Día Internacional de los Derechos Humanos. Dictadura: los empresarios también son responsables

En Argentina los procesos judiciales contra los responsables del genocidio se conquistaron gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y otras organizaciones que no bajaron los brazos y luchan en las calles contra la represión y la impunidad.

Parte de la maquinaria represiva de la dictadura estuvo compuesta por empresarios, que entregaron trabajadores a los represores con la complicidad de la burocracia sindical e incluso instalaron centros clandestinos de detención y tortura dentro de sus instalaciones: Ford, Techint, Acindar y tantas otras que en la actualidad se la siguen "llevando en pala", continúan gozando del amparo estatal a casi 50 años del golpe.

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A pesar del discurso del peronismo contra la dictadura y el "poder real", la realidad muestra que los pocos empresarios que gracias a la lucha fueron condenados, gozan del beneficio del "arresto domiciliario". Un caso emblemático es el de Ford, que a pesar de que Casación confirmó las condenas a los exgerentes Pedro Müller y a Francisco Jesús Sibilla, a diez años y doce años de prisión respectivamente, continúan en sus casas.

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Los que armaron el golpe

Las grandes empresas no sólo aportaron recursos económicos a los militares, si no que muchas tuvieron dentro de sus instalaciones centros clandestinos de detención y dirigían el secuestro de los trabajadores, entregando sus datos y señalando a quienes eran los que molestaban a sus planes de mayor explotación.

Desde 1973 miles de trabajadores pusieron en pie comisiones internas y cuerpos de delegados que peleaban por mejores condiciones de trabajo y contra los planes de ajuste del gobierno peronista como en el Rodrigazo.

Esa enorme fuerza de miles y miles de obreros en la zona norte, sur y oeste del Gran Buenos Aires, conformaban las Coordinadoras Interfabriles que llegaron a organizar a más de 130.000 trabajadores.

Pero también lo que estaba en cuestión era la lucha contra contra la explotación y por cambiar la sociedad de raíz.

El orden capitalista estaba siendo cuestionado y en el mundo experiencias de ese tipo eran ejemplo para toda una generación. La clase empresaria tomó nota del peligro que el cuestionamiento de miles de trabajadores, ponía en jaque el orden establecido.

Los registros posteriores a la dictadura destacan que una amplia mayoría de desaparecidas y desaparecidos integraban la clase trabajadora, eran obreras y obreros, docentes, profesionales asalariados, a quienes se suma un alto porcentaje de estudiantes y artistas. Este dato es otra muestra que grafica el genocidio de clase.

Golpeando las puertas de los cuarteles

La cámaras empresarias ya desde 1975 venían llamando a viva voz a los militares para que se hagan del poder y pongan "orden", es decir, terminar con la vanguardia obrera que cuestionaba sus intereses.

En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la APEGE, cuya finalidad política fue promover el golpe de Estado. La APEGE agrupaba a casi la totalidad del empresariado nacional y del imperialismo: Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural, la Confederación de Sociedades Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), y cámaras empresariales de diversos sectores (construcción, comercio, grandes tiendas, importadores, exportadores, supermercados y bancos).

El 4 de febrero de 1976 se publicó una solicitada con una serie de demandas al gobierno, donde instaban a que: "El gobierno asegure el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresario; la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas” (Diario La Nación, 1976).

Empresarios genocidas: Después de casi 46 años, impunes

Sobradas pruebas existen sobre el rol de las grandes empresas en el golpe genocida del 76. En 1984, el informe Nunca Más, elaborado por la Conadep, registra la existencia de un centro clandestino de detención en los conventillos en los que vivían los trabajadores del Ingenio La Fronterita en Tucumán y el testimonio de los obreros de Acindar, en Santa Fe, que da cuenta de la participación de la empresa en la represión y del funcionamiento de un destacamento policial que fue usado como centro clandestino de detención. En 1985, la sentencia del Juicio a las Juntas, primera comprobación judicial del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, logró determinar los secuestros de varios trabajadores de Mercedes Benz.

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A fin de disponer de fondos para la “campaña antisubersiva”, se creo el Fondo Patriótico Azucarero, al que aportaron los grandes cañeros y los industriales azucareros. No casualmente la mayor parte de los desaparecidos eran obreros azucareros, peladores de caña y jornaleros, entre ellos, casi al totalidad de los delegados organizadores de las huelga de 1974.

Apenas iniciado el Operativo independencia fueron destruidos los Sindicatos del Ingenio San José, Santa Lucía, Providencia y Ledesma, y se organizaron centros clandestinos de detención en varios ingenios como el de Famaillá, Nueva Baviera y Lules. No es de extrañar que años después, las campañas electorales de Bussi fueran financiadas por los Bulgheroni, Arrieta, Padilla, Sierra Morales, entre otros.

