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Efeméride. Día del abogado y la abogada: por la memoria de quienes dieron su vida defendiendo luchadores

Cada 29 de agosto, en Argentina se conmemora el “día del abogado”, en homenaje a Juan Bautista Alberdi. Asimismo, el 7 de julio se evoca al “abogado laboralista”, en honor a los abogados secuestrados y desaparecidos en la llamada “Noche de las corbatas”, ocurrida en Mar del Plata en 1977. Aprovechamos estas fechas para recordar a quienes se jugaron la vida en defensa de trabajadores, luchadores y presos políticos.

Gloria Pagés

Gloria Pagés @Gloria_Pages

Jueves 29 de agosto 12:00

En momentos donde el gobierno de Milei -con la complicidad del peronismo- lleva adelante un ajuste durísimo a la medida del FMI, recordar a quienes se jugaron la vida en defensa de los sectores populares es una oportunidad para debatir sobre la vital importancia de que la clase trabajadora y los sectores populares cuenten con nuevas generaciones de profesionales que pongan sus conocimientos al servicio de las luchas obreras, de las mujeres, la juventud, del ambientalismo, de los pueblos originarios, contra la represión, el gatillo fácil y la impunidad. Profesionales que estén en la vereda opuesta a la de la casta judicial al servicio de los poderosos.

Por qué se conmemora el día del abogado

El día fue elegido en el año 1958 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, conmemorando el nacimiento de Juan Bautista Alberdi un 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán.

Alberdi se destacó por la redacción de las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, obra que es considerada la fuente principal de la Constitución Nacional aprobada en 1853. Tuvo cargos diplomáticos y fue miembro de la Cámara de Diputados, además de ser una de las pocas personalidades que se opuso al genocidio que fue la Guerra de la Triple Alianza.

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En 1831, ingresó a la Universidad de Buenos Aires para estudiar Derecho, pero por su oposición a Rosas decidió irse a Córdoba, donde se graduó de Bachiller en Leyes.
Fue uno de los miembros más influyentes de la Generación del 37 junto a Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría. La persecusión rosista lo lleva al exilio a Montevideo, exilio que duró 40 años.

Rodolfo Ortega Peña y Alfredo “Cuqui” Curuchet, abogados de trabajadores y luchadores

Nos sirve de oportunidad la celebración del “Día del abogado” para homenajear a todos y todas quienes utilizaron su profesión como arma y herramienta al servicio los luchadores, presos y presas políticas, trabajadores y sectores populares y en la vereda de enfrente de la casta judicial, de jueces, fiscales y porqué no abogados serviles a los intereses de las patronales y los gobiernos -tanto constitucionales como dictaduras-.

La figura de Rodolfo Ortega Peña cataliza y sobresale entre muchas otras. Nació el 12 de septiembre de 1935. De cuna acomodada y antiperonista, se recibió de abogado a los 20 años y conmocionado por el golpe gorila de 1955 milita un breve tiempo en la Federación Juvenil Comunista y luego pasa a formar parte del ala izquierda del peronismo identificada con John William Cook, estuvo también cercano al Peronismo de Base y a las Fuerzas Armadas Peronistas.

El avance represivo de parte del Estado durante las dictaduras de Onganía y Levingston, las creciente cantidad de detenciones a militantes y atentados que iban sufriendo los abogados defensores de trabajadores y presos políticos, como el caso de Néstor Martins -abogado de la CGT de los Argentinos- y su cliente Nildo Zenteno el 16 de diciembre de 1970, llevarían a la conformación, a comienzos de 1971, de la histórica Asociación Gremial de Abogados, organización que surgió por impulso de Ortega Peña, Mario Hernández y Roberto Sinigaglia, y que reunía a cerca de ochenta abogados de distintas vertientes ideológicas (centralmente peronistas y de izquierda no partidaria), y que fundamentalmente se dedicarían a la defensa de los distintos presos políticos. “La Gremial” cuestionaba además muy fuertemente a la Asociación de Abogados de Buenos Aires por su casi nula actuación frente a las desapariciones de Martins y Zenteno, como ante el avance de la represión a los sectores combativos.

