Un nuevo frente de tormenta para Peña Nieto: la desconfianza de una de las calificadoras de riesgo internacionales más importantes.
Viernes 26 de agosto de 2016
Aunque actualmente Standard & Poor’s mantiene la calificación BBB+ para México, a los ojos de sus analistas, el alza de la deuda de México representa un riesgo real.
Por ese motivo, cambió su perspectiva crediticia -su capacidad de pago- de estable a negativa, y existe la posibilidad de que en los próximos dos años ajuste a la baja la calificación.
¿La razón? Las finanzas públicas serán más débiles por la presión de los intereses sobre los ingresos y por la deuda.
Veamos los números. Según datos del Banco de México, la deuda pública amplia para mayo pasado ascendía a $7,803.62 millones, que se desglosa en $ 4,755.51 millones de deuda interna, mientras la externa alcanza los $ 3,048.10 millones.
De acuerdo con la definición que consigna la misma institución “La deuda económica amplia incorpora los pasivos netos del Gobierno Federal, del sector paraestatal y de los intermediarios financieros oficiales (banca de desarrollo y fideicomisos de fomento)”.
Mientras tanto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2016, el producto interno brutal nominal era de 18,482 millones 682 pesos. Con lo cual la deuda representa 42% del PIB.
Parte del riesgo de la deuda de México consiste en que 53% está en manos de acreedores no residentes, según datos publicados por Forbes México.
Desde fines del gobierno del panista Vicente Fox, en 2005 -entonces era 28% del PIB-, hasta ahora, el volumen de la deuda se ha incrementado a 42%. El informe de Standard & Poor’s pronostica que para este año llegará al 45% y para 2018-2019, al 47-48%, pero con un margen de maniobra del gobierno mucho menor. Esto debido al ritmo lento de crecimiento de la economía, que este año apenas se espera que ronde el 2%.
El dato podría mejorar ligeramente para el trienio 2017-2019 si crece la inversión en el sector energético y con un buen desempeño de la economía de Estados Unidos. Pero ¿hay perspectivas reales para eso, con el bajo crecimiento económico del vecino del norte, cuyo último dato apenas fue del 1.2% del PIB?
Las perspectivas
Los analistas internacionales señalan como factores críticos la depreciación del peso, el incremento del déficit fiscal y la asistencia financiera gubernamental a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el caso de Pemex en particular se conjugan administraciones que han rapiñado históricamente los fondos generados por la paraestatal, de la mano con negocios millonarios entregados a los empresarios favoritos del gobierno, con la baja de los precios internacionales del petróleo. Según cifras oficiales, en 2015, las pérdidas ascendieron a 40.000 millones de dólares.
Sin embargo, esto fue compensado en parte, de acuerdo con la calificadora S&P, por la reforma hacendaria de 2013, que hizo posible incrementar la recaudación impositiva, que en 2015 llegó al 13% del PIB. Pero otros dos factores también inciden a contrarrestar, al menos en parte, el efecto negativo de la producción petrolera: el ingreso de remesas internacionales y las exportaciones manufactureras a Estados Unidos, 145,184 millones de dólares en el primer semestre del año.
Los analistas internacionales respaldan las reformas estructurales de Peña Nieto impulsadas gracias al Pacto por México. Pero aún no se ven los “beneficios” al nivel que pretenden los inversores internacionales: las disputas territoriales del crimen organizado, la percepción negativa de la corrupción gubernamental en el país, y aunque no lo señalen explícitamente, el descontento activo que se expresa en las maquilas del norte y la resistencia magisterial a la aplicación de la reforma educativa son factores que lo impiden.
