Hace tres años, la Corte Suprema estableció los alcances del artículo sobre aborto no punible del Código Penal, cuya interpretación era disputada por sectores reaccionarios anti-derechos. También, entonces, planteó la necesidad de contar con una guía de atención de abortos no punibles en todo el país.
Jueves 18 de junio de 2015 10:30
El Ministerio de Salud de la Nación actualizó la Guía de Atención de Abortos No Punibles, tal como lo solicitó la Corte Suprema en un fallo histórico de marzo de 2012, en el que insistía en que la judicialización de los abortos no punibles atentaba contra los derechos de las mujeres y las niñas.
En el Código Penal, desde 1922 se establece que no será penalizado el aborto que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer; el que interrumpiere un embarazo fruto de una violación o de un "atentado contra el pudor" cometido sobre una mujer con retraso mental o demente. Sin embargo, la interpretación de este artículo del Código Penal, siempre ha estado sometido a disputas. En vez de garantizar el cumplimiento de este derecho de manera automática, ante la sola solicitud en un hospital público, la Justicia intervenía en cada caso por pedido de organizaciones anti-derechos, patrocinadas por la Iglesia Católica y otros sectores fundamentalistas. La judicialización, con sus largos procesos, por supuesto, siempre atentó contra la posibilidad de que el derecho al aborto no punible fuera efectivamente ejercido por las mujeres o niñas damnificadas.
Cuando Cristina dijo "no"
Teniendo en cuenta que el aborto no está penalizado en estos casos que referimos, un equipo del Ministerio de Salud de la Nación, publicó una "Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles", en julio de 2010, que regía para todo el país.
Sin embargo, apenas fue publicitada en el sitio oficial del Ministerio, la presidenta Cristina Kirchner ordenó al entonces ministro de Salud, Juan Manzur, con un llamado telefónico, que frenara esa disposición ministerial. Así se hizo. La guía, que había sido confeccionada en 2007, cuando ocupaba esa cartera Ginés González García -quien había declarado estar a favor de la despenalización del aborto-, no alcanzó el rango de resolución oficial en 2010.
Esta nueva guía, con algunas modificaciones respecto de la que había sido elaborada anteriormente y censurada por la Presidenta de la Nación, llega con cinco años de atraso respecto de aquella y tres años después de que la Corte Suprema solicitara su publicación al Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, es difícil calcular cuántas niñas y mujeres han debido someterse a una judicialización revictimizadora cuando solicitaron la interrupción legal de sus embarazos provocados por violaciones y abusos. Hace apenas un año, el legislador Christian Castillo del PTS en el Frente de Izquierda, exigió en la Legislatura Bonaerense la comparecencia del Ministro de Salud del gobierno de Scioli, para que diera explicaciones sobre la negativa de un hospital público a atender un caso de estas características. Y en octubre de 2014, nuevamente, las organizaciones de mujeres hicieron un escrache al ministerio provincial por este mismo motivo.
