Vive en Argentina desde 2002. La ONU lo reconoció como refugiado político y el Estado argentino le otorgó su DNI. Italia pide su extradición por una vieja causa orginada en una persecución política. El jueves, violando sus garantías constitucionales, el Ministerio de Seguridad lo detuvo. La denuncia de sus familiares y amigos.
Lunes 2 de septiembre 14:25
“Abrazamos a Leo: solidaridad sin fronteras con un refugiado político que está siendo perseguido de forma inédita por el abuso de poder de dos Estados”, se titula un comunicado difundido por amigos y familiares de Leonardo Bertulazzi, quien desde hace 22 años vive en Argentina y a quien la Organización de la Naciones Unidas y el propio Estado argentino le reconocieron en 2004 su estatus de refugiado político.
El comunicado afirma que “en un operativo inédito coordinado por las fuerzas de los Estados argentino e italiano para suspender los derechos y garantías de un refugiado político, fue detenido ilegalmente Leonardo Bertulazzi, Leo, traductor y diseñador gráfico con 20 años de residencia en el país”.
El hecho sucedió el último jueves, “mientras Leo se encontraba en su domicilio en Buenos Aires, donde fue abordado y detenido por personal de civil y uniformado de Interpol, la Agregaduría Policial italiana y fuerzas federales de inteligencia dependientes del Ministerio de Seguridad argentino. Su hogar fue allanado en búsqueda de documentación que lo identifique, pero le sustrajeron arbitrariamente objetos personales de toda índole”.
El comunicado agrega que, “apenas minutos antes, Leo fue informado telefónicamente a través de una de sus abogadas, que el Poder Ejecutivo nacional en una decisión administrativa arbitraria, le había suspendido su condición de refugiado. Una sincronía que evidenció la intencionalidad de imposibilitarle el derecho a la defensa ante la cesantía de su estatus, en un operativo de detención coordinado por dos Estados con el fin de desproteger a un individuo adecuado plenamente a las leyes del país que lo abriga”.
“A Leo le están dando tratamiento de prófugo, pero es un refugiado político, estatus que aún no fue revocado con sentencia firme y debería seguir su proceso”, continúa el texto. Y asegura que Bertulazzi “fue detenido arbitrariamente y exigimos sea liberado de forma inmediata: porque no fue notificado de que existan nuevos hechos en la justicia italiana que justifiquen su detención y prisión preventiva tras la suspensión de sus derechos como refugiado”.
También “por su situación de indefensión. La falta de acceso a la información al haber sido informado del cese de su estatus minutos antes de su detención, constituye un ataque al principio de transparencia en todo procedimiento administrativo y afecta el respeto al debido proceso sin adecuación de los medios y los tiempos para el ejercicio de su argumentación y defensa”.
Y “porque cuenta con DNI y domicilio fijo argentinos hace más de 20 años y demostró ante reiteradas citaciones que se encuentra a disposición de la justicia y las instituciones en Argentina”.
En ese marco, anunciaron que “en los próximos días se presentará la apelación del cese arbitrario del estatus de refugiado de Leo. Además, avanza sobre él un proceso penal por su extradición, situación que puede llevar meses y hasta años y que exigimos al Poder Judicial el derecho de afrontarlo con el cumplimiento de una detención domiciliaria debido a su edad”.
Sobre las razones de su detención, informan que “es perseguido por sus ideales por el Estado italiano que lo condenó ‘en ausencia’, una modalidad que no es reconocida por la Justicia nacional. ¿Puede la Argentina ser cómplice de este hostigamiento que lleva décadas? Nada indica que será juzgado en Italia con garantía alguna. Por otro lado, ¿qué significa en materia de Derechos Humanos que Argentina retire a un refugiado su estatus? ¿No sentaría un precedente jurídico, político e histórico que desproteja a personas que en el futuro sean perseguidas políticas?”
Bertulazzi llegó a Argentina en el año 2002 y dos años después obtuvo el reconocimiento del Estado como “refugiado”, a través de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) y por la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur). Hoy está detenido en la Superintendencia de la Policía Federal ubicada en Cavia 3302 de la Ciudad de Buenos Aires.
“Ya asistió a su primera audiencia en los tribunales de Comodoro Py dónde se tratará su causa penal por extradición, a cargo de la jueza María Romilda Servini, quien firmó su arresto”, denuncian sus familiares y amigos, quienes exigen la “plena vigencia de su estatus de refugiado”; que se le conceda la prisión domiciliaria “hasta ser declarado en libertad” y el “no a su extradición”.
El comunicado finaliza reclamando el “¡cese de la violencia política del Estado italiano!” y la “¡solidaridad con las y los perseguidos por sus ideas!”.
Mientras tanto desde Italia la propia primera ministra Georgia Meloni dijo desde sus redes sociales que "la detención del miembro de las Brigadas Rojas prófugo fue posible gracias a una intensa y fructífera colaboración entre las autoridades judiciales italianas y argentinas y la Interpol". Algo que le infla el pecho a Milei, un exitadísimo admirador de la mandataria ultraderechista.
