son quienes se ven mayormente afectadas por el acoso laboral que por sus contratos inestables ni siquiera pueden denunciar, casos de acoso y abuso laboral.
Incluso, podemos ver que el Estatuto Laboral Juvenil, viene a precarizar el trabajo de todos los jóvenes que estudian y trabajan, en el cual se les niega a las mujeres la remuneración del pre y post natal, esto sigue toda una lógica del gobierno empresarial para seguir enriqueciéndose a costa de reducir beneficios a trabajadores y trabajadoras.
Con todo lo anterior, la mujer también se ve empujada a una doble explotación, el cual impone este sistema capitalista y patriarcal, donde vemos que muchas veces son ellas quienes cargan con las labores domésticas y de cuidado no remunerados.
Esto también es un factor en la brecha salarial existente, podemos discernir, que los factores señalados perjudican la disponibilidad horaria de aquellas trabajadoras precarizadas, donde pueden optar a menor cantidad de horas trabajadas, sin posibilidad de un contrato estable y a una jornada laboral completa, y aquellas quienes de todos modos sacrifican todo su tiempo y vida, para poder sobrevivir deben soportar la exigencia y precariedad de una jornada laboral de 45 horas, además, de las labores señaladas anteriormente y percibiendo menor salario por el hecho de ser mujer.
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Para esto es necesario dar una salida a reducir la Jornada laboral, eliminar la brecha salarial y socializar el trabajo doméstico
Porque hoy en día mientras las trabajadoras precarizadas se ven sumergidas en la inestabilidad laboral, mientras el 0,01% más rico de Chile tienen un ingreso mensual per cápita que supera $576.482.429 a costa de las extenuantes jornadas laborales, es que debemos romper con este régimen de explotación y no confiar en presiones parlamentarias ni diálogos con el gobierno, porque es este quien quiere implementar la flexibilización laboral, que más que nada viene a profundizar la precarización laboral y así mantener sus privilegios.
Por esto, hay que ir más allá del proyecto de reducción laboral presentado que como dijimos no podemos depositar la confianza en el parlamento y el gobierno que legislan para los empresarios, hay que tomar la lucha por una jornada laboral de 6 horas y 5 días a la semana, repartiendo el tiempo de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción de sueldo, que sea acorde a la canasta básica familiar.
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Lo anterior, plantea una salida al problema de la disponibilidad de trabajo a las mujeres que se ven dificultadas por los factores de labores domésticas y de cuidado, pero es necesario también, romper con esta estructura, por ello, hay que plantear la necesidad de comedores, guarderías y lavanderías gratuitas a disposición de las familias trabajadoras, que permitan no solo reconocer sino hacer del trabajo doméstico un problema de toda la sociedad.