Recientemente la población inundó las plazas del estado de Baja California contra el gasolinazo y la ley del agua. Ahora un nuevo golpe se orquesta desde el Congreso del estado con el decreto que autoriza a empresas privadas estar a cargo de obras gubernamentales y un endeudamiento por más de 500 millones de pesos.
Miércoles 1ro de febrero de 2017
El Congreso de Baja California aprobó recientemente un decreto que autoriza la contratación del sector privado para obras gubernamentales. Algunas de estas concesiones se han brindado por hasta 37 años con pagos mensuales, lo cual conlleva un endeudamiento del gobierno estatal por más de 500 millones de pesos.
La medida del Congreso se en el marco de las masivas movilizaciones que protagonizó la propia población en dicha entidad, uniéndose al repudio nacional contra el gasolinazo, a la que se unieron sectores de trabajadores que protestaron también por las condiciones de precarización laboral, como el caso de los académicos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que denunciaron violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo y la privatización de la institución.
Este nuevo golpe garantiza la aprobación de presupuestos necesarios para los pagos a las empresas o concesionarias como parte del compromiso que contraerá el gobierno del estado con instituciones financieras, así como las comisiones estatales de servicios públicos de Tijuana, Ensenada y Mexicali.
El gobierno del estado alegó que como ocurre en otras partes del país, las contrataciones con esas empresas se harán dentro del marco de la ley de Asociaciones Públicas Privadas (APPs), que en Baja California se aprobó desde 2014. Esto, a la luz de que el pasado dichos contratos se establecen con “sociedades anónimas”.
Por medio de diferentes medios locales, se han dado a conocer algunos de los proyectos a desarrollar en el estado, así como a las empresas contratadas entre las que destacan la construcción y operación de una planta desalinizadora en el municipio de Playas de Rosarito, a cargo de la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, entregada a la empresa Aguas de Rosarito S.A.P.I DE C.V. durante 37 años por un pago de más de 149 millones de pesos, a partir de junio de 2019.
Se encuentra también el proyecto de Sistema Integral Hídrico de San Quintín en el municipio de Ensenada, a cargo de la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, concesionada por 30 años a Desaladora Kenton, con un pago mensual de más de 11 millones de pesos. Así también la Planta Potabilizadora la Nopalera en la ciudad de Tecate, concesionada a Ingeniería de Bombas S.A. de C.V., y el Programa de construcción de tubería troncal de drenajes pluviales prioritarios en la ciudad de Mexicali, a cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, concesionada a Operadora de Pluviales Mexicali S.A. de C.V.. Ambos proyectos por 15 años y por montos de más de 2 millones de pesos.
Finalmente, se incluye la construcción de edificios para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la infraestructura para la Policía Estatal Preventiva en Tijuana, cuyos montos van de 1 a 3 millones de pesos.
La aprobación de dicho decreto contó con el voto de una amplia mayoría en el Congreso local del estado, cuyos integrantes acordaron la implementación de un porcentaje de los recursos a sectores de desarrollo social. Con el Impuesto sobre el Producto del Trabajo que se menciona en el decreto, se determinó que un 5% del mismo sería entregado a un fideicomiso manejado por el sector empresarial, el cual a su vez lo destinaría a apoyo para la seguridad pública, fomento a la participación social en la educación y fortalecimiento de las comisiones y Consejo de Desarrollo Económico.
A la población de Baja California no le queda otro camino que apostar en sus propias fuerzas para enfrentar el gasolinazo y este nuevo ataque. No es la primera vez que los explotados y los oprimidos en dicha entidad se enfrentan a las medidas hambreadoras y represivas del gobierno del estado. En años pasados hemos visto a la misma población protagonizar grandes gestas, como la huelga de las y los jornaleros de San Quintín que demandaron por la jornada de 8 horas, seguridad social y su legítimo derecho a la sindicalización, las movilizaciones contra el gasolinazo, la reforma energética y la privatización del agua o la demanda de los académicos de la UABC.
Frente a los actuales ataques del gobierno de Enrique Peña Nieto, de Francisco "Kiko" Vega, y los partidos al servicio de los empresarios, es necesario que las mujeres, la juventud, sectores estudiantiles, así como los trabajadores del campo y la ciudad salgan a luchar de manera unificada para lograr arrancar el conjunto de sus demandas y reivindicaciones.
