El movimiento de mujeres de Argentina, Chile y el mundo, ha demostrado la fuerza que contiene y las posibilidades de cuestionar y arrancar derechos como el aborto, pese a la férrea oposición de la Iglesia, la derecha, sectores conservadores y empresarios a cualquier avance en derechos de las mujeres.
Lunes 13 de agosto de 2018
El pasado 8 de agosto el Senado de Argentina asestó un golpe contra el masivo movimiento de mujeres y la demanda de aborto legal. Fueron 38 “dinosaurios”- de los partidos Cambiemos (del presidente derechista Macri), Partido Justicialista (continuador del Partido Peronista), y partidos provinciales, que actúan como verdaderos señores feudales- los que decidieron por millones de mujeres; sin embargo, fue el movimiento de mujeres el que de manera aplastante ganó las calles y el debate público en el país vecino.
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Tras la votación, y según han informado algunos medios trasandinos, desde el gobierno se estaría analizando la posibilidad de incluir la figura de despenalización del aborto en el Código Penal- en Argentina las mujeres que abortan pueden recibir penas de cárcel de hasta cuatro años-, sin embargo, incluir la despenalización no garantizaría la asistencia médica por parte del Estado, a excepción de los casos de violación y riesgo de vida de la mujer.
Despenalizar y legalizar para acabar con los abortos clandestinos, el riesgo para las mujeres, y garantizar un derecho en toda la sociedad
La despenalización del aborto significa dejar de tipificar como delito el aborto y que esta práctica no sea castigada por la legislación penal, usualmente por medio de penas de cárcel. En el caso del aborto sería que las mujeres que consienten un aborto no enfrentarían un proceso judicial. Ahora bien, la despenalización del aborto por sí sola no garantiza que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho en la sociedad, garantizado por el Estado, y realizado en hospitales y centros médicos con profesionales y especialistas, pues al no ser una norma legal el Estado, gobiernos e instituciones de salud no tendrían que cumplirla.
En este sentido, la Corporación Humanas, y diputadas del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Partido por la Democracia, presentarán un proyecto de despenalización del aborto el próximo martes, lo que además de generar cuestionamientos por no haber sido una iniciativa discutida por las integrantes de las Coordinadoras que agrupan a feministas y organizaciones de mujeres, ni por el propio movimiento, no contempla la demanda central de legalización del aborto.
En el proyecto que presentarán se plantea- lo que compartimos plenamente- que la “criminalización del aborto constituye una gravísima violación a los derechos humanos de las mujeres, que desconoce su condición de sujetas de derechos, de ciudadanas plenas y de soberanas de sus cuerpos. La penalización del aborto es criminalizar su capacidad moral y su autonomía para tomar decisiones respecto de su vida (…) El único efecto de las leyes punitivas es la clandestinidad y la inseguridad de las mujeres que deciden abortar, además del estigma que se impone sobre ellas”.
Sin duda, la penalización del aborto constituye un duro ataque contra las mujeres, una violación a sus Derechos Humanos, y la causa por la que se producen miles de abortos clandestinos en Chile y millones en el mundo, donde son las mujeres trabajadoras, jóvenes y más pobres las que mueren, se arriesgan a morir, o a quedar con graves secuelas en su salud. La despenalización del aborto es una demanda totalmente necesaria.
La iniciativa que presentarán propone modificar el Código Penal de Chile, con el objetivo de que “el aborto decidido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación deje de ser un delito”. Y, si bien, compartimos que el aborto no puede ser más una práctica penalizada, el problema del proyecto radica en que descarta la demanda de legalización del aborto que hoy en día el movimiento de mujeres exige. Aquí hay dos problemas. El primero es que la despenalización por sí sola, sin contemplar la demada de legalización, no permite que el aborto sea concebido como un derecho que debe ser respetado legalmente por el Estado, las instituciones de salud pública, por los gobiernos y por la sociedad. Como no sería un derecho de las mujeres, tampoco sería considerado un problema de salud pública al cual el Estado debe responder.
El problema de no luchar y exigir la legalización del aborto es que, si bien con la despenalización se atacaría la existencia de los abortos clandestinos, los riesgos de muerte o de quedar con graves secuelas en la salud seguirían golpeando principalmente a las mujeres trabajadoras, jóvenes y más precarizadas, pues sin ser un derecho garantizado por el Estado, no podrían optar a practicarlo de manera segura y con menos riesgos, en hospitales y centros médicos, y supervisado por doctores y profesionales especializados. Es decir, las mujeres más vulnerables seguirían totalmente expuestas a someterse a abortos precarios, en condiciones insalubres y aberrantes.
Con lo anterior se mantienen las abismales diferencias de clase entre mujeres que deciden abortar, pero también el negocio de los empresarios de clínicas privadas que podrán seguir obteniendo ganancias gracias a la ilegalidad del aborto en el país. Por eso, organizaciones de mujeres como Pan y Rosas exigen aborto legal, libre, seguro y gratuito, para que sea realmente un derecho al que puedan acceder todas las mujeres, sin discriminación social, y practicado de la forma más segura posible en instituciones médicas.
Otro argumento de las diputadas del FA (de Izquierda Autónoma y Poder) es que hoy en día debemos avanzar mucho más hacia la “despenalización social” del aborto, en la “batalla cultural”, en convencer a las personas sobre no criminalizar esta decisión, sin embargo, ¿cómo se podría avanzar más decididamente contra la criminalización hacia las mujeres que abortan si esta práctica sigue siendo considerada ilegal, y no un derecho social y de salud? Sin ser reconocido como un derecho sexual, reproductivo y humano de las mujeres, por parte del Estado, lo de fondo es que se sigue criminalizando igual el aborto y el derecho a decidir de las mujeres, y sigue primando la postura moral, reaccionaria y conservadora de la derecha, Iglesia, de empresarios; las creencias religiososas y prejuicios morales en la sociedad porque continuaría sin ser abordado como un problema social y de salud pública.
