Legalización. Diez claves de la legislación sobre marihuana en México

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicara ocho tesis de jurisprudencia sobre el uso lúdico de la marihuana, en las que determinó que prohibirlo es inconstitucional, todos los juzgados del país deberían otorgar amparos a quienes lo soliciten.

La marihuana sigue siendo ilegal.

Según la SCJN, prohibir el consumo de la planta atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, de conciencia y expresión y no es una medida proporcional para salvaguardar la salud ni el orden público. Te presentamos algunas claves sobre esta resolución y algunos datos más:

1. El cultivo y consumo de marihuana con fines lúdicos debe contar con un permiso tramitado por la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris), a quien la SCJN estableció como la autoridad a quien corresponde determinar la modalidad y cantidad máxima de adquisición de semillas de la planta.
2. La expedición de este permiso, sin embargo, está prohibida por la ley vigente. Aquí es donde entra en efecto la jurisprudencia emitida por la SCJN, toda vez que, al recibir la negativa por parte de la Cofepris, se podrá acudir ante un juez de distrito en materia administrativa para solicitar la aplicación de los nuevos criterios. Tras obtener el amparo, la Cofepris deberá entregar el permiso solicitado.
3. El amparo permite el uso personal, siembra, cosecha, transporte y todo lo relacionado con el consumo personal.
4. Las tesis de la SCJN no incluyen la producción ni el comercio de la planta. Tampoco ahonda sobre la manera en la que se podrá adquirir la semilla para su cultivo legal, dado que las leyes mexicanas consideran la semilla del cannabis como un producto prohibido.
5. Actualmente han sido presentadas tres iniciativas para la despenalización del consumo lúdico de la planta: una por Movimiento Ciudadado, una por el PRI y otra por Morena.
6. La iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano propone modificar Ley General de Salud para permitir la siembra, cultivo, cosecha, posesión y transporte de la planta con fines recreativos y comercialización de sus derivados.
7. La iniciativa presentada por el PRI contempla incrementar la cantidad de marihuana portable de manera legal, de 5 a 28 gramos. También contempla la legalización del cultivo y la posesión.
8. Morena, por su parte, propuso la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Consumo de Cannabis, así como una Ley general para la regulación de la planta. Esta propuesta eleva a 30 gramos la cantidad portable permitida y contempla el cultivo personal de hasta 20 plantas, con una producción máxima de hasta 480 gramos al año.
9. La prohibición de integración vertical del mercado (medida que pondría un "candado" al monopolio de la producción, transporte y venta de la planta) fue dejada en leyes secundarias, lo cual deja la puerta abierta al accionar de oligopolios que ya se frotan las manos para entrar a este negocio que, hacia 2020, podría tener un valor de 30 mil millones de dólares.
10. Aurora, empresa que controla (y lucra) a nivel mundial con el cannabis medicial, adquirió Farmacias magistrales, que cuentan ya con una licencia de investigación otorgada de manera irregular por la Cofepris, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Integrantes del Morena han justificado el retraso en la legislación de este tema por la atención que requerían otros temas "priotarios" para el Gobierno Federal, tales como la Guardia Nacional. La falta de consenso en el Congreso es otro de los motivos con que se justifica que la discusión de las distintas iniciativas se encuentren relegadas.

La regulación del consumo lúdico del cannabis requiere de políticas públicas integrales, mismas que de ninguna manera vendrán de la mano de quienes se benefician de la criminalización, la ilegalidad y ahora, de quienes buscan hacer negocio de la legalización.

El camino que ha emprendido el Gobierno Federal, que continúa en la senda de la militarización y la profundiza, contradice el discurso del oficialista Morena en torno a la legalización, al mantener en los hechos el principal eslabón en la cadena de violencia a la que presuntamente se busca poner fin con la regulación de la planta. Mientras los esfuerzos legislativos de todos los partidos benefician a unos cuantos, la criminalización de los consumidores continúa.