Panorama Económico. Deuda: millones al FMI, danza con lobos de Wall Street y ruina para el pueblo trabajador

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no puede quejarse. Después de haber apoyado que el ministro de Economía Martín Guzmán realizara a los acreedores privados una propuesta con fuerte quita en la renegociación de los bonos que se está llevando a cabo al filo del default, recibió un generoso pago por los servicios prestados. La Argentina, un país que según las declaraciones de Guzmán y del presidente Alberto Fernández está quebrado (y por eso renegocia la deuda en bonos), le giró al organismo internacional de crédito USD 320 millones en concepto de intereses. Es casi la mitad de lo que restaba pagar este año por los servicios que viene acarreando el crédito girado durante 2018 y 2019 por USD 44 mil millones.

Mientras entramos en la recta final de la reestructuración de la deuda en manos de acreedores privados, el FMI continua cobrando como siempre. Pero no es el único. En lo que va del año el Tesoro giró a los bonistas que tienen títulos bajo legislación extranjera varios miles de millones de dólares, tomados en enero del Banco Central (BCRA), como muestra de "buena fe" de cara a la negociación.

Recién el 22 de abril, después de presentar la oferta a los acreedores para el tramo de la deuda en negociación extranjera, el gobierno suspendió pagos de intereses de los bonos Global 21, 26 y 46, iniciando así la cuenta regresiva para definir lo que ocurrirá con la deuda.

Esta semana también se postergó el pago de la deuda al Club de París (lo que significa que corren los onerosos intereses de 9 % anual que rigen en caso de impago y que fueron acordados por Axel Kicillof en 2014 cuando era ministro de Economía). Estos pasivos se negocian en paralelo a la reestructuración de la deuda en bonos, pero a diferencia de esta última no tienen un "día D" definitivo.

Tiempo de alargue

Si bien hoy es el día fijado por el gobierno ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU. para recibir las respuestas de los acreedores a su oferta, y el lunes darían a conocer los resultados, está descontado que no será esta la fecha de las grandes definiciones. El gobierno puede extender esos plazos a voluntad, aunque Guzmán aseguró el miércoles que no retrasará la fecha límite a menos que haya "nuevos elementos", como una propuesta por escrito de los acreedores, que lo justifiquen.

Te puede interesar: En medio de la crisis sigue la pulseada entre el Gobierno y los especuladores

La fecha realmente definitoria que aparece en el horizonte es el 22 de mayo, que es cuando se cumple un mes de registrado el impago del vencimiento de intereses. Si para ese día no hay canje ni pago (el gobierno podría retractarse y pagar, como hizo Kicillof con la deuda de la Provincia de Buenos Aires en febrero), el gobierno podría entrar en cesación de pagos.

¿Qué puede ocurrir mañana? Los pronósticos se mueven entre una aceptación catastróficamente baja (20 %) y otra "solo" baja (40 %). El gobierno puede avanzar en canjear con quienes acepten, y ofrecer más concesiones a los que rechacen para alcanzar los mínimos necesarios. Para dar por cumplidas las cláusulas de acción colectiva (CAC) que incluyen los bonos, el piso de acuerdos que debe alcanzar la propuesta va de 66 % a 85 %, dependiendo la clase de bonos que entren en el canje y como se agrupen. El gobierno puede dejar afuera algunos títulos que imponen pisos muy elevados, o bonos particularmente problemáticos, como el título a 100 años que el ex ministro de endeudamiento Luis "Toto" Caputo entregó regaló al fondo Noctua creado por el mismo. Este bono estipula que si el gobierno incumple el contrato de emisión, se disparará automáticamente la obligación de pagar todos los intereses... ¡de 100 años!

¿Hay márgenes para evitar el default? Guzmán ha repetido más de una vez durante estos días que escucha ofertas de los acreedores. La única condición que pone es que respeten los parámetros definidos por Economía respecto de lo que el gobierno puede comprometerse a pagar. Como analizó Martín Mikori en este diario, aunque la oferta del gobierno presenta una quita considerable, el resultado neto para los acreedores, con el valor que tienen hoy los bonos, es un negocio más que interesante. Sobre todo en un mundo donde reinan las tasas cero. Aunque patalean y chantajean para sacar mejor tajada, los buitres no pierden nunca.

Para el pueblo trabajador es pura pérdida

El éxito al que aspira el Gobierno simplemente patea algunos años el atolladero con el que se topó Macri en 2018. En 2023 volverá a encontrarse con la imposibilidad de hacer frente a los pagos, algo que la reducción de intereses atenúa pero no resuelve de fondo. Como se vio en 2005, con otra renegociación que fue calificada de “soberana” y sin precedentes, no hay manera de salir del atolladero de la deuda renegociando y pagando “serialmente”. Volver a pagar la deuda en default significó en ese entonces, como ahora, convalidar la deuda odiosa, dando la espalda a la investigación de Alejandro Olmos que dio lugar en 2001 al fallo de juez Jorge Ballesteros que reconocía nada menos que 477 ilícitos en el proceso de endeudamiento desde la dictadura, aunque dejara en manos del Congreso cualquier decisión al respecto. La deuda a la que Néstor Kirchner volvió a relegitimar en 2005 era la misma que un gobierno peronista había aplaudido en diciembre de 2001 dejar de pagar (lo que en realidad no era más que un reconocimiento de que no quedaba un solo dólar para seguir haciéndolo en medio del corralito y la fuga de capitales). En solo cuatro años, la misma gesta en sentido inverso, el acto de soberanía en 2005 pasaba por obtener una buena quita, como ahora busca Guzmán.

Pero a pesar de la reducción en capital e intereses (que en los hechos no fue tan significativa gracias a los cupones que pagaron extra por el crecimiento del PBI), y al alargamiento de plazos, hacer frente a esa deuda insumió desde ese año en adelante una parte cada vez más significativa de los dólares del superávit comercial traído por el boom de la soja. Y eso, junto con la fuga de capitales y los giros de utilidades de las empresas imperialistas, explicaron desde 2012 el cepo cambiario y las devaluaciones de Kicillof que golpearon duro sobre los bolsillos de la clase trabajadora.

No hay motivos para esperar que esta vez sea diferente. Por el contrario, los cuellos de botella podrán llegar antes y peor, considerando que no hay a la vista ningún salto exportador como el ocurrido entonces, ni gracias a la soja (cuyo valor todavía no se hundió como los de otros commodities pero tampoco tiene ninguna perspectiva de aumento en el precio ni en los volúmenes comerciados en el marco del desplome mundial), ni mucho menos a Vaca Muerta, un sueño por el momento sepultado. De esta forma, postergando pagos hasta 2023 y reduciendo cupones no se evita la ruina nacional, simplemente se la posterga.

Desde la izquierda sostenemos la necesidad del desconocimiento de esa deuda ilegal e ilegítima, como parte de un plan donde es necesario impuestos progresivos a las grandes fortunas para encarar medidas de emergencia ante la crisis sanitaria del coronavirus (entre ellas un salario de cuarentena de $ 30.000 para quienes perdieron todo ingreso), y nacionalizar los bancos y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. Estos son los primeros pasos para avanzar en una reorganización del conjunto de la economía en función de los intereses populares y en la que los principales medios de la producción sean puestos bajo gestión del conjunto de la clase trabajadora.