El pasado sábado 28 de septiembre se conmemoró con acciones en varios países el día de Acción Global por un aborto legal y seguro, como todos los años desde que se eligió esta fecha en el V Encuentro Feminista Latinoamericano. En el Estado español el aborto está legalizado, pero esto no significa que sea un hecho garantizado para todas. Todavía tenemos mucho por lo que luchar.
Lunes 30 de septiembre
Aunque esta fecha comenzó como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, pronto se transformó en una fecha clave para el movimiento feminista internacional. Este año, distintos colectivos feministas nos recuerdan que a pesar de la despenalización y legalización del aborto en el Estado español, la última reforma sigue resultando insuficiente.
La reforma de 2023 hizo notables avances en materia del derecho a abortar, como la supresión de los tres días de reflexión o la autorización paterna para jóvenes de 16 y 17 años. No obstante, esto no supone que sea un derecho garantizado para todas. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, tan solo el 20% de los abortos realizados el año pasado fueron llevados a cabo en la sanidad pública. La realidad es que la mayoría de mujeres, quienes pueden permitírselo, se ven empujadas a buscar vías alternativas en centros privados debido a la desmantelación de la sanidad pública. Muchas veces, incluso, se ven forzadas a viajar a otras comunidades del estado por las restricciones de los gobiernos autonómicos.
Los recortes en gastos públicos, la precarización de las trabajadoras sanitarias y el colapso de los servicios médicos dificultan que las interrupciones voluntarias de embarazo se realicen en la sanidad pública. En la comunidad de Madrid, tras sufrir los ataques del gobierno autonómico de Ayuso, solo el 0,27% de abortos se realizaron en la sanidad pública. Por otro lado, el registro de los objetores de conciencia que prometía la ley para garantizar que en todos los centros médicos haya personal dispuesto a ofrecer el servicio tampoco se ha cumplido.
Además, la ley deja fuera a las mujeres y personas gestantes migrantes en situación irregular. En todo el estado hay millones de personas excluidas del sistema sanitario, haciendo imposible el acceso a servicios como el aborto. Mientras el gobierno progresista de PSOE-UP se galardonaba por la nueva ley del aborto, mantuvo la racista Ley de Extranjería y la violenta política imperialista en las fronteras que excluyen a miles de personas de los derechos más básicos. La situación con la reedición del gobierno “más progresista de la historia” de PSOE y Sumar no ha cambiado nada, para variar.
Después de que Francia se convirtiera en el primer país en consagrar el derecho al aborto en la Constitución, este se ha convertido en el objetivo de muchas organizaciones feministas. Sumar hizo la misma propuesta en el Estado español, pero se vio inmediatamente bloqueada por la oposición y la propia ministra de igualdad del PSOE, Ana Redondo. Sin embargo, esto tampoco supone una garantía real para blindar este derecho. En Francia, el avance de la derecha y los recortes en sanidad y educación, están volviendo a poner en peligro los derechos sexuales y reproductivos.
Este año la solidaridad con el pueblo palestino también se hizo notar este 28S. Mientras vemos como ocurre un genocidio en directo, el movimiento feminista recalca que quienes más sufren la violencia del colonialismo israelí y el imperialismo estadounidense y europeo, son las mujeres e infancias en Gaza, Cisjordania y ahora también en el Líbano.
La complicidad de los gobiernos imperialistas al régimen sionista contrasta con los recortes y los ataques contra la clase trabajadora global. Por eso mismo en todo el Estado español salíamos a las calles el 27S para denunciar el apoyo económico, político y militar del gobierno progresista al estado genocida de Israel y exigir la redistribución del gasto público en favor de la clase trabajadora. No queremos que nuestros impuestos paguen las armas que matan miles de palestinos, mientras sufrimos los recortes en sanidad y educación.
Nadie es realmente libre hasta que todas lo seamos. No es posible garantizar un derecho social bajo un sistema capitalista que prioriza los intereses de una minoría que se enriquece a costa del trabajo de los demás. Con cada avance de la derecha y la extrema derecha, más y más derechos peligran. Pero los gobiernos supuestamente progresistas tampoco nos ofrecen una solución real.
La pelea por el derecho al aborto, entre otros, debe enmarcarse en la lucha por una sociedad que ponga en el centro los derechos y necesidades sociales y no el lucro capitalista. Sólo así es posible “blindar” derechos tan esenciales como los derechos sexuales y reproductivos. Y para conseguir esto es necesario levantar un gran movimiento feminista socialista, anticapitalista y antiimperialista que junto a la clase trabajadora y todos los sectores oprimidos luche por nuestros derechos en todo el mundo y para todas las personas.
