De las 13 leyes represivas que exigen los empresarios de camiones, 10 son leyes que corresponden a proyectos de ley enviados por el gobierno de Piñera y parlamentarios de Chile Vamos.
Martes 25 de agosto de 2020
Durante la noche de este domingo, los empresarios dueños de camiones agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) firmaron una carta a nombre de cuatro federaciones de empresarios del transporte (FedeNorte, Fedequinta, Fedemaule y Fedesur) la cual amenaza una movilización si el gobierno de Piñera no avanza con las 13 leyes represivas que se encuentran en el parlamento.
Estas 13 leyes represivas, según consigna Interferencia, seis leyes incluídas en el petitorio corresponden a proyectos de ley del Gobierno de Piñera y cinco pertenecen a parlamentarios del oficialismo. De los tres restantes, dos tienen participación minoritaria en su elaboración de parlamentarios de oposición y uno no todavía no es presentado.
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Por el carácter polémico de estas leyes no han sido fácil de aprobar en el Congreso, por ende esta medida de presión conveniente para el gobierno después de la revuelta popular del 18 de octubre.
Un ejemplo de ello es la Ley Juan Barrios, la cual endurece penas por quemas de camiones, la cual fue redactada por el senador DC Jaime Pizarro en conjunto con los senadores Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Alejandro García-Huidobro (UDI).
Dentro de Chile Vamos, el ultimátum de los dueños de camiones expresa las tensiones dentro de la derecha y el oficialismo ante el gobierno debilitado de Piñera.
Sin embargo, para enfrentar estos ataques de la derecha reaccionaria y de los empresarios forestales y latifundistas, necesitamos un paro nacional convocado por los sindicatos y organismos de trabajadores como la CUT, Mesa de Unidad Social, Unión Portuaria, trabajadores forestales, comunidades y organizaciones como Asambleas Territoriales y populares, estudiantiles como la Confech, ACES y CONES, de Derechos Humanos y de la izquierda, para organizar movilizaciones en defensa y una amplia campaña por la libertad a los presos mapuche, la desmilitarización del Wall Mapu y el fin a las leyes represivas para quienes salen a manifestarse contra la herencia de la dictadura.
Hoy es necesario responder con movilización a través de una gran alianza del pueblo mapuche y la clase trabajadora, que abra la posibilidad de la expropiación a las grandes industrias, y bajo control de las comunidades y sus trabajadores, pelea esta ultima que va ligada estrechamente a la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde se puedan discutir estos temas, hoy vetados por el acuerdo, como son los grandes tratados internacionales que mantienen especialmente la industria forestal.