El Gobierno continúa extendiendo los plazos para intentar llegar a un acuerdo con los fondos de inversión. Mientras, en Wall Street declararon el default de los bonos no abonados el 22 de abril, los que apostaron a los seguros de impago cobrarán U$U1.500 millones.
Matías Hof @HofMatias
Lunes 1ro de junio de 2020 23:00
Se trata de la tercera extensión realizada por el gobierno nacional, ante los fracasos en cumplir con las pretensiones de los acreedores para canjear los US$ 66.300 millones emitidos en bonos bajo legislación extranjera. El proceso iniciado formalmente el 21 de abril, tiene como nueva fecha de finalización el 12 de junio. Puede que no sea la última postergación, Martín Guzmán podría extender la fecha de término hasta el 21 de julio dado que la SEC (Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, entidad que regula el canje) permite noventa días como máximo.
El FMI emitió un comunicado buscando presionar a los acreedores, en el que destaca: “existe solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda”. El organismo pareciera seguir apuntando a garantizar el cobro de los U$U 44.500 millones que el Estado debería abonar entre el 2021 y el 2024.
El equipo del ministro está elaborando una nueva oferta, en relación a esto Guzmán declaró: "Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI esta mañana a la hora de decidir las enmiendas finales. El margen que queda para enmendar la oferta es escaso, el mismo FMI dijo que está ‘marginalmente debajo’ del límite que permitiría restaurar la sostenibilidad de la deuda”. Una vez más el Gobierno refuerza sus lazos con el Fondo, en línea con la supuesta renovación del organismo.
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En tanto los bonistas liderados por BlackRock de Laurence Fink y Monarch, declararon: "Nos hemos acercado pero aún hay un camino importante por recorrer". Al mismo tiempo en Wall Street determinaron la ejecución de los seguros de deuda. El 22 de mayo se había cumplido el plazo para el Gobierno de abonar un vencimiento por U$U 503 millones. Esos bonos fueron declarados en default por el International Swaps and Derivatives Association (ISDA).
Este comité determinó que el default es una realidad y que los seguros deberán pagarse. El monto, que se estima en unos USD 1.500 millones (según Bloomberg), será determinado en una subasta y deberá ser abonado por entidades privadas. Si bien no es público quienes son los dueños de estos swaps, no sería una sorpresa encontrar a los fondos buitre que vienen obteniendo enormes ganancias con la deuda Argentina.
El presidente del ISDA es Eric Litvack, Managing Director del Société Générale, mientras que el tercero en la jerarquía, con el cargo de secretario de la entidad es Jack Hattem, a su vez Director de Blackrock para el departamento de renta fija a nivel global. Una vez más Blackrock está de los dos lados del mostrador, como acreedor y como parte de determinar la ejecución de los seguros de default.
En el resto del directorio está integrado por otros 25 altos ejecutivos de grandes bancos y fondos como Pimco, HSBC, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Deustche Bank o RBC Market Capital. Entre los miembros, en tanto, se destaca otro de los nombres célebres entre los acreedores de la Argentina, el de Elliot Management, el fondo buitre de Paul Singer que litigó durante años contra el país hasta que acordó en 2016, con el pago votado por el macrismo y el peronismo en el Congreso.
El FMI, los bonistas y los fondos buitre maniobran para continuar haciendo grandes ganancias con la deuda del Estado. El Gobierno negocia aceptando sus condiciones y reconociendo una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta. Es cada vez más necesario declarar un desconocimiento soberano, como viene exigiendo el Frente de Izquierda, para evitar que los costos los paguen los trabajadores.
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