Bolivia. Despenalización o legalización del aborto, un debate necesario

Lo primero que debemos poner sobre la mesa es que la legalización implica, evidentemente, la despenalización de este elemental derecho. La lucha por el derecho al aborto no significa imponer la obligatoriedad de interrumpir el embarazo si una mujer o un cuerpo gestante no quieran hacerlo. Abortar o no, es una decisión individual e íntima. La lucha por el derecho al aborto plantea dos problemas centrales. Por un lado, se trata de conquistar un derecho básico fundamental, que es el de decidir libremente sobre nuestros cuerpos, Y, por otro lado, se trata de un problema de salud pública porque cada año, miles de mujeres, continúan muriendo por la clandestinidad y la criminalización de esta práctica.

Cuando pedimos que además de la despenalización, el derecho a abortar sea legal, no lo hacemos con el fin de permitir que el Estado tenga potestad de legislar nuestros cuerpos, al contrario, lo que exigimos es que el Estado garantice el derecho al aborto para todas las mujeres y cuerpos gestantes, sin que importe su condición social o sus recursos. De la misma manera por la que la lucha por un sistema de salud gratuito y universal no implica que todes tengan que ir de manera obligatoria a una consulta médica o realizarse una operación, pero nadie debería morir por no tener los recursos económicos para hacerse un tratamiento o una cirugía.

Por otro lado, la lucha por el aborto, entendida como un problema de salud pública, es parte de una lucha integral por mejorar las condiciones sanitarias en todos los niveles. El COVID-19 ha develado la precarización de este sistema de salud que ya estaba al borde del colapso antes de la pandemia producto de décadas de políticas privatizadoras que han desmantelado la salud pública y más bien las prioridades siempre estuvieron puestas en fortalecer económicamente los aparatos represivos. Contra eso también luchamos y no es una lucha que excluya a la otra, sino que son parte de lo mismo. Exigimos que el aborto se pueda realizar en condiciones seguras y de manera gratuita en los hospitales, así como exigimos que se den condiciones dignas para parir y para ejercer la maternidad. Exigimos que las mujeres que dan a luz en hospitales públicos no sean víctimas de violencia obstétrica solo porque no pueden pagar el privilegio de ser atendidas en clínicas privadas donde al parecer, la dignidad se compra.

Desde Pan y Rosas, defendemos que el aborto debe ser legal porque no solo está en juego la autonomía de una mujer, lo cual individualiza el problema, sino que también es una cuestión de clase y la mayoría de las mujeres que mueren por abortos clandestinos son mujeres pobres y trabajadoras precarizadas del campo y la ciudad, que no tienen los medios económicos para realizarse un aborto en condiciones seguras.

Por todo esto, resulta incomprensible que algunos colectivos feministas cuestionen la legalización porque supuestamente implicaría un aval a la injerencia estatal en la vida de las mujeres. Con este argumento, supuestamente radical, en realidad todas las luchas sociales que han conquistado derechos a lo largo de la historia estarían deslegitimadas porque es en definitiva el Estado (burgués, capitalista y patriarcal) quien los regula. Seguramente muchos patrones desearían que el Estado no regule el tiempo de trabajo de sus obreros. ¿Significa que por exigir la legalización depositamos confianza en el Estado? No, de ninguna manera. Mientras no solo las mujeres sino la clase trabajadora, la juventud, las y los estudiantes, los pueblos indígenas, las y los campesinos, y todos aquellos que somos víctimas de la opresión y explotación garantizada por este Estado, no seamos lo suficientemente fuertes para destruirlo, no solo que debemos defender los derechos actualmente conquistados sino que es necesario conquistar nuevos derechos.

Afortunadamente el triunfo parcial que han obtenido las mujeres en Argentina, ha puesto en “retirada” esta demanda de la sola despenalización al constatarse que para acceder de manera gratuita a la interrupción del embarazo en los hospitales y en los centros de salud hace falta que el aborto sea ley.

Es increíble que en pleno siglo XXI el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos sea todavía un tema pendiente. Debería ser evidente que las mujeres tengamos la libertad plena de decidir sin que las iglesias y el Estado legislen nuestros cuerpos. Mientras en otros países, como fue la experiencia en Argentina, donde partidos del régimen intentan capitalizar la lucha de las mujeres, situación que ha sido muy bien combatida por nuestras compañeras en el vecino país, en Bolivia todos los partidos, incluyendo el MAS, realizan campañas abiertamente contra el derecho al aborto. En el actual escenario electoral rumbo a las subnacionales, lo hemos visto por ejemplo en las declaraciones de Adriana Salvatierra, ex diputada y candidata a la alcaldía de Santa Cruz por el MAS, que ante la consulta de si está a favor del aborto respondió que está a favor de la vida haciendo suyo el slogan de los grupos derechistas y clericales anti mujeres. En la misma línea, Eva Copa, ex parlamentaria del MAS y hoy candidata a alcaldesa de El Alto por “Jallalla”, también declaró que está en contra del derecho al aborto.

Por eso creemos que este derecho debe ganarse desde las calles. En primer lugar, para instalar la demanda de este derecho en el debate público y en la agenda política nacional. Necesitamos impulsar la más amplia movilización para que las mujeres dejemos de estar perseguidas y el derecho al aborto se convierta en ley.