Tribuna Abierta. Desplazados: la situación de los pueblos indígenas en el país

Pese a las leyes y la ratificación de tratados internacionales, o la creación de oficinas públicas específicas, el acceso a la justicia para los Pueblos Originarios aún es un tema pendiente, que guarda su raíz en la falta de reconocimiento cultural que tienen en manos de la sociedad y de las ausencias de políticas públicas que garanticen sus derechos. Esta semana se realiza el IV Encuentro de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, único en la región que permitirá reunir actores claves para el contexto de las comunidades originarias.

Durante el censo realizado en el año 2010, se calculó que 955.000 personas en el país son indígenas o descendientes de estas comunidades, de las cuales unos 30.000 se encuentran en condiciones de analfabetismo, y casi la mitad del total de habitantes de las diferentes etnias no tienen ningún tipo de cobertura prepaga, obra social o plan estatal. Como si el escenario no fuera suficientemente preocupante, la pobreza, la pobreza extrema y la desnutrición tienden a estar más presentes en zonas rurales, justamente donde viven los pueblos originarios, allí donde los servicios básicos de atención en materia de derechos es más escaso. Pero las lejanías con estas poblaciones no son sólo geográficas, sino que desde nuestra idiosincrasia de “criollos” como ellos nos denominan, nos cuesta reconocerlos como aquellas raíces que gestaron esta Nación. De hecho, la participación de los pueblos indígenas en el proceso emancipatorio de la colonia, fue fundamental para el éxito que tendría a posterior nuestra independencia.

Pese a las leyes y la ratificación de numerosos convenios internacionales en materia de derecho indígena, los pueblos originarios, sumados a la población rural y campesina, fueron los primeros en oponerse a los agronegocios, argumentando entre otras cosas que socavaba la integridad de su calidad de vida por el arraigo cultural que encuentran en la tierra. Para entender mejor esto, pensemos que estas comunidades viven a través del territorio sus procesos culturales más importantes: rituales de iniciación, economía basada en la solidaridad, el respeto de los ciclos del suelo, la obtención de sus medicinas, actividades de sociabilización, entre otras prácticas. De esta manera, la configuración en el mapa del acceso a la justicia para los indígenas, debe tomar como elemento esencial la pertenencia de sus tierras, ya que para ellos no es un espacio de explotación sino de encuentro con sus antepasados y de cuidado para las futuras generaciones.

Estos territorios hoy se encuentran amenazados por un modelo productivo voraz que arrasa con todo lo que encuentra a su paso, territorios que enfrentan litigios estratégicos sin respetar la propiedad comunitaria indígena. Un escenario orquestado por el empresariado local y las multinacionales que cuando necesitan abrir sus negocios, encuentran la complicidad de las policías locales que reprimen, amenazan, desplazan y asesinan. De esta manera se viola el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Argentina mediante la ley de 1992 y reconocido en la Constitución Nacional.

La importancia de la protección de los derechos indígenas y sus comunidades, y de proveerlos de herramientas para el acceso a la justicia, no solo pasa por una reivindicación en el marco de los derechos humanos (donde múltiples genocidios son la peor expresión de su violación); sino que además radica en que son ellos quienes con su cuerpo y su voz, encarnan el cuidado del medioambiente, alzando la voz en múltiples denuncias por envenenamiento con agrotóxicos, deforestación, nuevas inundaciones y todo aquello que viole el equilibrio con la naturaleza en la inmediatez del mercado.

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Desde los días 27 y 28 de octubre se realiza en la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, el IV Encuentro por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. El mismo se llevará a cabo en el edificio del Poder Judicial por la Junta Unida de Misiones (JUM), organización que trabaja en territorio hace más de 50 años con comunidades qom, y wichi y mocoví en menor medida. Este encuentro contará con la participación y el apoyo de diversas organizaciones, que trabajan en materia de derechos, como la Fundación Protestante Hora de Obrar, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas (Adepi); el Programa Integrado Trinacional; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh Argentina), entre otras. Por otro lado, se destaca que quien coordina las causas judiciales de la JUM es el Dr. Gonzalo García Veritá, quien estuvo postulado como defensor del pueblo provincial por Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz y titular del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia); también su postulación se promovió por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina (APDH) y por el Centro de Estudios Legales (CELS).

La importancia de que se realice un encuentro de este tipo en nuestro país radica en la posibilidad de hacer converger a la comunidad indígena, a personas que no pertenecen a ninguna de estas etnias y a diferentes especialistas y personas del poder político y judicial, todas trabajando con una perspectiva en el derecho. El presidente de la Junta Unida de Misiones, Nicolás Rosenthal, explicó: “Los pueblos originarios de nuestro país son uno de los sectores más excluidos dentro de los excluidos. Pese a que ya pasaron 22 años de la reforma constitucional sus derechos siguen sin ser garantizados, como el acceso a la tierra y el derecho sobre sus territorios comunitarios. Por otro lado, en estos encuentros se presentan historias de vida o casos judiciales, que comprenden la riqueza y diversidad cultural de nuestros pueblos”, enfatizó Rosenthal, que en estas horas se encuentra en Chaco para dar curso al Encuentro.