ALTO A LAS DETENCIONES ARBITRARIAS. Dgcim y Conas detienen a dos trabajadores de Guayana por “reenviar cadena de Whatsapp”

Más allá de la excusa, esto forma parte de la ofensiva estatal contra los trabajadores de las industrias básicas y del reforzamiento de la represión a la clase obrera bajo cuarentena.

Son dos los obreros detenidos por organismos de inteligencia con la excusa de “reenvío de mensajes” en Whatsapp en las últimas dos semanas.

Elio Mendoza, supervisor en Planta de Pella de la Siderúgica del Orinoco (Sidor), quien labora en esa área hace más de 30 años, fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 1º de abril.

La noche de su detención, el gerente de planta Francis Villega lo llamó para que hiciera una guardia nocturna en su lugar de trabajo. Le informó que no mandarían el transporte sino un vehículo particular a buscarlo.

Desde que abandonó su casa a las 10:00 p.m., sus familiares no supieron más de él, hasta la 1:00 p.m. del día siguiente, cuando le permitieron una llamada y este le informó a su pareja que estaba detenido en la sede de la Dgcim en Puerto Ordaz por “reenviar un mensaje de Whatsapp”.

El presunto mensaje reenviado por el que Elio estaría detenido hacía referencia a Maikel Moreno y lo señalaba como miembro de una banda criminal. El 3 de abril, Mendoza fue presentado a los tribunales y se le imputó “instigación al odio” y “difamación” contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ese mismo día fue trasladado de la sede de la Dgcim a un calabozo policial en San Félix, donde sigue detenido todavía.

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El segundo caso es el de Tania Rodríguez, ex-trabajadora de Ferrominera. El 3 de abril a las 6 de la tarde, el mismo día en que Elio era imputado, una patrulla del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) se presentó en su vivienda, alegando una supuesta orden del tribunal para detenerla.

Su detención se debería al supuesto reenvío de un mensaje de Whatsapp relacionado con Cilia Flores. Se encuentra en prisión domiciliaria y no hay claridad de los delitos que se le imputan.

Tania Rodríguez había sido despedida de Ferrominera tras su participación en protestas dirigidas por Rubén González, secretario general de Sitraferrominera, detenido desde 2018 junto a otros nueve obreros, liberados bajo presentación cuatro meses después. Rubén González sigue preso, cumpliendo una condena de 6 años.

Organizaciones sindicales de Guayana han repudiado la detención de ambos obreros. Denuncian que son más de 55 los obreros de Ferrominera perseguidos desde 2018. Rodney Álvarez, también de Ferrominera, está preso por un montaje judicial desde ¡hace más de 8 años!

Un caso similar es el de una tuitera, detenida por la Dgcim en su vivienda el 27 de marzo, para luego ser procesada por la “Ley contra el odio”, por enviar un mensaje insultante vía Whatsapp a la esposa de Maikel Moreno.

En todos los casos hay denuncias de violación al derecho al debido proceso, familiares y abogados exigen tener acceso al expediente, para poder conocer los verdaderos motivos de la detención.

Detenciones de obreros haciendo uso de aparatos de inteligencia militar y cuerpos especiales (Conas y Dgcim), alegando “difamación” e “instigación al odio”, solo por el reenvío de información, comentarios o acusaciones en redes contra funcionarios públicos y la aplicación de la “Ley contra el odio” constituyen un pisoteo extremo de las libertades democráticas de la clase trabajadora. En todos estos casos no hay ni siquiera alguna notificación formal a las personas y algún proceso judicial previo que determine si realmente hay causas o no para alguna acusación formal y el respectivo juicio, no hay nada de eso, sino que sencillamente los gobernantes o sus allegados hacen uso de su control del aparato represivo del Estado para mandar a detener arbitrariamente a las personas.

Las figuras de poder del Estado son responsables de decisiones económicas, sociales, judiciales y represivas que afectan la vida de todo un pueblo, siempre estarán expuestas a cuestionamientos y acusaciones, que pueden ser ciertas o no, pero es lógico y elementalmente democrático que los gobernados tengan la libertad para expresar sus críticas y acusaciones sin que eso implique ser perseguidos por los organismos militares para encarcelarlos. Por eso es totalmente reaccionario que personeros del alto gobierno usen las excusas de “difamación” o “noticia falsa” como justificación de este accionar que pisotea totalmente procedimientos legales y el elemental derecho a la defensa, para simplemente usar la fuerza represiva, pues nada de esto justifica el uso de un brutal servicio de inteligencia, con torturas en su haber, como lo es la Dgcim.

El objetivo parece ser, evidentemente, no aclarar ninguna situación o acusación infundada sino simplemente intimidar y reprimir. Ese flaco argumento podrá ser empleado para silenciar cualquier información o denuncia de interés público que el Estado no quiera que circule.

El gobierno está aprovechando las medidas de cuarentena para reforzar su control policial y militar. Periodistas, trabajadores de la salud, profesores y obreros han sido víctimas de esta criminal política. Esto se enmarca en el uso de métodos cada vez más brutales del gobierno contra la disidencia obrera y popular.

La camarilla cívico-militar busca imponer por el terror el control sobre un país que los detesta y quiere verlos fuera. Estas agresiones, en particular, van dirigidas contra la clase obrera industrial con más capacidad de organización, aspirando quebrar cualquier tipo de organización que ponga en juego los intereses de la corrupta burocracia gerencial y la estabilidad de todo su descompuesto régimen.

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