×
×
Red Internacional
lid bot

VOLCÁN DE FUEGO. Diez claves de la crisis del gobierno en Guatemala tras la erupción del volcán

Ante la vulnerabilidad del pueblo frente a la catástrofe, la indolencia y corrupción del gobierno, exigen renuncia del presidente.

Viernes 15 de junio de 2018

1. Según cifras oficiales, 110 personas murieron ante las consecuencias de la erupción y otras 197 están desaparecidas tras la erupción del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio. La pregunta que está en todas las bocas es por qué los pueblos de los alrededores no fueron evacuados. Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, afirmó que la “zona cero” estaba integrada por 187 viviendas. Pero era domingo, y las familias del lugar eran numerosas. Se sospecha que la cifra de muertos es muy superior.

2. Con la erupción del volcán estallaron también las brutales desigualdades sociales. A la comunidad San Miguel Los Lotes no llegó ningún aviso. Al Resort la Reunión, un campo de golf que estaba en las faldas del volcán, hubo advertencia y evacuación para las 300 personas que se encontraban allí. No fue casualidad. El Insivumeh (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología) no cuenta con internet ni electricidad en uno de los puntos más vulnerables de Guatemala ante la actividad volcánica. El resort le daba acceso a esos servicios a cambio de que la institución les diera acceso a sus informes rápidamente.

Detalle del Resort La Reunión, antes de la erupción del Volcán de Fuego de Guatemala

3. La indolencia gubernamental no tiene límites. Jimmy Morales, el presidente, llegó a afirmar que el gobierno guatemalteco no tenía fondos para hacer frente al desastre natural, y los medios de ese país lo desmintieron.

Julio Sánchez, vocero de la Conred, asevera que la catástrofe los tomó por sorpresa, que ellos cumplieron y que hay pobladores que se negaron a evacuar. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), 3,652 personas continúan alojadas en 18 albergues en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Suchitepéquez. Son 1.7 millones las personas afectadas. El volcán sigue en actividad y se produjeron deslaves ante las copiosas lluvias que azotan el territorio guatemalteco. El Pacaya, otro volcán que se encuentra a solo 20 kilómetros de Ciudad de Guatemala, la capital, está activo también.

4. Hace 30 o 40 años las faldas del volcán comenzaron a poblarse, según relataron sobre vivientes a corresponsales de la revista Proceso. Eran terrenos de bajo costo, los únicos a los que podían acceder familias campesinas. “Aprovechamos para plantearles a todas las personas que viven en zonas de alto riesgo que por favor nos ayuden a poder prevenir este tipo de situaciones. Hay muchas viviendas cercanas a ríos, cercanas a barrancos, en laderas, necesitamos el apoyo de todos” fueron las palabras de Jimmy Morales, el presidente, que desataron la indignación.

5. En Escuintla, el departamento donde está el Volcán de Fuego, 52.9% de la población está en condiciones de pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014. A su vez, de acuerdo con datos del Fondo Guatemalteco de la Vivienda (Foguavi), el déficit de vivienda en este país centroamericano es de 1.2 millones. El 61% de la población reside en casas sin servicios elementales como agua o luz, y están ubicadas en zonas de alto riesgo y el 39% de las familias más pobres carece de vivienda.

Así quedó la aldea San Miguel de Los Lotes luego de la erupción

6. El gobierno de Morales evidenció su negligencia. Pobladores sobrevivientes denuncian a las autoridades por no excavar más en la zona cero. No hay suficiente ayuda para recuperar los cuerpos de las personas que quedaron enterradas bajo las cenizas. Las autoridades no permiten acceder a los habitantes a las aldeas más afectadas, pero éstos buscan otros caminos. Temen que el gobierno decrete el área como “inhabitable”, lo transforme en cementerio y cese las tareas de búsqueda, como sucedió en 2015 en el Cambray, en Santa Catarina Pinula, ante un deslave que trajo como consecuencia alrededor de 300 fallecidos. Quince días luego del desastre, cesaron las labores de búsqueda y rescate y se decretó que el terreno era a partir de entonces un panteón.

7. El sábado 9 de junio ya hubo protestas: miles de manifestantes, entre ellos universitarios y activistas sociales, exigieron la renuncia del presidente. “No tenemos presidente. Jimmy, el pueblo te queda grande. Fuera Jimmy” coreaban. El martes 12 se llevaron a cabo nuevas manifestaciones protagonizadas por agrupaciones campesinas, de la que participaron el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el Comité Campesino de Altiplano (CCDA) y la Asamblea Social y Popular de Guatemala.

Denuncian la criminalización de activistas campesinos que defienden el territorio y la tierra. Señalan que de enero a junio, fueron asesinados 13 defensores de derechos humanos del CODECA, el CCDA, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Agroindustria de Caña de Azúcar, la Comunidad Indígena Chorti’ Morola y la Pastoral Social de la Tierra fueron asesinados, y que se atentó contra la vida de dos dirigentes más del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Exigen la inmediata renuncia del presidente Jimmy Morales y de los diputados que aprovecharon la tragedia para votar “reformas al financiamiento electoral ilícito, para reducir las penas por este delito; la anulación de la prohibición del transfuguismo dentro de ese organismo; modificaciones a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales y una posible amnistía a militares condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno”, según informa el portal Cerigua.

8. Mientras tanto, como sucede ante este tipo de tragedias, el pueblo guatemalteco ha extendido su solidaridad a los damnificados. Se donaron decenas de miles de kilos de comida, ropa o víveres que se reunieron en Escuintla y Alotenango, pero las autoridades ni siquiera informaron cómo se distribuirán. También se multiplicó la ayuda de voluntarios en los albergues, así como en las zonas devastadas.

9. En este contexto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó la cancelación del partido de Jimmy Morales, el Frente de Convergencia Nacional, por financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2015, con la que llegó al poder. También se procesó a empresarios que participaron de ese financiamiento, como José Fraterno Vila Girón, Salvador Paiz Del Carmen y José Torrebiarte Novela, entre otros.

Si este proceso se concreta, 37 diputados del partido hoy oficialista perderán su bancada, hoy mayoritaria en el poder legislativo. El partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que suma 29 representantes, ocuparía los puestos vacantes.

Te puede interesar: Con Jimmy Morales la vieja contrainsurgencia llega al poder

10. La desidia gubernamental ante la tragedia producida tras la erupción del Volcán de Fuego, junto con los escándalos de corrupción que protagonizó el gobierno de Morales –quien llegó al poder tras masivas movilizaciones contra Otto Pérez Molina, su antecesor en la presidencia guatemalteca– demuestran de nueva cuenta que nada bueno pueden dar a los trabajadores, los campesinos y el conjunto de los sectores populares los partidos que gobiernan al servicio de los empresarios, las trasnacionales y el imperialismo estadounidense.

Con información del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), Público.es, República (Guatemala), Proceso, Aporrea y Milenio