DEUDA PUBLICA. Deuda y swaps, un fraude que se extiende por Europa

En estos días se daba a conocer que uno de cada tres euros de deuda municipal en Madrid corresponde al pago de swaps. Un falso “seguro crediticio” que se ha convertido en la principal herramienta de expolio de las entidades financieras sobre las arcas de la capital. Sin embargo Madrid no es una excepción, son muchas otras las administraciones públicas atrapadas en la trampa swap en toda Europa.

Los swaps son productos financieros que vinculan el pago de intereses a múltiples variables financieras especulativas (monedas, tipos de interés, fondos de inversión...). Es una suerte de “juego de apuestas” en la que según como vayan las variables especulativas el tipo de interés será uno u otro. El problema es que como en casi todas las apuesta de casino “la banca siempre gana”.

En Portugal se han adquirido hasta 3.000 millones de euros para obra pública con esta modalidad de crédito. Ello ha desencadenado cuantiosas pérdidas y la dimisión del Secretario de Estado del Tesoro, Joaquim Pais Jorge.

En Italia, la ciudad de Milán comenzó una cruzada judicial en Italia, a la que le siguieron municipios de otras 10 regiones. Estas administraciones mantienen litigios abiertos contra estos abusos usureros. Algunos de los juicios han obtenido ya sentencias a favor de algunos ayuntamientos.

En Alemania, la empresa de aguas municipal de Leipzig también logró tumbar en los tribunales el swap de un crédito de UBS.

En Francia las informaciones sobre la extensión y gravedad de la colocación de estos productos han ido creciendo día a día. Le Monde y Libération obtuvieron datos bancarios detallados de la situación de estos productos por toda Francia. Le Mondecalculó que de los 72.000 millones de euros en préstamos para obra pública que había vigentes en el país, al menos 26.000 estaban ligados a alguno de estos productos.

Libération realizó un detenido análisis de la situación en todas las corporaciones públicas francesas que daba buena cuenta de la extensión del fenómeno. Multitud de municipios y otros organismos públicos se encuentran asfixiados por productos financieros que suponen un sobrecoste del 20% respecto a las operaciones aprobadas. Una de las situaciones más polémicas se dio en el departamento del Ródano, con casi medio millón de habitantes, al que le solicitaron 380 millones de euros por anular los swap que contrató.

Este tipo de productos tuvo su período de apogeo con el boom inmobiliario. Fue impulsado con el fin de garantizar a las entidades financieras la rentabilidad acelerada de sus inversiones. Las grandes operaciones urbanísticas -inmensos pelotazos que llenaron los bolsillos de banqueros, grandes constructoras y élites políticas- fueron la causa del incremento explosivo de las deudas de las administraciones, hoy insostenibles, que se vincularon en muchos casos a los swaps.

La carga financiera de estos swap se volvió ya inasumible para los ayuntamientos y otras administraciones europeas entre 2009 y 2010. Se han ido realizando pleitos contra los bancos por estos contratos y pasado este tiempo el resultado es diverso. Muchos de los juicios no han concluido y están pendientes de resolución. La mayoría se resuelven en Londres ya que los ayuntamientos aceptaron que estos contratos se firmaran bajo la ley británica. En algunos casos se han atascado en una maraña infinita de recursos y apelaciones.

No obstante se han producido algunas victorias como la del ayuntamiento de Milán que logró que le cancelaran en 2012 un swap sobre 1.700 millones de euros, ante el temor a las acciones legales que hubiera podido emprender. Otro municipio italiano, Prato, segunda ciudad en importancia en la Toscana, ha logrado otra sentencia a favor en los tribunales. Oporto acaba de iniciar también acciones legales contra el Banco Santander por un swap que tiene su Sociedad Pública de Transportes sobre un crédito solicitado para financiar la construcción del metro de la ciudad.

En el caso del Estado español, todo este robo legalizado sobre las arcas públicas se ha mantenido oculto hasta las recientes elecciones municipales. Como consecuencia de la llegada de nuevas fuerzas políticas, sobre todo las candidaturas de unidad popular, que encontrándose con este desmadre financiero lo han empezado a sacar a la luz.

Uno de los primeros consistorios en denunciarlo ha sido el de Ahora Madrid. El anterior gobierno municipal del PP, presidido por Ana Botella, no solo no denunció estos hechos sino que se hizo copartícipe necesario y llegó a vender con inquilinos dentro viviendas municipales a fondos buitre para reducir un déficit municipal causado en gran parte por estos productos especulativos. Este entre otros muchos fueron recortes que sufrieron los servicios sociales.

Por el momento, los únicos municipios del Estado español que han iniciado acciones legales contras estas prácticas han sido algunos de la isla de Lanzarote, entre ellos Arrecife por un swap del Banco de Santander. También lo ha hecho la Diputación de Álava contra seis swaps suscritos con el Banesto. Pero se espera que se comiencen a abrir procesos judiciales en muchos más municipios y administraciones públicas.
Desde el equipo de gobierno municipal de Ahora Madrid se ha descrito la deuda heredada de la anterior corporación de Ana Botella como con “altas dosis de ilegitimidad”. También se ha dicho que los gastos financieros están “completamente sobredimensionados”. Sin embargo, paralelamente se han emitido mensajes de tranquilidad para las élites financieras y económicas, asegurando tanto la alcaldesa como su concejal de hacienda, que el Ayuntamiento hará frente a la totalidad de las deudas.

Esto contradice una de las promesas electorales fundamentales de la candidatura de Ahora Madrid: realizar una auditoría financiera para detectar al menos los componentes de la deuda que podrían ser rehusados como consecuencia de su clara ilegalidad e incluso ilegitimidad. Con los contratos sobre la mesa Manuela Carmena podría declarar este tercio de la deuda como ilegítima y dejar de pagarla. En lugar de esto ha decidido darla por legal y asumir una herencia envenenada que deberán cargar los madrileños al menos por los 10 años de contrato swap que quedan por delante.