Ortega Peña fue abogado en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como en la Federación Gráfica y desde allí comenzó su inmensa tarea como abogado en diferentes conflictos fabriles. Uno de los casos más recordados fue su defensa de los trabajadores de INSUD La Matanza, enfermos de saturnismo por la gran cantidad de plomo en sangre.

“Nunca fuimos abogados de una sola organización. Jamás sectarizamos o sectorizamos ideológicamente la defensa política. Para nosotros los presos políticos eran entidades en sí, independientemente de su postura política”, decía años más tarde Eduardo Luis Duhalde, con quien compartió no solo su militancia en la Gremial sino con quien fundó la revista Militancia.

Fue uno de los que denunció públicamente la Masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972, advirtió ante la prensa que "no hubo intento de fuga" y que los 19 detenidos "fueron acribillados".

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Ortega Peña asumió como diputado nacional en marzo de 1973 bajo el lema “la sangre derramada no será negociada”, en referencia a la masacre de Trelew. Las tensiones con Perón eran cada vez más agudas, y por esos días se trataba el intento de reforma del Código Penal que aumentaba las penas contra las acciones armadas y que a su vez dejaba un vacío legal que podía ser utilizado para declarar acto de terrorismo a las huelgas y distintas expresiones del creciente conflicto social. Perón hace renunciar a los distintos de la Juventud Peronista. Ortega Peña, por el contrario, se quedó conformando un bloque unipersonal, el Bloque de Base, lo que le valió una amenaza directa del propio Perón.

Rodolfo Matarollo, compañero de Ortega Peña en la Gremial de Abogados, recuerda: “lo que él hizo cuando fue Diputado, como él dijo, fue sacar su banca a la calle. Fue un Diputado que estuvo en todos los conflictos habidos y por haber. Que estaba permanentemente en los actos, en las movilizaciones, que iba a visitar las fábricas tomadas, presentó numerosísimos proyectos legislativos”.

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Desde su lugar de diputado denunció el asesinato de tres militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en General Pacheco. Tras la masacre de Pacheco, Ortega Peña afirmó: “estos asesinatos tienen nombre y apellido: Juan Domingo Perón”, frase que sería su sentencia de muerte. Dos meses más tarde, el 31 de julio de 1974, fue emboscado en la intersección de Carlos Pellegrini y Arenales por un comando de la Triple A, en un operativo dirigido por el subcomisario de la PFA Rodolfo Almirón. Más de veinte balazos (ocho de ellos en la cabeza) terminaron con su vida. Su esposa, Elena Villagra, quien lo acompañaba, fue herida.

El asesinato de Ortega Peña conmovió a todo el país. El inmenso velorio en la Federación Gráfica Bonaerense lo demostró. La saña represiva del gobierno peronista se expresó luego brutalmente cuando la caravana que acompañó sus restos al cementerio de la Chacharita fue reprimida llevándose a más de 380 detenidos entre los que se encontraban obreros gráficos, y militantes de la mayoría de las organizaciones de izquierda desde el Peronismo de Base hasta el PST y el ERP.

Alfredo “Cuqui” Curutchet, abogado de Sitrac-Sitram

Es ineludible la referencia a Alfredo “Cuqui” Curutchet si hablamos de abogados comprometidos con las luchas de los trabajadores. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1964 y rápidamente eligió la orientación laboral. Fue detenido el 29 de mayo de 1969 en medio de la huelga general que desató en Córdoba el llamado “Cordobazo”. Dos semanas después fue liberado, pero volvió a ser detenido cuando presentó dos hábeas corpus a favor de otros dos presos: Agustín Tosco y Raimundo Ongaro, dirigentes de la CGT de los Argentinos. Curutchet fue trasladado a la Cárcel de Caseros de Buenos Aires, donde estuvo preso por varios meses.

Cuando recupera su libertad y vuelve a Córdoba y se dedica a asesorar a los sindicatos clasistas Sitrac (Sindicato de Trabajadores de Concord) y Sitram (Sindicato de Trabajadores de Materfer), que agrupaban a los trabajadores de dos empresas que la Automotriz Fiat había instalado en Córdoba, y que habían logrado desplazar a la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y que desde 1970 protagonizan el proceso de radicalización y en marzo de 1971 las fuerzas militares intervienen el SiTraC y detienen a un grupo de delegados y miembros de la comisión directiva de ese sindicato, entre ellos Gregorio Flores y el abogado del sindicato, Alfredo Curutchet.