En el juicio por los crímenes de Campo de Mayo, declaró el sobreviviente Héctor Ratto. Relató la historia de organización y lucha de los obreros de la Mercedes Benz, y contó que el año 75 llegaron a tomar la fábrica en una gran lucha contra la burocracia del SMATA, y lograron imponer delegados votados por la base y distintas reivindicaciones. Luego del golpe se tomaron revancha; Ratto refirió que las patotas del Ejército secuestraron a los delegados y activistas, y él mismo presenció cuando el gerente de producción Juan Tasselkraut le entregaba a miembros de un grupo de tareas el domicilio de un delegado que desapareció ese mismo día.

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Vale mencionar que la automotriz alemana "donó" un equipo de neonatología al hospital militar de Campo de Mayo, donde nacieron más de 200 niños y niñas en cautiverio y de los cuales aún hoy continúan apropiados. Además, un informe presentado por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos señala que esta empresa utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de los campos de concentración del régimen nazi, al igual que sus colegas de Ford.

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La represión a los trabajadores también fue puesta de manifiesto en testimonios brindados en los Juicios por la Verdad. En 1998, un trabajador de Alpargatas explicó que fue secuestrado durante una huelga y que los policías que se lo llevaron le dijeron “que los tenía que acompañar porque había una denuncia de la fábrica de alpargatas”.

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Los pocos que fueron condenados, están en sus casas

En el auto de elevación a juicio de la causa Ford se destaca la importancia del análisis del contexto político y social y se puntualiza que “la eficiencia y productividad tan añorada por los empresarios se topaba con un enemigo puntual, la ‘comisión interna’, y pareciera que este análisis de la situación fue compartida con las fuerzas armadas que usurparon los poderes donde se objetiva el Estado, ya que según las estadísticas de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas fueron los obreros quienes más sufrieron la violencia del régimen”.

Los directivos de la empresa Pedro Muller, Guillermo Galarraga y Francisco Jesús Sibilla, fueron procesados por “haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías-glosadas a legajos personales de la empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos” y “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte, para que sus dependientes fueran interrogados”.

En ese lugar varios trabajadores fueron “golpeados, maniatados, tapándoles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”. Pedro Troiani, ex obrero y delegado sobreviviente declaró en el juicio: “Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el quincho de la Ford”.

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Recién en diciembre de 2018 Muller y Sibilla fueron condenados a 10 y 12 años de cárcel, pero siguen gozando de su cómoda libertad ya que la sentencia no está firme. Galárraga murió impune.

Otro de los que no llegó al juicio gracias a los años en que la "justicia" los mantuvo impunes es Juan María Courda, ex presidente de Ford.

En un discurso pronunciado el 13 de mayo de 1980 en la inauguración de la planta de camiones en el predio de Pacheco, Courad sin ningún pudor manifestó: “A partir de marzo de 1976 estábamos enfrentados a un desafío. En la República Argentina se había iniciado un proceso, un cambio de sistemas, un cambio de filosofía integral. Había que cambiar la mentalidad. En nuestro caso había una decisión empresaria y, con nuestros actos y procedimientos, demostramos cuál era esa decisión".
Más claro, echale agua dice el dicho.

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Empresas con centros clandestinos

Christian Castillo mientras fue diputado provincial del PTS/FIT, denunció en la legislatura bonaerense la impunidad de los empresarios partícipes de la dictadura genocida y presentó un proyecto de expropiación de “El Quincho”, ex Centro Clandestino de Detención ubicado en la planta de FORD de General Pacheco.

En ese momento Castillo denunció que “se acaban de conocer cuatro fallos favorables a las patronales con responsabilidad directa en el genocidio. Carlos Pedro Blaquier, el propietario del ingenio Ledesma y responsable de los asesinatos en la ‘Noche del Apagón’ (…) ha hecho pesar su poder económico para quedar sin falta de mérito por las desapariciones en Ledesma. (…)

Y aseguró también: "Vicente Massot, editor de La Nueva Provincia, con responsabilidad en la desaparición de trabajadores de su empresa y uno de los voceros más decididos en la defensa del golpe de estado y el genocidio. Se lo dejó con falta de mérito. No se ha citado a Magnetto, a Noble y a los Mitre por la responsabilidad en la causa de Papel Prensa. Dejaron con falta de mérito a Bottinelli, directivo de editorial Atlántida por el caso de Thelma Jara, cuando las revistas Somos y Gente fraguaron entrevistas para hacer propaganda a favor de la dictadura militar. Además cuando Alejandrina Barry era una niña fue presentada en aquella revista como un ejemplo de cómo los “subversivos” abandonaban a sus hijos, cuando sus padres habían sido asesinados por el operativo Cóndor".

