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Red Internacional
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Salud Pública. Deudas millonarias y hospitales en ruinas: la crisis del presupuesto en salud

Distintos gremios de la salud vienen denunciando la crisis estructural que hoy existe en la salud pública, el bajo presupuesto de este año hacía salud, la situación insostenible de algunos hospitales y exigiendo un aumento para el presupuesto 2025.

Jueves 14 de noviembre de 2024

Una de las discusiones más difíciles respecto al presupuesto 2025, es lo que respecta a materia de salud, donde diferentes gremios han manifestado la necesidad de un aumento en el presupuesto para así poder cumplir con las atenciones, disminuir las eternas listas de espera, y cumplir con los requerimientos de la población en este ámbito.

La semana pasada se reunieron en la moneda diferentes gremios para entregar una carta a Boric y Mario Marcel exigiendo un aumento del presupuesto y señalando que, actualmente la falta de dinero está poniendo en riesgo el funcionamiento de los centros asistenciales llegando a situaciones insostenibles, como por ejemplo el cierre de pabellones en algunos hospitales y suspensión de cirugías.

Tal es el caso del Hospital Van Buren de Valparaíso donde diariamente se suspenden entre 20 a 30 cirugías por la falta de recursos y la crisis presupuestaria, y funcionarios denuncian que hay falta de personal, hay sobrecarga laboral y que el hospital se cae a pedazos por la falta de recursos.

Otro ejemplo es el Hospital Regional de Iquique, el cual ya este año recibió 10 mil millones menos de presupuesto, el cual a inicios de este mes ya estaba agotado, lo que trajo consigo la suspensión de operaciones (salvo las Garantías Explícitas en Salud, urgencias y cáncer), y falta de insumos y de equipos para continuar con su normal funcionamiento, como mascarillas para conectar ventiladores mecánicos, alimento para pacientes, entre muchos otros. Esto llevó a que el Gobierno Regional hiciera una transferencia de fondos de $5.500 millones para que pueda seguir atendiendo hasta diciembre, pero rebajando recursos en otras áreas.

Actualmente la deuda de los hospitales alcanza los 189 mil millones de pesos, 39 hospitales tienen más de mil millones de pesos en deuda con prestadores privados u otros, como el Hospital Sótero del Río que tiene una deuda de más de 14 mil millones de pesos, o el Hospital San Borja Arriarán de más de 12 mil millones de pesos.

La falta de recursos es un problema que atraviesa la gran mayoría de los hospitales de Chile, que se traduce no solo en falta de insumos, de equipamientos e infraestructura, sino que también se traduce en falta de personal, en despidos, en sobrecarga y explotación laboral, en demora en las atenciones de urgencia, en listas de espera para una atención médica u operación (casi 3 millones este año), y en no poder otorgarle una salud de calidad y expedita a la población, ni condiciones dignas a las y los trabajadores.

La realidad en la atención primaria no dista mucho de lo que se vive en hospitales, con muchos Centros de Salud Familiar (CESFAM) que se les cae el techo y se llueven en el invierno, sin los insumos ni medicamentos suficientes para atender a las necesidades de las y los usuarios. Todos los años las y los trabajadores se movilizan luchando por resolver estas y otras demandas, pero especialmente ahora que se discute el presupuesto 2025, es urgente la organización desde abajo en defensa de nuestros lugares de trabajo poniendo al centro la demanda por el aumento del per cápita acorde a las necesidades actuales.

Es en este marco que se discute el presupuesto de salud 2025, con listas de espera eternas, con hospitales cayéndose a pedazos, con trabajadores que ya no dan más, y con deudas que se repiten todos los años y que los gobiernos no resuelven. Además de perdonazos a las isapres, como vimos durante este año, y trasplantes irregulares y privilegiados en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

La salud pública atraviesa una crisis estructural y se necesita una respuesta urgente por parte del Gobierno, el cual lo único que ha hecho es seguir profundizando esta crisis y mantener una salud pública precaria. Ejemplo de esto, es el rechazo de la tercera subcomisión especial mixta del Congreso de las partidas destinadas a Fonasa, la Atención Primaria de Salud, Redes Asistenciales, Servicios de Salud y el Financiamiento de Hospitales por Grupo Relacionado por Diagnóstico.

¿Qué hacer frente a esta crisis?

Hemos visto como dirigentes de los diferentes gremios de médicos, profesionales, y no profesionales, han denunciado esta situación y vienen exigiendo al gobierno un mayor presupuesto para el año 2025. Sin embargo, solo presionan al gobierno desde arriba y confiando en su “buena voluntad”, sin promover la organización de las y los trabajadores en sus lugares de trabajo, para discutir el presupuesto que se necesita en base a las principales necesidades que se ven y las problemáticas que se atraviesan diariamente en los diferentes centros de salud.

Desde la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (FENATS) siguen sin llamar a movilización ni asamblea de base a nivel de hospitales. En la atención primaria, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) ha llamado a movilización durante el año y pese a que se planteó la necesidad de hacer asambleas en todos los lugares de trabajo, en la gran mayoría esta no se llevó a cabo. Por su parte la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS) junto al Colegio Médico y otros gremios marcharon hasta el Ministerio de Hacienda para reclamar por la falta de recursos que tiene en crisis a los hospitales.

En todos los niveles de atención y en todos los gremios de la salud se siente la necesidad de movilizarse, sin embargo las dirigencias no han tomado el rol de encauzar esta fuerza y cuando lo han intentado ha sido dividiendo hospitales de atención primaria, y profesionales con no profesionales. La lucha por una salud pública de calidad debemos darla todas y todos los trabajadores de la salud golpeando como un solo puño.

Es urgente poner al centro la demanda por un sistema único de salud pública, sin pago al momento del uso, financiado íntegramente por el estado a través del impuesto a las grandes riquezas y la nacionalización de los recursos naturales, bajo la gestión de las y los trabajadores de la salud y sus comunidades.