Desarrollo Social reflotó un decreto de 1997 que endurece las condiciones para acceder a una pensión. En 2017 ya hubo más de 83 mil bajas y suspensiones, de las cuales 70 mil son por “invalidez”.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Martes 13 de junio de 2017
El pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2 % de déficit fiscal parece llegar a límites insospechados. Es así como en las últimas horas trascendió que el Ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley decidió reflotar un viejo decreto sancionado por Carlos Menem en 1997, que aumenta los requisitos y las exigencias para aquellas personas que busquen acceder a una pensión.
Sin previo aviso y sin derecho a defensa alguno, desde junio comenzaron los recortes en las pensiones que recibían personas con discapacidad.
Si bien el decreto 432 fue aprobado bajo la segunda presidencia de Menem, nunca había sido aplicado hasta el día de hoy. En su texto se establecen las “normas reglamentarias para el otorgamiento de pensiones a la vejez y por invalidez”.
Allí puede leerse que podrán acceder a las prestaciones las personas que:
Con la aplicación de los requisitos planteados en el decreto menemista, toda persona que perciba una jubilación mínima ($ 6.377) quedará inhabilitada para recibir una pensión. A su vez, muchas quejas repiten que las pensiones por “invalidez” son dadas de bajas en caso de que la persona sea titular de algún vehículo que utilice para su traslado o cuente con parientes o tutores a cargos que perciban ingresos superiores a tres salarios mínimos ($ 8.060).
Sin embargo este nuevo hecho es continuidad de la política que viene desarrollando Cambiemos en materia social. Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registra que en lo que va de 2017 son más de 83 mil los casos en que las Pensiones No Contributivas han sido suspendidas o directamente dadas de baja.
El informe, elaborado en base a los datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Social, indica que llegan a 11.427 las pensiones hacia las madres de siete hijos mientras que las bajas y suspensiones por invalidez llegan a 71.706.
El Gobierno le quitó la pensión a más de 83.000 personas, en lo que va del año.
Datos de @ctroCEPA. pic.twitter.com/OnshlErq6S— El Destape (@eldestapeweb) 12 de junio de 2017
Entre las principales causas que determina el estudio se encuentran los casos donde la persona no alcanza el porcentaje del 76 % de discapacidad para acceder a la pensión, posee automóviles a su nombre (casos en donde incluso las personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad en su totalidad), casos en los que su cónyuge recibe algún “beneficio previsional” y titulares que registran ingresos propios.
"En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios”, argumentan desde el oficialismo.
En un Gobierno plagado de “irregularidades”, cuentas offshore y funcionarios con “conflictos de intereses” en su desempeño público, una vez más la tijera corta por el hilo más delgado.
