Endeudamiento. Deuda: el Gobierno no pagó y sigue la tensa negociación con los especuladores

Entrando en el tramo final de la negociación del canje de los bonos en dólares con legislación extranjera Martín Guzmán busca mostrarse inflexible con los bonistas, al mismo tiempo que reafirma la voluntad de pagar

Matías Hof @HofMatias

Jueves 23 de abril de 2020 08:51

El Gobierno completó este miércoles ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la oferta a los tenedores de bonos soberanos bajo ley extranjera y fijó para el próximo 8 de mayo a las 17 horas de Nueva York el vencimiento de la propuesta para que sea aceptada o rechazada.

Esta presentación corresponde a un 20 % del total de la deuda de Argentina ya que es la deuda en dólares de legislación extranjera. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había anunciado que el canje implicaría una quita del 62% sobre los intereses y de 5,4% sobre el capital, aplazando el comienzo de los pagos al 2023. La propuesta oficializada contempla un canje por nuevos bonos cuyo valor nominal sería en total de u$s 44.500 millones y €17.600 millones,según consta en el decreto 391 con fecha de este martes.

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Mientras la negociación sigue su curso este miércoles vencieron US$ 500 millones en intereses correspondientes a los bonos 2021, 2026 y 2046 que forman parte del canje. El gobierno, como había anunciado, decidió no pagar, disponiendo de un plazo de hasta treinta días para hacerlo antes de caer en default, en caso de que los bonistas rechacen la oferta.

Cada serie de bonos para ser canjeada requiere que un porcentaje mínimo de los bonistas acepten la oferta. Por ejemplo, para los emitidos en 2005, la propuesta de canje necesita el aval del 66,6% de cada serie a reestructurar y, tomados en conjunto, hasta el 85% del monto total. En cambio, para los bonos de 2016, un 50% del bono individual y el 66,6% del monto total. En la presentación del miércoles, el Gobierno se reservó el derecho de eliminar distintas series de bonos a reestructurar en caso de que no "den" los números para llegar al respaldo mayoritario de acreedores. Así, podría canjear un tipo de bonos y dejar otros afuera de la transacción, en el caso de llegar al mínimo requerido en un grupo particular.

Además, en base a la propuesta presentada ante la SEC, el Gobierno no descarta la utilización de "warrants" (garantías), para mejorar eventualmente la oferta, sin cambiar las condiciones iniciales. Por más que en sus declaraciones afirma que no recurrirá a esta opción.

Si bien buscan mostrarse firmes como parte de la negociación en el comunicado emitido el miércoles por el Ministerio de Economía afirman: "La República Argentina ratifica su voluntad de pago aun en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del Covid-19, y busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible”. Ni un atisbo sobre el carácter ilegal, ilegitimo y fraudulento de la deuda externa, como vienen denunciando
desde el Frente de Izquierda.

Incluso si los bonistas aceptasen la oferta tal como está, tomando las palabras del jefe del ministerio de Economía "más no se puede ofrecer y no lo vamos a hacer", no significaría ninguna pérdida para ellos, por el contrario obtendrían ganancias superiores al 3% en dólares. Como explica el analista Martín Mikori: “En definitiva aun con una “mala inversión” apostando a un gobierno amigo de los mercados que dejó el país hundido, con riesgo país en 4000 y con reestructuración mediante, va a dejar, cuando finalicen los pagos, un rendimiento anual del 3,4 %”.

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En principio, la nueva información incorporada en la oficialización no habría sido bien recibida por los acreedores, provocando una baja generalizada de los bonos argentinos que superaba el 4% en muchos casos y un repunte del riesgo país que se ubicaba por encima de los 3800 puntos.

Visiones interesadas

El JP Morgan, fiel a los bonistas, cree que todavía existe la posibilidad de que el Gobierno mejore la oferta. Desde la entidad financiera que elabora el indicador del riesgo país, afirmaron que la economía argentina se desplomaría hasta un 10% este año en caso de que sea declarado el default de su deuda. Y también agregaron: "Un resultado negativo en la reestructuración, lo que resulta en el incumplimiento total del gobierno de su deuda, impactaría aún más la actividad al limitar la capacidad de inversión del sector privado, mientras se arriesga una aceleración de la inflación más agresiva en medio del déficit fiscal"

Por su parte la Ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Alicia Bárcena, declaró: "La oferta de reestructuración de la deuda que presentó el gobierno de la Argentina es audaz, responsable y oportuna. Proponer retomar el pago de la deuda al cabo de tres años es algo razonable, en cuanto es un lapso que permite que la economía se reactive, es decir, que se generen posibilidades de pagar. Si se aplicara un ajuste fiscal inmediato, como piden algunos acreedores, se impediría la recuperación. Lo que tenemos que buscar es la mejor salida para todos, y está claro que si un país no crece, no puede pagar"

Por su parte el el economista Gustavo Ber se refirió a las posibilidades de que la negociación llegue a un acuerdo y dijo: “Ocurre que el limitado plazo para la aceptación, definido inicialmente para el 8 de mayo, así como otras cláusulas, entre ellas canje parcial y RUFO, reflejarían que las autoridades estarían decididas a avanzar con la reestructuración aún cuando no se alcancen las exigentes Cláusulas de Acción Colectiva. Todo ello podría inclinar la propuesta hacia una estrategia de ‘tómalo o déjalo’, que otorga así poco espacio para negociar mejoras en el valor presente neto”. El 8 de mayo, cuando finalice el tiempo establecido para responder, sabremos el resultado de esta fase de la reestructuración.

Una deuda odiosa

La deuda externa es una de las cargas más pesadas del presupuesto nacional y un mecanismo por el cual los países imperialistas saquean a los trabajadores argentinos. En 2019 el déficit financiero fue de 3,76 % del PIB más de 16 mil millones de dólares. La misma pegó un salto desde la dictadura militar del ‘76 y los siguientes gobiernos la fueron refinanciando y aumentado. Teniendo por destino, en su mayor parte, pagar deudas privadas de los empresarios o solventar la fuga de capitales. Entrando así en la categoría de deuda odiosa, figura legal que ya ha sido utilizada para no pagar la deuda en otros países.

Una historia que se repite, generando crisis periódicas como la actual. Por este motivo desde el Frente de Izquierda afirman que la deuda debe ser investigada para demostrar su carácter fraudulento y declarar su desconocimiento soberano. En la crisis económica y social que está atravesando el mundo y el país, afirman, los recursos deberían estar concentrados combatir la pandemia y la situación social de las familias trabajadoras.