El caso de Pedro Blaquier es paradigmático. El andamiaje judicial y político para que permanezca impune el dueño del Ingenio Ledesma, llega a la Corte Suprema de la Nación, que cajoneó por más de seis años la causa que permitiría condenarlo por su responsabilidad en el Apagón de Ledesma y la desaparición de 400 obreros azucareros, estudiantes, militantes, sindicalistas y trabajadores..

Durante esos seis años se paralizaron las investigaciones, obstruyendo el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia.

Recién a mediados de este año, la Corte hizo lugar al recurso extraordinario federal planteado por el Ministerio Público Fiscal contra las faltas de mérito dictadas a favor de Carlos Pedro Teodoro Blaquier y Alberto Enrique Lemos.

Tres largos meses después, en octubre, el juzgado federal Nº 2 de Jujuy elevó la causa a juicio oral y público. Resta aún que Blaquier se siente en el banquillo de los acusados.

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La patria contratista y genocida

Con el objetivo de lograr base social en la población, durante el Operativo Independencia primero, y a partir del golpe del 24 de Marzo de 1976 después, se realizaron numerosas obras públicas financiadas por los organismos de crédito internacional, como el FMI y el Banco Mundial. De esta forma se daba lugar a un plan perfecto para los capitalistas. Obras Públicas que le daban millones a empresarios de la construcción que amasaron fortunas, entre ellos a la familia presidencial que en 1973 era propietaria de 7 empresas, y finalizada la dictadura esa suma ascendía a 47.

Antes de caer, los militares genocidas le dieron un último regalito al grupo Macri y otros empresarios: la estatización de sus deudas. Así es que en 1982, Domingo Cavallo, que estaba al frente del Banco Central, dictaminó la estatización de la deuda del grupo Macri que ascendía a 170 millones de dólares.

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Empresas nacidas en dictadura

Empresas como Di Bacco, Tensolite, Viluco (Lucci), Loma Negra, Minetti, entre otras, nacieron en este período, crecieron en forma extraordinaria o se instalaron en al zona por los beneficios fiscales.

Vale mencionar el caso de Clarín y La Nación con el gran negociado de Papel Prensa, robada a los Graiver en la sala de torturas y entregada a las dos empresas mediáticas a cambio de seguir haciéndoles propaganda a los genocidas.

Además la estrecha relación entre Ernestina de Noble y los militares, implica que aún hoy se desconoce el origen biológico de sus herederos Marcela y Felipe, no descartándose que puedan ser hijos de desaparecidos cuyas pruebas de ADN no estén incorporadas al Banco Nacional de Datos Genéticos .

Estas mismas empresas, fueron parte de la patria contratista en los80 y se beneficiaron de la flexibilización laboral en los90. Durante el kirchnerismo se la "llevaron en pala" y ahora con los funcionarios/gerentes del gobierno de CEOS amasan fortunas, mientras descargan el ajuste contra el pueblo trabajador.

La deuda externa tiene dueños

La medida impulsada por Domingo Cavallo, por entonces presidente del Banco Central, de estatizar las deudas del sector privado, implicó importantes beneficios para más de 70 empresas y un aumento exponencial de la deuda externa argentina en el período de la dictadura.

Años después, el juez Ballesteros llevó adelante una investigación que estableció la trama de esa descomunal estafa. Sevel, la automotriz de Franco Macri, adeudaba 124 millones de dólares en 1983 que fueron licuados por el Estado, Acindar 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, 62 millones. Corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat y el sector financiero, integran el listado. El perjuicio que ocasionaron al Estado fue calculado en 1983 en 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años.

El 17 de noviembre de 1982 se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. La deuda estatizada ascendía a USD 14.5 mil millones. La mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto, se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y las sucursales radicadas en Argentina, es decir, auto-préstamos y maniobras fraudulentas. Al finalizar la dictadura, la deuda había aumentado un 449%. La misma había ascendido de 8,2 mil millones en 1976, a 45 mil millones en 1982.

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A casi 46 años del golpe la lucha contra la impunidad y el ajuste continúa

Ante el acuerdo con el FMI que está cerca de confirmarse y con él más planes de ajuste y hambre, este sábado seamos decenas de miles los que llenemos la Plaza de Mayo junto a las organizaciones sociales, de trabajadores y la izquierda que convocan a esta actividad para decirle no al Gobierno que pretende pagar una deuda ilegal a costa del hambre del pueblo trabajador.

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