En 1974 se involucra como abogado del SMATA, cuya conducción había sido conquistada por la línea clasista de René Salamanca (PCR) Fue parte activa de las reuniones del Movimiento Sindical Combativo con sede en Córdoba, donde confluían las conducciones de los gremios gráficos, lucifuercistas y de sanidad con comisiones internas de otros gremios.

Curutchet fue militante del ERP, viajó a Catamarca junto a, entre otros, los abogados Silvio Frondizi, Julio César Marcolli y Manuel Gaggero a defender a los militantes de esa organización detenidos por el intento de copamiento 17º Regimiento de Infantería Aerotransportada de esa provincia, a cargo desde entonces del Gral. Benjamín Menéndez. Luego serían fusilados, y no “caídos en combate” y así lo denunciaron Curutchet y sus compañeros.

A su regreso de un viaje a Santa Cruz también para defender a presos polìticos, es fusilado por la Triple A el 10 de septiembre de 1974, a los 33 años, Su cuerpo acribillado fue encontrado en las piletas de Ezeiza. Días después, es asesinado también Silvio Frondizi. Diez mil personas estuvieron el el velorio de Curutchet y en señal de duelo, el fuero laboral de los tribunales cordobeses cerró sus puertas.

La Noche de las Corbatas

Se conoce así a lo que en realidad no fue una noche sino casi una semana de operativos de los grupos de tareas de la dictadura, cuyo objetivo principal fueron abogados marplantenses que en su mayoría se dedicaba a la defensa de trabajadores y militantes.

Los primeros secuestrados fueron los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio de 1977.

A ellos se agregarían el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y llevados a Mar del Plata. También la compañera de Fresneda, Mercedes Argañaraz, embarazada de ocho meses, María Esther Vázquez de García, su compañero Néstor Enrique García Mantica y José Verde y su compañera.

De aquel grupo de personas detenidas sólo sobrevivieron Ricci y Bozzi, Martha García, Julio Verde y su esposa. Pero a todos los sometieron a brutales torturas.

Las personas secuestradas fueron recluidas en "La Cueva", viejo radar de la Base Aérea ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, devenido en centro clandestino de detención.

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Todos ellos tenían en común la decisión de poner su profesión para acompañar las luchas de las y los trabajadores. Fueron también quienes presentaron habeas corpus por las y los detenidos desaparecidos.

La ley 20.744, de Contrato de Trabajo, sancionada en 1974, que aunque sufrió múltiples mutilaciones desde la dictadura a esta parte, sigue siendo la que articula todo el ordenamiento laboral. Su autor, Norberto Centeno, fue uno de aquellos abogados secuestrados en Mar del Plata, en julio de 1977.

Continuar la lucha al servicio de la clase trabajadora y las luchas

Estas fechas que aquí compilamos no pretenden ser meros recordatorios. En medio de una avanzada de sectores de derecha y sometimiento del país al FMI, donde la prenda de cambio y por donde se ajusta y ataca es los sectores populares y trabajadores, son una oportunidad, para debatir sobre la vital importancia de que la clase trabajadora y los sectores populares cuenten con profesionales que pongan sus conocimientos al servicio de las luchas obreras, de las mujeres, del ambientalismo, de los pueblos originarios, contra la represión y la impunidad.

El CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) es un organismo fundado en 1997 por hijas, hijos y familiares de desaparecidos junto a numerosos abogados y abogadas entre quienes que se encuentra Myriam Bregman, diputada nacional y candidata a Presidenta por el Frente de Izquierda Unidad, Su tradición es heredera de las y los abogados que aquí esbozamos, y su militancia cotidiana está junto a las fábricas recuperadas, con las y los trabajadores ocupados y desocupados, luchadores perseguidos por el poder judicial, familiares de víctimas de gatillo fácil y querellantes en causas de lesa humanidad. Hoy más que nunca, aquella decisión de fundar un organismo que tuviera una perspectiva clasista se afirma como fundamental para las luchas por venir.