Organizaciones feministas y de Derechos Humanos solicitan a María Eugenia Vidal que derogue la resolución que impide el acceso al derecho al aborto no punible.
Lunes 31 de octubre de 2016 13:14
Hace tan sólo una semana la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, daba marcha atrás con la resolución que había adoptado su Ministerio de Salud que entre otros puntos adecuaba la normativa bonaerense en materia de aborto no punible al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015.
Lo dispuesto por el gobierno de Vidal representó un revés en materia de derechos a las mujeres y un amistoso guiño hacia el lobby católico y médico que objetan el acceso al derecho al aborto no punible. La provincia de Buenos Aires de esta manera desconoce nuevamente los protocolos de atención establecidos por el fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia del 2012, que ordena entre otras cosas eliminar todos aquellos obstáculos judiciales y médicos a la hora de cumplir con el derecho al aborto no punible.
De esta manera Amnistía Internacional Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Socorristas en red y numerosas organizaciones feministas elevaron una carta a la gobernadora bonaerense que apunta a solicitar a la gobernadora que se respete la disposición que su propio Ministerio de Salud había reglamentado semanas atrás.
“Las organizaciones firmantes queremos insistir en que retrotraer la situación y dotar de vigencia a la vieja resolución no solo representa un desconocimiento y un revés para los derechos de las mujeres, sino además compromete la responsabilidad constitucional e internacional de la provincia y el Estado”, sostuvieron las organizaciones en relación a la decisión gubernamental que deja sin efecto lo dispuesto en relación al acceso al derecho al aborto no punible.
También sostienen que: “La Provincia tiene la obligación de anteponer el diseño e implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos de las mujeres y niñas por sobre concepciones morales o religiosas personales. Por lo demás, dar marcha atrás a la medida transmite un mensaje de tolerancia frente a aquellos efectores de salud que continúan sumando obstáculos para que las mujeres accedan a su derecho, empujándolas a situaciones de riesgo para su salud y su vida”
Por su parte la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito organizó durante la mañana un tuitazo por #ProtocoILE y por #AbortoLegal que tuvo lugar durante la mañana.
También desde la campaña elevaron una carta a Vidal que exigía que se "oficialice la resolución ministerial que reglamenta la implementación del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015". La campaña también denunció que "la gobernadora de la provincia hace la vista hacia otro lado y permite la injerencia de Julio Conte Grand, Secretario de Legal y Técnica, integrante del Opus Dei (Derecha Católica), quién además por sobre todas las cosas es su mano derecha".
