Las últimas dos jornadas se realizaron bloqueos por parte de las y los trabajadores de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas (ASEGAS) y se sumaron trabajadores de la empresa Santa Fe, que llegaron a la sede de Gobierno desde la localidad de Puerto Rico, Cobija. Exigen el pago de sus sueldos desde los últimos meses del año pasado.
Viernes 31 de enero de 2020
Las últimas dos jornadas se realizaron bloqueos por parte de las y los trabajadores de ASEGAS (Asociación de Empresas Instaladoras de Gas), en inmediaciones del ministerio de Economía y Finanzas y del de Hidrocarburos. El miércoles, las y los trabajadores de empresas de La Paz y El Alto se movilizaron para exigir el pago de sus salarios de noviembre y diciembre. Y el jueves, trabajadores de la empresa Santa Fe se sumaron a la protesta de pago, denunciando un retraso desde el 3 de octubre en sus salarios. Estos trabajadores vienen desde la localidad de Puerto Rico de Cobija.
Una de las trabajadoras declaró que las empresas no les pagaron desde esos meses "por el cambio de la administración de YPFB" y que el ministerio lo único que les prometió fue "el arreglo de su pago pero hasta ahora no hay nada". Otro trabajador expresó que "necesitan los salarios, tienen muchos gastos, incluso con los útiles escolares".
Frente a esta situación, el representante de ASEGAS, Wilfredo Cortez, señaló que “después que se cumplan con nuestras peticiones vamos a volver a retomar los trabajos, caso contrario empezaremos a radicalizar nuestras medidas en la ciudad de La Paz y El Alto".
Recordemos que ASEGAS es una forma de terciarizar el trabajo de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos); la Ley permite que el Gobierno pueda subcontratar a las y los trabajadores a través de una tercera empresa (en este caso, las empresas instaladoras) lo que habilita a ambos librarse de la obligación de diferentes derechos laborales.
Sin embargo, el "cambio" de la administración en YPFB no es un problema administrativo, sino una consecuencia de problemas políticos. Recordemos que los despedidos fueron dirigidos a personas que tenían gestión durante el Gobierno del MAS -entre noviembre y diciembre- y las “renuncias” forman parte de una persecución política, que inclusive fue anunciada desde el autoproclamado gobierno de Áñez contra 592 ex funcionarios del MAS de los últimos 14 años.
A esto hay que añadir que al plan de ajustes de la derecha ya viene consolidándose
en el país, como la privatización de diferentes campos de la economía boliviana, lo que en este caso significaría que cientos de trabajadores fueran "reubicados".
Esta es otra muestra de que los ataques de los golpistas recaen principalmente sobre el pueblo trabajador. Somos quienes tenemos que bancarnos estar sin salarios, sin dinero para pagar los alquileres y posiblemente que quedemos en las calles.