Confiar en las fuerzas del movimiento de mujeres e impulsar un proyecto propio de aborto legal y libre
¿Por qué las diputadas no consideran en su proyecto la legalización del aborto? Los argumentos que se plantean tienen relación con los límites institucionales del régimen político, debido a que solo la o el presidente puede presentar un proyecto, en este caso de aborto legal, y proponer modificaciones en el presupuesto del Estado para poder garantizarlo. Es decir, y de acuerdo a la institucionalidad del país, los parlamentarios solo pueden presentar proyectos que no modifiquen el presupuesto del Estado, por lo que “no habría más vías para financiar este derecho”.
Aquí radica una segunda diferencia, pues el hecho de que las diputadas del FA- junto a sectores de la ex Nueva Mayoría- impulsen un proyecto de aborto que no fue discutido por las organizaciones de mujeres, en las Coordinadoras de feministas, con trabajadoras y estudiantes que se vienen movilizando por el aborto legal, en universidades y lugares de trabajo; sumado a que el argumento para no presentar un proyecto de legalización recae en un impedimento institucional del podrido régimen político, expresa que la estrategia de las parlamentarias no va por el camino de impulsar un fuerte movimiento de mujeres, enraizado en estructuras estudiantiles, sindicales, poblacionales, ni tampoco en poner la confianza en las propias fuerzas de la movilización y lucha como una vía realmente posible para conquistar el derecho al aborto legal y libre.
Sabemos que ningún derecho, ni de las mujeres, de la clase trabajadora y sectores oprimidos, por muy mínimo y democrático que sea, ha sido conquistado sin organización y lucha de sectores amplios de la sociedad, sin cuestionamientos al régimen político que impera, y hoy en día existe un potente movimiento de mujeres en Chile y el mundo que es el principal punto de apoyo para impulsar cualquier iniciativa legislativa y luchar por un derecho como el aborto legal y libre.
De todas maneras, y aunque la institucionalidad del país no permite que parlamentarios presenten proyectos de ley que consideren financiamiento por fuera de lo ya contemplado en el presupuesto nacional, sí podrían presentar iniciativas que reasignen presupuestos, es decir, si se contempla en el presupuesto del país recursos para Fuerzas Armadas o, por ejemplo, para la Iglesia Católica y sus instituciones, sí se podría exigir y proponer disminuir esos presupuestos y destinarlos a derechos como el aborto legal y libre. Por otra parte, si bien, sería Piñera quien tendría que proponer la ley de presupuesto para el año siguiente- en septiembre-, son los parlamentarios los que votan y quienes son parte del debate en el Congreso. Entonces, lo de fondo no son las trabas institucionales que existen- y seguirán existiendo bajo una sociedad capitalista, donde un puñado de personas decide por la vida de millones- en este podrido régimen políticos, sino la voluntad política y estrategia de lucha para alcanzar un derecho como el aborto legal y libre.
Sabemos que el gobierno de Piñera jamás propondría en el presupuesto del país que se garantice este derecho, pero no se trata de confiar en que esto pudiese ocurrir por voluntad política de la derecha, e incluso de sectores del “progresismo concertacionanista” que durante años gobernando jamás quisieron legislar por el aborto legal, sino de poner las fuerzas parlamentarias de quienes se dicen de izquierda en pos de organizar, masificar y fortalecer al propio movimiento de mujeres y luchar por un proyecto que realmente cumpla con las necesidades de millones de mujeres. Se trata de tener claridad que cualquier derecho democrático lo vamos a arrancar en las calles, con movilizaciones, sin confianza en este régimen, y con la articulación del movimiento con otros sectores como los trabajadores que hoy luchan contra los despidos, junto a profesoras y profesores, junto al movimiento estudiantil y otros movimientos sociales. Que tanto los parlamentarios del FA, como del PC, pongan a disposición sus tribunas para esta lucha, y fortalezcan la movilización convocando y organizando desde los organismos que dirigen como la Confech, federaciones y centros de estudiantes, el Colegio de Profesores, la CUT, en pos del aborto legal.
El proyecto que impulsan parlamentarias del FA, a la vez que rebaja nuestra lucha histórica por el aborto legal, intenta llevar nuestro movimiento al “lobby parlamentario”, en vez de desarrollar nuestra fuerza de la movilización en las calles, lugares de trabajo y estudio, entendiendo esta como la única forma de conquistar nuestros derechos para enfrentar a los conservadores, Iglesia y gobiernos. Si la movilización y el sentir de cientos de miles se impone en las calles, en organización y apoyo popular, cualquier traba institucional puede ser pasada por encima, porque formas para financiar este derecho existen y riquezas en el país también.
Es indispensable que el movimiento de mujeres, que las trabajadoras, estudiantes, jóvenes, que las organizaciones feministas sean protagonistas en la construcción de un proyecto de ley propio por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, como un problema de salud pública y no de creencias religiosas, ético o moral; que contenga la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo; que toda mujer y persona con capacidad gestante tenga derecho a decidir abortar hasta las catorce semanas; que se asegure que un número adecuado de profesionales de la salud dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, estén disponibles en todo momento en las instalaciones públicas y privadas; que se asegure una cobertura económica integral de la interrupción legal del embarazo a cargo de la institución de cada afiliada, ya sea pública o privada, entre otros puntos centrales.
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