Tras la “marcha silenciosa”, el Gobierno y la oposición tradicional tensan su disputa. El oficialismo denuncia otro "golpe detituyente"; la oposición se envalentona con su relato “republicano”. El macrismo amenaza pedir un juicio político a la Presidenta. La izquierda denuncia la trampa de la polarización entre quienes han sido encubridores en la causa AMIA y cómplices de las mafias de los servicios.
Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Viernes 20 de febrero de 2015
Imagen: Dienteleche
Como señalábamos tras la “marcha silenciosa” que habían encabezado fiscales y figuras opositoras, un análisis objetivo del hecho político implicaba salir de la polarización que vienen alimentando los convocantes al 18F y el gobierno nacional.
La multitud que se movilizó debajo de los paraguas había logrado un impacto que los medios opositores buscaron multiplicar. A las ridículas estimaciones sobre la cantidad de participantes, siguió el intento por sumar aquello que en las columnas había escaseado. La campaña se podría resumir en: “Fuimos muchos, no tan grandes, ni tan de derecha”.
Lo cierto es que los convocantes del 18F se anotaron el hecho de lograr una importante movilización en un terreno donde el kirchnerismo ha querido mostrarse imbatible, las calles. El hecho “moralizó” a una oposición tradicional que había “revivido” tras el crimen de Nisman. Pero los paraguas no pudieron ocultar los límites del contenido social y político de esa multitud. Las clases medias altas que hegemonizaron la jornada no parecen tener ningún efecto expansivo, como en alguna medida habían logrado el ingeniero Blumberg en 2004 y los empresarios rurales en 2008. Quienes llevaban los paraguas hace tiempo eran antikirchneristas. Los fiscales “silenciosos”, por su parte, tienen prontuarios que complican cualquier plan de convertirlos en héroes populares. Y además, la oposición que fue parte del 18F tiene la contradicción de que la marcha era una, pero son siete los pre-candidatos a presidente que intentan capitalizarla. Es mucho.
El día después
La reacción del gobierno fue de manual. Aunque intentó bajarle los decibeles a las “multitudes silenciosas”, pronto vio la oportunidad de sacar rédito de la polarización contra “el peligro de la derecha”. Los voceros oficiales no descansaron: "fue una marcha opositora", con "vocación de desestabilizar", "no sueñen con empujar a este Gobierno".
La oposición se envalentonó. Macri calificó la marcha como “histórica”; Massa aseguró que “la sociedad manifiesta los límites en la calle y en las urnas” y los radicales hablaron de "un éxito rotundo". Las frases se suman a otros hechos que conforman la nueva situación. Hace unos días el fiscal Pollicita imputó a Cristina Kirchner por “encubrir a los autores iraníes del atentado a la AMIA”. Ayer jueves la Cámara Federal confirmó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou, por el caso de la ex Ciccone; pero además la diputada del Pro Laura Alonso aseguró que estudian la posibilidad de impulsar el juicio político con la Presidenta.
Relato contra relato, ambos saben que no pueden dar la estocada final a su rival. Por eso, la oposición tradicional, aliada a la corporación judicial, apresura su “guerra de desgaste”, para capitalizar por derecha la crisis política y mejorar sus chances electorales. El gobierno intenta salir de su debilidad llamando a reunir al Partido Justicialista y los sectores que han sido base social del kirchnerismo en una “cruzada” contra las corporaciones “destituyentes” (aunque hoy no estemos ante una arremetida golpista).
A ambos bandos les conviene el escenario de polarización.
Una crisis más profunda
El gobierno y la oposición aprovechan la ventaja que les da la relativa estabilidad de la economía y la coyuntura electoral para jugar este juego. Pero la disputa no puede ocultar un elemento estratégico: no estamos sólo ante una crisis de gobierno, sino ante una crisis de la autoridad estatal que el kirchnerismo se había jactado de haber restaurado. La “guerra de servicios” que saltó con el caso Nisman volvió a poner sobre el tapete, como antes lo habían hecho los motines de la fuerza de seguridad, la irrefrenable descomposición del aparato estatal, y el rol de las distintas fuerzas políticas tradicionales.
Los paraguas podrán contener la lluvia, el relato “antigolpista” buscará contener la diáspora oficialista, pero nada puede ocultar la complicidad de oficialistas y opositores con el encubrimiento de la masacre de la AMIA, y con los podridos aparatos de espionaje.
Esos son los límites incurables del gobierno y la oposición tradicional.
Una salida por izquierda
La Izquierda Diario ha seguido, desde esa madrugada que el país se conmovió con la muerte de Nisman, el desarrollo de los hechos y los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas. Lo ha hecho con una repercusión y profundidad reconocida por propios y ajenos. Ha sido así un importante multiplicador de la voz del PTS y del Frente de Izquierda, que ya se había fortalecido como un polo de independencia de clase en la política nacional, y ha tenido una voz activa en toda esta crisis. Ante el 18F, las fuerzas que lo integran han planteado una posición de denuncia y delimitación tanto de la casta política y judicial que lo convocaba, como del gobierno que ha gobernado con Milani, Oyarbide y Stiuso.
Esta posición independiente, aunque ha tenido importantes diferencias tácticas entre las fuerzas que integran el FIT, ha influido además en sectores de izquierda que en otros conflictos, como el del campo, habían cedido a alguno de los bandos capitalistas. Los que antes habían saltado el alambrado, ayer no sacaron el paraguas.
La intervención del FIT en estas semanas es una importante conquista, que nos tiene que permitir extender la pelea por una salida de izquierda ante una crisis política que sin dudas se seguirá desarrollando.
El próximo 24 de marzo será una oportunidad para alzar las banderas históricas de los organismos de derechos humanos independientes, los estudiantes combativos y la izquierda. A la lucha por el juicio y castigo a los genocidas, contra la criminalización de la protesta y nuestros reclamos de siempre, será fundamental sumarle la exigencia de apertura de los archivos de la SIDE y todos los servicios de inteligencia; de una comisión investigadora independiente para descubrir la verdad sobre el atentado de la AMIA y la muerte de Nisman; y para que se vaya el genocida Milani. Estos planteos pueden tomar una extraordinaria fuerza si son tomados por los miles que nos movilizamos todos los años contra los represores de ayer y de hoy.
Como parte de esta perspectiva, abrimos las páginas de La Izquierda Diario para reflejar las posiciones de referentes intelectuales de la izquierda, junto a las de nuestros columnistas.
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Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.
