La policía intervino para impedir su ingreso.
Miércoles 18 de abril de 2018
El pasado lunes, hubo 60 despidos, sin aviso, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Un operativo policial en la puerta de entrada impidió la entrada de los trabajadores. Algunos de ellos contaban con más de veinte años de antigüedad.
Las cesantías no se limitaron a Buenos Aires, sino que también ocurrieron en provincias como Ushuaia, Mendoza y Córdoba. Silvia Moglie, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Luján, denunció persecución, ya que los empleados vienen denunciando el desguace del organismo. “Los vecinos con problemáticas no podrán acceder a la pensión”, sentenció Moglie.
ATE Pensiones emitió un comunicado en el cual informa estado de asamblea permanente. Además, denuncia la persecución contra delegados, enmarcada dentro de una progresiva precarización de las condiciones laborales y un “deterioro del sistema no contributivo”.
Por último, advierte “que existen un sinnúmero de centros de atención con alquileres impagos”; “que han cerrado las oficinas de atención de Tigre, Lomas de Zamora, Moreno estratégicas en el Conurbano Bonaerense”; “que desde la creación de la Agencia han terciarizado la liquidación de haberes de los trabajadores y abonaron cifras de hasta 5.000 pesos menos a los trabajadores”; y que “se estima un total de 100.000 trámites parados en el área de auditoría médica, esperando su resolución”; entre otras quejas.
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La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada en septiembre de 2017, cuando el Gobierno decidió unificar la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa Incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones. Fue tras el escándalo político por la quita de más de cien mil pensiones, ocurrida en junio de ese año.
Frente al descontento generalizado, el Ministerio de Desarrollo Social -comandado por Carolina Stanley- había anunciado que “revería” el problema. Sin embargo, aún hay denuncias por parte de personas a las cuales no se restituyó el beneficio. La Red por los Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI) ha presentado distintos recursos ante la Justicia, que ganó en todas las instancias.
