El 7 de julio elementos del ejército mexicano, en Zacatecas, irrumpieron en una casa y se llevaron a 7 jóvenes, los cuales fueron encontrados sin vida, con signos de tortura y con tiros de gracia.
Martes 21 de julio de 2015
Las autoridades del municipio de Jerez, Zacatecas, encontraron en el transcurso del jueves al día domingo 7 cuerpos que se presumían eran de los jóvenes.
Sergio Martínez Escamilla, delegado de la Procuraduría General de la Republica, declaró ante un medio local que la búsqueda continuaba y se realizarían peritajes de comparación genética para determinar la identidad de los cuerpos.
Estas pruebas arrojaron hasta este momento que 6 de los cuerpos pertenecen a los jóvenes de Calera, según NRT los familiares confirmaron esta noticia y el día martes concluirán las pruebas de ADN.
Fue el ejército
Familiares de los jóvenes denunciaron que elementos del batallón 97 de infantería, bajo el mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, fueron los que sustrajeron a los 7 del domicilio.
La Secretaria Nacional de Defensa, a través de un comunicado de prensa, aseguró que inicio una averiguación y que la Procuraduría de Justicia Militar encontró indicios de la probable participación del personal castrense.
Este lunes 20 de julio fueron detenidos el coronel Martín Pérez Reséndiz y tres militares y presentados ante la justicia militar.
El ejército principal responsable de violaciones a derechos humanos
El ejército mexicano es el brazo ejecutor de todas políticas represivas del gobierno. Intervino en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el caso Tlatlaya y en la represión al pueblo indígena de Ostula. Hasta el momento no ha sido sancionado o investigado.
Los militares implicados en la desaparición de los siete jóvenes zacatecanos no deberían ser juzgados por la justicia militar, ya que los delitos que cometieron son en contra de siete civiles. No es un caso de disciplina de militar. Y no se puede confiar tampoco en el fuero civil, vinculados por mil lazos al poder político de turno, que no tocará a los responsables políticos de estas ejecuciones.
Sólo una comisión de investigación independiente, conformada por familiares, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales y sindicales, puede juzgar estos casos.
La desaparición y ejecución de estos jóvenes evidencia una política de amedrentamiento del Estado -responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de las ejecuciones de los siete jóvenes de Zacatecas- hacia la juventud de los sectores populares. Ataca la educación y la salud, precariza el trabajo. Deja a la inmensa mayoría de los jóvenes sin oportunidades.
La democracia asesina del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática quiere mantener doblegada a la juventud, para que se resignen a una vida de miseria y opresión.
Bajo el amparo y el financiamiento del imperialismo estadounidense, a partir de la firma de la Iniciativa Mérida ha desplegado la brutal “guerra contra el narco”, que costó a los trabajadores, la juventud y los sectores populares cientos de miles de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, feminicidios y todo tipo de vejámenes.
Se impone la necesidad de ampliar la exigencia de la aparición de nuestros compañeros de Ayozinapa y las decenas de miles de desaparecidos, junto a exigir un alto a la militarización. Debe resurgir el movimiento por los normalistas y unirse en las calles a los maestros que luchan contra la reforma educativa y reclaman la aparición de los 43.
