Las acusaciones entre los partidos procesistas y las constantes crisis revelan que esta Diada está cruzada por el retorno a la senda autonomista del govern català. Para conseguir la autodeterminación es necesario impulsar movilizaciones que no estén bajo la dirección de los partidos de la burguesía.
Viernes 9 de septiembre de 2022
Más allá de declaraciones irrelevantes como las que se están cruzando estas semanas respecto a la participación de la Diada por parte de los partidos procesistas, y que profundizan en la desmovilización del movimiento independentista, las constantes crisis entre los partidos de la burguesía catalana evidencian no solo las diferencias en sendas hojas de ruta que hay entre ambos, sino también que en su objetivo final no difieren en nada ni tienen división interna alguna. Esto es el retorno a la senda del autonomismo intercambiado por migajas para el pueblo de Catalunya.
En este sentido, la Diada de este año deja un dato tan relevante como ignorado, y es que se da a cinco años del uno de octubre y la posterior huelga general del 3O de 2017. Cinco años en los que el procesismo ha conseguido consolidar este desvío autonomista y dejar por el camino las demandas democráticas por el derecho a decidir de millones de catalanes y catalanas que salieron aquellos días en defensa de estas aspiraciones.
Un momento histórico que tanto ERC como Junts empezaron a desactivar desde el mismo momento en que se hacía el recuento del resultado del referéndum, y en el que ni siquiera la CUP dio continuidad en la lucha del movimiento democrático en las calles, impulsando en aquel momento una estrategia de unidad nacional con los mismos partidos de la burguesía y sin oponer resistencia enfrente el Régimen del 78 y unas instituciones españolas que todavía hoy se vanaglorian de la represión efectuada contra el pueblo catalán.
Vale recordar que el gobierno entre ERC y Junts es el mismo que ha dejado pasar todo ataque del Estado español. Es el caso, por nombrar solo los últimos, del espionaje a los dirigentes catalanes a través del CatalanGate, o la sentencia del 25% que obliga a las escuelas catalanas a liquidar la inmersión lingüística que tanto costó imponer a las clases populares y que se ha mantenido en las últimas décadas. Todo, mientras los que hablan de independentismo mayoritario negocian con el Estado central.
A la vez, mientras los partidos procesistas mantienen la vía judicial como única brecha de enfrentamiento con el Estado español, como es el caso de la resolución no vinculante de la ONU o la misma sentencia del 25% que permanece de momento en el TC, el propio gobierno catalán negocia traspasos de competencias e infraestructuras a cambio de vender las aspiraciones independentistas del movimiento democrático catalán en tablas de diálogo o reuniones bilaterales con el gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Recordamos que ERC también aprobó los presupuestos generales del 2022 a cambio del 6% en catalán de la ley audiovisual, así como un aumento del 19% en las inversiones en Catalunya y otros traspasos que finalmente no se han acabado ni de concretar, y desde la misma formación afirman que participarán de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 "porque es lo que merece la ciudadanía de este país".
Unas cuentas, los de 2023, que vienen firmados por adelantado como los presupuestos del aumento del gasto militar para conseguir el 2% del PIB en 2030, duplicando la partida actual de acuerdo con las exigencias de los Estados Unidos y el OTAN a seis meses del inicio de la guerra en Ucrania. Todo esto, además, aliñado con una crisis energética y una inflación desbocada que se está comiendo los jornales en toda Europa y que en el Estado español se eleva hasta un 10,4% de la subida de precios, frente a poco más del 2,5% de los salarios. Es decir, que todo el peso de esta nueva crisis recae sobre la clase trabajadora.
Un apoyo favorable en los presupuestos, por parte de ERC y Juntos, que no son inverosímiles, teniendo en cuenta que también durante la pandemia el gobierno de la Generalitat gestionó la crisis sanitaria a imagen y semejanza del gobierno del Estado español. Una crisis pandémica, además, que sirvió para reforzar la consolidación de esta vuelta al autonomismo para seguir beneficiando las clínicas privadas y la industria farmacéutica entre otros sectores de poder, y mantener la década de recortes en la sanidad pública.
Cuestión que analizado en perspectiva, envidencia también que danvant una crisis mundial como la que se está gestando, el gobierno catalán de ERC y Junts actuará con la misma conducta de salvaguardia de los intereses de la burguesía catalana, a expensas de empobrecer todavía más los sectores populares.
Y es que el verdadero objetivo tanto de ERC como de Junts, por mucho que se llenan la boca en los días especiales de la defensa del derecho a la autodeterminación y la amnistía, no es cabe otro que la vuelta al pez al empollo de toda la vida. Aquello que Cercle d’Economia y Foment anhelan recuperar y que sus representantes polìtics no han parado de buscar desde las últimas dos legislaturas.
Por su parte, la CUP, después de haber votado en contra de los presupuestos del gobierno del 2022, se ha reubicado como una fuerza política a la oposición. No obstante, se ha negado también en todo momento a romper el acuerdo de investidura con ERC y que da estabilidad en el gobierno catalán. Más allá de la política parlamentaria, de los discursos de crítica hacia el gobierno de ERC y Junts, la formación cupaire no ha articulado una verdadera oposición a la hoja de ruta procesista que pase para movilizar las calles que pueda revitalizar el movimiento independentista.
Ante todo esto, no sorprende que los partidos procesistas como "independentismo mayoritario", en este caso sobretodo ERC, no es quieran quedar por fuera, aunque sea algo más simbólico, de las manifestaciones que se convocan para la Diada. teniendo en cuenta que para la consecución de sus objetivos, es elemental, actualmente, el control de las calles, más atemorizados siempre, de que el movimiento pueda desbordarse y avanzar también en otras cuestiones sociales en contra, que no de la represión del Regim del 78.
Y más, teniendo en cuenta que el gobierno de la Generalitat empieza a ser fuertemente cuestionado por sectores de la clase trabajadora, como es el caso de la comunidad educativa que, a través de las históricas huelgas educativas de los últimos meses del curso pasado, ha conseguido una primera victoria enfrente el departamento de Gonzàlez-Cambray. Todo sin poder descartarse tampoco que en el conjunto del Estado español pueda empezar a incrementarse la lucha de clases como respuesta a la crisis mundial y desarrollarse un otoño o invierno "caliente" y que podría afectar también a Catalunya.
Todo esto, además, sin olvidar que bajo el discurso de la amnistía, el gobierno de Catalunya ha acabado alineándose desde el primer momento con la ofensiva represiva del Estado español ante el movimiento independentista catalán, la cual ya amontona más de 4.000 causas judiciales abiertas desde el uno de octubre. No solo enviando a los Mossos d’Esquadra a hacer el trabajo sucio a golpe de porra y detenciones y personándose como acusación particular contra decenas de encausadas, sino reprimiendo a conciencia cualquier proceso de movilización juvenil como fueron las protestas por la detención y encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en 2020.
La hoja de ruta de los partidos processistes solo sirve a los intereses de la burguesía catalana busca de una renovada relación fluida con los círculos de poder y económicos del Estado español, preparando el terreno para ayudar a descargar la próxima crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares como ya va la antigua Convergència de Artur Mas en 2008.
Ante esta situación, la única salida para un verdadero embate con el Estado español es poner de pie una izquierda fuerte que levante el derecho a la autodeterminación y la amnistía ligados en un programa anticapitalista y anti-imperialista contra la crisis económica y energética. Y unirnos con el resto de pueblos del Estado bajo una perspectiva de independencia de clase, impulsar movilizaciones en las calles que no estén controladas por los mismos partidos processistes y reformistas y enfrentar el Régimen del 78.
