Candidatos presidenciales presentaron sus propuestas en materia de seguridad pública frente a familiares de víctimas de la violencia en México.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 9 de mayo de 2018
Organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), este martes se llevó a cabo el foro "Diálogo por la Paz y la Justicia" en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México.
Ante familiares de víctimas de desaparición forzada y de la violencia desatada en México producto de la llamada guerra contra el narco, cuatro de los cinco candidatos a la presidencia de México se presentaron para exponer sus propuestas en materia de seguridad pública. Margarita Zavala se excusó de asistir, alegando otros compromisos previamente agendados.
La actitud hacia Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia (conformada por el Morena, el PES y el PT), fue radicalmente distinta a la que tuvo el poeta Javier Sicilia durante una reunión similar organizada en 2012, en el Castillo de Chapultepec, cuando lo acusó de "autoritario, soberbio y mesiánico" y en donde el tabasqueño rechazó aceptar uno de los polémicos besos de Sicilia.
Tan aplaudido como Ricardo Anaya, Obrador, quien en 2012 pidió no ser colocado en el mismo costal que el resto de los políticos, no alcanzó a diferenciarse en su discurso del resto de los candidatos. Al tiempo en que señalaban el evidente fracaso de la estrategia actual, se posicionaron a favor de una política de seguridad que no resuelve los problemas estructurales que encontraron un catalizador en la expansión del crimen organizado y la militarización.
Anaya, candidato a la presidencia por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, sostuvo de manera velada que la presencia del Ejército en las calles es indefinida, ya que asegura que el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles depende de la "profesionalización y certificación de los cuerpos policiales del país", para lo cual no hay ninguna medida puesta en marcha actualmente. A pesar de que dijo huir de las respuestas demagógicas, su discurso echó mano no sólo de demagogia, sino de cinismo, al señalar a los gobiernos actuales y omitir la responsabilidad de su partido no sólo en iniciar esta "guerra", sino en la aprobación e imposición de las reformas estructurales.
Mientras Anaya, Obrador y Jose Antonio Meade se manifestaron a favor de debatir la legalización de la marihuana, Jaime Rodríguez Calderón la rechazó.
Jaime Rodríguez Calderón, "priista de corazón" pero independiente en la boleta, afirmó que la presencia del Ejército es necesaria. Tuvo que conceder una hipotética "comisión de la verdad" que acompañe la imposición de la Ley de Seguridad Interior, esto ante la evidente pérdida de credibilidad de las instituciones. Esta propuesta también planteada por AMLO, sin embargo, no es sino la renovación de la confianza en el gobierno y en sus instituciones. Ninguna "comisión de la verdad" puede ser formada por iniciativa del Estado, que ha demostrado que su prioridad es velar por los intereses de los poderosos, aún si eso significa imponer sobre las mayorías políticas de terror y "verdades históricas".
José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue, como Rodríguez, interrumpido en varias ocasiones por reclamos de familiares presentes, para quienes sin duda Meade encarna los tropiezos de la administración actual de Enrique Peña Nieto. Respaldó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y abogó por la capacitación de cuerpos policíacos locales.
En estas elecciones, más allá de los matices en los discursos, en la agenda de los candidatos a la presidencia no está el fin de la militarización del país, que es la causa de los cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, y que ha sido el clamor de las movilizaciones durante los últimos sexenios.
El combate a la inseguridad no es más que un discurso para justificar la presencia de las fuerzas represivas en las calles, mismas que, junto a los distintos niveles del Estado, se han asociados y sido parte de las mafias del llamado "crimen organizado" en el país.