Una de las agrupaciones de trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la ANDEDH (Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos) se encuentra en paralización hace 10 días, denunciando contrataciones irregulares e intransigencia de parte del Directorio del Instituto.
Jueves 17 de junio de 2021
Los y las funcionarios/as de la ANDEDH denuncian en su declaración: “Graves situaciones de desorden administrativo con respecto al presupuesto institucional, donde se destacan el incremento discrecional y constante de sueldos entre asesores, y la contratación de personas sin procesos de concurso y funciones claras con altas remuneraciones.”
La movilización se inició el 7 de junio debido al abuso de los recursos fiscales y la “selección a dedo” de personal para equipos de dirección. Lo que en palabras del presidente de la ANDEDH, Luis Guerrero Paredes, “pone en riesgo además la independencia institucional que es uno de los pilares establecidos en los principios de Paris para todos los INDH del mundo. Vale decir, si es que una institución nacional de DDHH no goza de la suficiente independencia, ¿Cómo es posible después desarrollar los pronunciamientos que deben hacer contra los agentes del Estado o contra distintas instituciones que fuesen vulneradoras de DDHH…?”
Esto se enmarca en una situación que, denuncian, responde al modelo administrativo que asumió Sergio Micco (Ligado a la DC), cuestionado Director del INDH, quien según denuncian ha incorporado personas sin procesos de selección.
Dicho cuestionamiento llega en un momento difícil para Micco, quien se ha visto ampliamente criticado por haber cambiado de manera unilateral el criterio para el conteo de cifras de víctimas de trauma ocular, pasando los registros del INDH a contabilizar tan sólo 173 víctimas, cuando organizaciones de víctimas y otras como “Los Ojos de Chile” cuentan alrededor de 500.
Este cambio de criterio fue una decisión que Micco ni siquiera consultó al Directorio y que se basa en contabilizar tan sólo a quienes hayan decidido denunciar o judicializar junto al INDH, cuando es sabido que muchas víctimas no judicializan sus casos por temor o desconfianza.
Los cuestionamientos a Sergio Micco han llegado a tal punto que desde Londres 38 exigieron su salida del INDH, donde su abogada asesora, Karinna Fernández, sostuvo que ya se había exigido en abril mayor transparencia en la información.
Respecto a la movilización de la ANDEDH, el día de este lunes se revalidó un paro indefinido y absoluto, “…centrado en la necesidad de que se tomen medidas suficientes para el reforzamiento de los equipos de soporte, la eliminación de algunas prácticas institucionales que han generado un estado de sobrecarga laboral y emocional abrumadora en un gran número de funcionarios y funcionarias, y principalmente que cesen acciones de maltrato e intervención de los equipos.” según comenta Luis Guerrero
La paralización que fue revalidada de manera absoluta a comienzos de la semana tras recibir una respuesta insatisfactoria de parte de la Dirección permite la mantención de actividades básicas como la recepción de denuncias.
Las y los trabajadores de la ANDEDH enfrentan a un Directorio intransigente que, según denuncian, cortó el diálogo con la Asociación luego de que el medio Interferencia detallara en una investigación el cambio de criterio realizado por Micco en el conteo de víctimas de trauma ocular.
Las críticas a la gestión de Micco no han sido menores, más por su papel durante la rebelión y las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno de Piñera.
De hecho, Luis Guerrero comenta que: “…estamos instando por la urgente y necesaria acción del INDH en cuanto a que se exija al Ministerio del Interior que entregue la información solicitada en febrero del 2020 respecto a cuántas veces ha sido invocada la Ley de Seguridad Interior del Estado en querellas en que se ha hecho parte el Ministerio del Interior.
Esta información está pendiente de entregarse al INDH desde el 2020, y el INDH mantiene una actitud pasiva, pese a que esta información podría ayudar a esclarecer o a catastrar la cantidad de presos y presas políticas que existen en el país.”
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