Esta semana quedaron 525 trabajadores de la fábrica Mirgor en la calle. La empresa desconoce que sean despidos porque tenían contratos mensuales que justamente vencieron el 31, aunque muchos de los metalúrgicos tenían hasta 5 años de antigüedad. Los que tienen una modalidad de prestación discontinua también estuvieron con temor de perder su fuente laboral.
Jueves 2 de abril de 2020 21:10
El último día de marzo encontró a las y los trabajadores de Mirgor sumidos en la incertidumbre. La información sobre despidos y cesación de contratos se multiplicaba rápidamente en medios locales hasta alcanzar los nacionales, pero no había nada oficial.
Hacía 15 días habían abandonado la planta fabril para resguardar su salud frente al coronavirus y nadie por parte de la empresa, ni del sindicato, emitió algún tipo de información. El intercambio frenético de mensajes no se hizo esperar; entre compañeras y compañeros y con los delegados gremiales iban y venían las consultas, las dudas y las especulaciones pero la información no solo no se confirmaba, si no que se hacía más confusa. La empresa seguía en silencio.
Recién el martes a última hora, los delegados informaron vía mensaje: “Con el cuerpo de delegados se pudo conseguir que los compañeros PPD no pierdan su fuente laboral y no queden cesantes llegando a un acuerdo que van a cobrar todos estos días que dure la cuarentena empezando desde el primero de abril. Generando un banco de horas. Pero van a tener que devolver las horas después cuando la empresa lo disponga. Sea el día que sea. Fines de semana o quedarse después de las 15. Pero no quedarían cesantes y cobrarían los sueldos normalmente”.
Minutos después los PPD (Personal de Prestación Discontinua) recibieron el mail de la empresa informándole sobre la continuidad laboral y los medios fueguinos se hicieron eco del acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica y el grupo Mirgor: las y los metalúrgicos bajo la modalidad contractual PPD de la firma Iatec –parte del grupo Mirgor- tendrán continuidad y deberán trabajar horas extraordinarias para recuperar los días que corresponden al periodo de cuarentena a cambio de no ver afectados sus sueldos mientras que los 525 contratos que vencieron este martes no fueron renovados, aunque se aseguró que serán convocados nuevamente cuando retorne la actividad.
Aunque la empresa e incluso las y los delegados gremiales lo nieguen, 525 contratos no renovados implica 525 despidos encubiertos; equivalen a 525 familias que se quedan sin el ingreso mensual; no es más ni menos que 525 personas que, junto a su compañeras o compañeros, junto a sus hijos e hijas, en medio de la cuarentena, tendrán que ver cómo pagar el alquiler, los servicios, la comida, entre otras cosas de primera necesidad.
Mirgor es uno de los tres grupos empresariales más importantes de la provincia; fabrica celulares, televisores y autopartes para marcas como Samsung, LG, Toyota y Volvo, entre otras. Fuentes gremiales aseguran que “es uno de los que más resistencia demuestra ante la cuarentena del personal y el cierre de las fábricas”, llegando a persuadir a las y los operarios para que desistan de la decisión tomada por el gremio, previo al decreto presidencial.
Cabe aclarar que dentro de las fábricas fueguinas existen tres tipos de contrataciones: los trabajadores de planta que están efectivos o permanentes (o por tiempo indeterminado); el personal de prestación discontinua (PPD) que tiene garantizado trabaje o no, 4 meses de sueldo al año y otros beneficios como obra social y premios adicionales, y están los contratados a plazo fijo o contratos mal llamados basura, que si bien el término se los adjudica a los largos años que pasan en esta condición renovándolos por breves periodos de 30 días, no es la generalidad de todas las empresas. Estos contratos son consecuencia de la legislación vigente que les permite a los empresarios disponer de ese mecanismo de presión contractual para sobre explotar con altos ritmos de producción y poca resistencia al maltrato.
La generación de los PPD fue una idea del gremio metalúrgico para evitar la sucesión de contratados que venían siendo de más de 9 años, a través de un sistema de rotación del personal entre empresas para evitar sumar antigüedad. Pero los empresarios comenzaron a hacer uso y abuso de la nueva modalidad de contratación.
Mirgor es ejemplo de ello. Cientos de trabajadores como PPD, presionados bajo la promesa del pase a planta y trabajadores que se les va renovando el contrato mes a mes; metalúrgicos con cinco años de antigüedad que cada 30 días ven peligrar su fuente laboral. De los más de 1400 trabajadores que tenía IATEC al 31 de marzo, menos de la mitad son efectivos (los números incluyen al personal fuera de convenio y supervisores).
En una más de sus promesas incumplidas, la ex gobernadora Rosana Bertone del Frente de Todos, a través de su Ministro de Trabajo, Claudio Carrera, firmó en 2016 la Resolución 320 que señala que los llamados contratos PPD o discontinuos “dejan de existir”, porque según explicó Carrera en su momento “Al desconocer el convenio y la ley dejan de tener razón. Nadie puede ir contra una ley nacional, lo que nosotros vamos a hacer es cumplir lo que dice la ley madre de trabajo, y no hay ni homologación ni acuerdo de partes que pueda ir por sobre esa ley”.
Nuevamente los empresarios enriquecidos al amparo de la 19640, exentos del pago del IVA y de Ganancias, pusieron en evidencia su desprecio por los trabajadores y por la provincia. Incluso hasta se dan el lujo de condicionar la vuelta de los contratados si se declara a los celulares como productos esenciales.
La situación de precariedad por la que atraviesan las y los trabajadores de las fábricas en Tierra del Fuego solo es posible con la complicidad de Antonio Caló, secretario General de la UOM, en acuerdo con empresarios como Nicolás Caputo y Rubén Cherñajovsky y la ex gobernadora Rosana Bertone, entre otros, que han promovido despidos masivos, contratos basura y congelamiento de salarios como única política en los últimos años.
Los pedidos de solidaridad, compromiso de los funcionarios locales, no le hacen mella a los dueños de las grandes fábricas, y las advertencias y retos del Presidente solo sirvieron para apurar los despidos. Poco ha cambiado con el Gobierno actual, que hasta ahora solo pone en evidencia los límites de un Estado incapaz de contener la crisis.
