Alberto Fernández fue uno de los primeros en saludar al Gobierno golpista de Dina Boluarte en Perú, lo hizo junto a Lula y alineado con el reconocimiento de Estados Unidos. Una semana después y con siete muertos por la brutal represión golpista, trata de lavarse la cara firmando una declaración con México, Bolivia y Colombia.
Martes 13 de diciembre de 2022 10:52
El presidente Argentino, Alberto Fernández, y el brasileño Lula da Silva, se habían apresurado a alinearse junto a los Estados Unidos en el reconocimiento del golpe parlamentario que tuvo lugar en Perú el miércoles pasado. Seis días después, en medio de movilizaciones crecientes, militarización y al menos siete muertos por la represión policial, Alberto Fernández dio un giro tardío y salió a pedir junto con México, Bolivia y Colombia que se respete la "voluntad popular expresada en las urnas" y garantías judiciales para Pedro Castillo.
Estaba todavía fresco el golpe parlamentario de la semana pasada tras el intento de Castillo de frenar una nueva moción de censura con una fallida política bonapartista de pedir el cierre del Congreso, cuando el presidente argentino Alberto Fernández llamó a la nueva presidenta golpista, Dina Boluarte, puesta por un Congreso deslegitimado, para felicitarla.
Mediante una llamada telefónica a Boluarte, le expresó su apoyo "en el marco del fortalecimiento de nuestra democracia, las relaciones bilaterales y las políticas regionales...". De esa manera no hizo más que dejar plasmado su alineamiento con el accionar de la derecha peruana, que montada en una ofensiva judicial y en en la reaccionaria Constitución fujimorista de 1993, llevó adelante ese golpe.
Fernández se alineó así rápidamente, junto a Lula, con la política de Estados Unidos, ya que a pocas horas del golpe un portavoz de Biden anunció que reconocían y "celebraban la designación de Dina Boluarte".
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Seis días después, con el golpe consumado, Castillo encarcelado bajo todo tipo de irregularidades jurídicas y con al menos siete manifestantes muertos por la brutal represión policial enviada por Boluarte, Alberto Fernández dio un giro tardío y firmó una declaración junto a México, Bolivia y Colombia, para lavarse la cara ante al papelón de haber quedado apoyando abiertamente al gobierno golpista.
El comunicado de tan solo cuatro párrafos señala que los cuatro países expresan "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú", y denuncian que desde el inicio des mandato "fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Finalmente llaman a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio", y que "se le garantice la protección judicial" a Castillo.
Ante el nuevo comunicado, la Cancillería argentina rechazó que se trate de un cambio de posición bajo el argumento de que el día del golpe parlamentario habían reclamado el "respeto del orden constitucional y las instituciones democráticas". Un reclamo que era tan general como para inscribirse en la propia narrativa golpista que denunciaba al discurso previo de Castillo de haber roto "el orden constitucional".
El posterior llamado de Fernández a Boluarte y el alineamiento automático con Estados Unidos, mostraron que el Gobierno argentino apoyó abiertamente el golpe y no dijo una sola palabra sobre la destitución y el encarcelamiento de Castillo.
Lo hace ahora, seis días después, y sin reconocer un cambio de posición, cuando la magnitud de las protestas, el asesinato de siete personas y la brutal represión de la Policía contra los manifestante, las negociaciones entre Boluarte y la derecha que domina el Parlamento, y las irregularidades judiciales para el armado de una causa contra Castillo ya no dejan lugar a dudas de lo acontecido. Aún así no la declaración no señala el carácter del actual Gobierno ni pide la libertad para Castillo o su restitución inmediata, sino que exige "respeto por la voluntad popular" y "garantías judiciales" para el mandatario, algo que los propios medios peruanos señalan como un proceso completamente viciado y armado.
Alberto Fernández fue parte de la legitimación del golpe parlamentario, instigado por la derecha, los empresarios, validado por Estados Unidos y rubricado por las Fuerzas Armadas.
