Detenida una activista por el derecho a la vivienda solo por intentar detener un desahucio en el barrio madrileño de Usera. Solicitó a la policía la orden judicial del desahucio y como respuesta fue reducida y detenida. Fue liberada horas más tarde.
Viernes 6 de noviembre de 2020
2200 viviendas del parque público de la Comunidad de Madrid están vacías. Una de esas viviendas fue ocupada hace tiempo por una familia sin recursos, pero en septiembre los desahuciaron. Hace unos días, tras comprobar que la vivienda seguía vacía y al no tener otra alternativa para vivir, la familia volvió a ocupar. Hoy la policía se presentó en el domicilio para desahuciarlos. Angelines, vecina de Usera y activista de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, fue una de las primeras personas en presentarse, en solidaridad con la familia. Su primera acción fue preguntar a la policía si disponían de orden de desalojo, lo cual no era posible, y como respuesta fue reducida y detenida.
En el momento en que conversamos con referentes de la Coordinadora por el Derecho a la Vivienda, Angelines, compañera de la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (@Pavps_Madrid) seguía en comisaría y sus compañeros esperaban alguna información sobre ella. Fue liberada poco después.
Nuestra compañera ya está en la calle. Parar desahucios no es ilegal. Nuestra compah no está sola pic.twitter.com/hfM184nYAq
— Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) November 6, 2020
Mercedes, compañera de lucha de Angelines, denuncia que “No se trataba de un desahucio programado. Fue algo imprevisto y totalmente irregular. Ante eso los compañeros del barrios rápidamente se movilizaron y fue Angelines la primera en llegar a la vivienda. La policía le tiró el movil, le redujo y se la llevó directamente para la comisaría”.
Seguimos sin saber nada de nuestra compañera Angelines de @Pavps_Madrid que ha sido detenida esta mañana al tratar de parar un desahucio.
Comisaría #Usera.#AngelinesLibertad #PararDesahuciosnoesdelito, @LA_PAH pic.twitter.com/HfKplcLWaM— Coordinadora de Vivienda de Madrid (@AlertaDesahucio) November 6, 2020
Casas sin gente y gente sin casa
La Coordinadora de Vivienda de Madrid denuncia que según los últimos datos oficiales, 2200 viviendas del parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid están vacías. En estos datos no entran los viviendas públicas gestionadas por los ayuntamientos. Sin embargo Mercedes nos cuenta que “al mismo tiempo hay familias que llevan más de 15 años en lista de espera como solicitantes de un alquiler de vivienda pública. Hay mucha vivienda pública vacía en la Comunidad de Madrid”.
Esta es una situación que se repite en cualquier zona del Estado. El problema de la vivienda es profundo. Se calcula que tan solo en Barcelona 70.000 familias necesitan un alquiler social y asequible de 100€. Necesidades que corresponden al 20% de la población de esta ciudad que vive por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo en Barcelona en 2019 hubo una media de 20 desahucios por día.
Emergencia social sin que cesen los desahucios
A pesar de la grave situación de emergencia social que hoy vivimos los desahucios no cesan, es más, parece que se multiplican. Mercedes denuncia que “cuando terminó el primer Estado de Alarma vino una ola de desahucios. Entre el 4 junio y 30 de junio –éste el único tramo de días hábiles del segundo trimestre que permanecieron abiertos los juzgados, durante el resto del año estuvieron cerrados por el Covid-19– hubo 1833 deshucios en el Estado español. Todo ello hábilmente acompañado de una campaña en los medios de comunicación que criminalizaba a las familia pobres que ocupaban vivienda en estos momentos tan difíciles”.
“Nadie se pregunta donde van las familias que no pueden hacer frente a un alquiler o hipoteca. Lo primero que hacen, si pueden, es ir a casa de familiares, a pisos de 60 metros cuadrados donde viven a veces más de 8 o 9 personas. Y eso no es posible, menos en tiempos de pandemia. Por eso y ante la falta de ayudas, muchos terminan optando por ocupar viviendas vacías”.
Sin embargo la respuesta por parte de las autoridades locales, comunitarias y estatales a este profundo problema es el desalojo y desahucio. Hace unos días se hicieron públicos los siguientes datos correspondiente a la ciudad de Barcelona: tras el verano los desahucios se multiplicaron un 50% en esta ciudad. Solo en la primera semana de octubre hubo 327 desahucios en la ciudad.
Mercedes comenta que "es difícil conocer datos de los desahucios, son los juzgados los que disponen de estos datos y es el Consejo General del Poder Judicial quien puede recopilar y publicar estos datos, pero no siempre lo hace." A pesar de la opacidad de los datos oficiales, las plataformas en defensa de la vivienda coinciden en que los desahucios se están multiplicando en medio de la crisis. Igual que sucede con las colas del hambre.
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El 100% del desahucios en el Estado español son por impagos de alquiler o hipoteca. Es decir, familias que no pueden seguir haciendo frente a los gastos de su vivienda. Una situación que se agrava en un momento en que la economía cae abruptamente y el riesgo de pobreza se multiplica. Sin embargo cuando más vulnerabilidad y ante esta situación de emergencia social el Gobierno deja caer muchas de las medidas del llamado “escudo social” que se aprobaron durante la primera ola de la pandemia como la moratoria de las hipotecas o la eliminación de la prohibición automática de los cortes de suministros básicos. Esta semana, más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales han exigido al Gobierno que vuelva a prohibir los cortes de suministro de agua, luz o gas por falta de pago. Estas organizaciones prevén un ’invierno duro’ tras que el Gobierno decidiera no prorrogar esa medida de ayuda a los hogares.
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Todo esto ocurre en medio de la segunda ola de la pandemia, cuando las cifras de contagios y ocupación de camas hospitalarias y de UCI empieza a rozar el colapso. Todo ello sin que se contrate más personal en hospitales y centros de salud, sin incrementar los rastreadores, las PCR o las frecuencias del transporte público. Tratando de responder contra la Covid-19 con medidas basadas únicamente en la represión y el control policial, sobre todo en los barrios obreros y populares.
En medio de la crisis desatada por la COVID y que azota gravemente a la mayoría de países del mundo el problema de la vivienda se agudiza. También comienza a mostrar quíen es quién ante la crisis. Por un lado vemos a los gobiernos como el del Estado español que garantizan y defienden la propiedad privada y que a través de sus fuerzas policiales defienden la propiedad de bancos y ricos dejando sin un derecho tan básico como es la viinda a miles y miles de familias. Uno de los ejemplos más brutales que expresan esto lo vimos esta misma semana en Argentina. Cuando miles e familias fueron brutalmente desalojadas de unas tierras vacías que habían ocupado. Unas tierras que van a ser ahora usadas para construir una urbanización de lujo y recreo.
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Sin embargo el problema de la vivienda es tan profundo que no se va a resolver con dasahucios y desalojos por la fuerza. Ante la falta de rescursos en esta sociedad capitalista que es cada vez más y más excluyente, los sectores populares a los que se les priva de las necesidades más básicas, tan solo buscan un lugar donde vivir.
