David Castillo es presidente de DESA SA, la empresa responsable de construir la represa contra la que protestaba la líder ambientalista. Fue detenido el viernes cuando intentaba salir del país.
Martes 6 de marzo de 2018 11:20
David Castillo Mejía fue arrestado el viernes 2 en un aeropuerto en San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuando se disponía a tomar un vuelo a Houston. Era presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la compañía hondureña que construía la represa contra la que protestaba Berta Cáceres cuando la activista fue asesinada a tiros. Según Reuters, el Ministerio Público había indicado que Castillo era “la persona a cargo de proveer logística y otros recursos a uno de los autores materiales que ya enfrenta proceso por el crimen”.
En la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016 dos hombres entraron a la fuerza a la casa de Cáceres para matarla. La líder indígena, quien en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, había enfrentado numerosas amenazas y los asesinatos de otros miembros de su organización. Tenía cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en el momento de su asesinato la policía no vigilaba la casa en la que estaba.
Desde entonces ocho personas han sido detenidas, entre ellos el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, el exmilitar Douglas Geovanny Bustillo, Edilson Atilio Emerson, Eusebio Duarte Meza y Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.
Un equipo internacional de cinco abogados ya había advertido que temían que los autores intelectuales del asesinato podrían no enfrentar nunca a la justicia. La evidencia apuntaba a una conspiración en contra de Cáceres que llevó meses de planeación y provino de los altos ejecutivos de Desarrollos Energéticos.
Según un informe de noviembre de 2017 titulado Represa de Violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres, “la prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato”, dicen los abogados.
Las pruebas muestran que los dos hombres que ingresaron a la casa de Cáceres y le propinaron seis tiros estuvieron en contacto frecuente con tres altos ejecutivos en DESA mientras monitoreaban los movimientos de Cáceres y otros miembros de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Hoy comenzamos a creer que empezamos a lograr romper el pacto de impunidad que estaba detrás del asesinato de mi mamá”, dijo Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta, en diálogo reciente con CNN. “Obviamente estamos satisfechos sabiendo que hace falta mucho camino, que hace falta mucho que romper, pero que es un primer paso. Esta capturado pero esperamos ver la condena”.
Según la investigación que dirige el Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), David Castillo Mejía proporcionó la logística y recursos necesarios a uno de los autores materiales del hecho. Asimismo, el investigador Juan Carlos Cruz y el expolicía Miguel Arcándel Rosales Izcano ya fueron procesados por presentar pruebas falsas para desviar la investigación por el asesinato de la ambientalista hondureña.
Berta Cáceres era maestra y lideró durante una década la lucha para bloquear la construcción de la represa Agua Zarca a lo largo del río Gualcarque, sagrado para la cultura lenca, la etnia a la cual pertenecía Cáceres.
“Hasta ahora el proyecto hidroeléctrico ha parado de manera momentánea debido a la salida de dos de los tres bancos financiadores”, señaló su hija Berta Cáceres Zúñiga. “Pero todavía está dentro del proyecto el Banco Centroamericano para la Integración Económica. Estamos luchando para que salga porque es evidente la clara violación a las comunidades indígenas, y de estar involucrados en actos de violencia como el asesinato de Berta”.
