El ministro de Justicia Alexandre de Moraes, dijo que la Policía Federal realizó detenciones en 10 provincias. Se hicieron bajo la ley antiterrorista sancionada por Dilma Rousseff.
La Izquierda Diario @izquierdadiario
Jueves 21 de julio de 2016 16:18
Este jueves (21) el ministro de Justicia Alexandre de Moraes participó de una conferencia de prensa para “aclarar” la prisión de un grupo sospechoso de participar de una célula que planeaba realizar acciones terroristas durante las Olimpiadas en Río de Janeiro. Según el ministro, la Policía Federal cumplió diez mandatos en 10 provincias del país.
Los encarcelamientos fueron realizados sobre la base de la ley antiterrorista, sancionada por Dilma Rousseff. Según Alexandre de Moraes, la ley permite que sean detenidos sospechosos de crímenes aun no realizados, según lo que se denomina “actos preparatorios”, como por ejemplo en el caso de estos sospechosos, la intención de comprar armas de fuego y comenzar entrenamiento en artes marciales. Moraes afirmó que “un posible líder, miembro del Estado Islámico” orientó el grupo a pensar formas de financiamiento para el entrenamiento de los miembros del grupo.
Moraes afirmó además que los sospechosos se organizaban por internet a través de redes como WhatsApp y Telegram y no forman una célula organizada. Es un grupo amateur que nunca cometió ningún acto ejecutorio, es decir, nunca cometió ningún acto terrorista o cualquier tipo de crimen. Por internet el supuesto grupo habría tenido contacto una única vez con el Estado Islámico para jurar a la organización.
La investigación hasta ahora no presenta ninguna prueba consistente y se basa en intercambios de mails y conversaciones por WhatsApp. Una de las acciones más graves del grupo fue el intento de comprar un arma. Muchas de las informaciones solicitadas por los periodistas son secretas, el ministro dijo que no puede dar información con respecto a hace cuánto tiempo comenzó la investigación, como tampoco ninguna información sobre los presos.
El ministro concluyó que no será tolerada ninguna acción sospechosa de terrorismo. “Cualquier ciudadano sospechoso será preso y duramente castigado”.
La creciente militarización de Río de Janeiro a medida que se acercan las Olimpiadas, se enmarca en el enorme rechazo de la población hacia el evento que en su mayoría no podrá asistir pero tendrá que pagar sus enormes costos, a pesar de la falta de recursos en los servicios públicos, los altos costos del transporte y la falta de inversión en salud y educación.
Las enormes protestas de la población durante el Mundial de fútbol en 2013, que cambiaron el signo de la situación política del país, actúan como fuerte antecedente para el gobierno golpista de Michel Temer. Con este escenario por delante, hasta las acciones promocionales de los espónsor de las Olimpiadas han tenido que reconocer las fuertes contradicciones sociales en las que se desarrollarán los juegos, como se puede ver en la polémica propaganda protagonizada por el ex jugador de la selección brasilera Ronaldinho.
Respecto de este aprovechamiento por parte del Estado de la amenaza del Estado Islámico, agudizada luego del atentado de Niza, Francia, desde la redacción de Esquerda Diário, en respuesta a la consulta sobre la noticia de las detenciones, afirmaron que “los atentados protagonizados por el Estado Islámico son una aberración reaccionaria, no solo por los asesinatos que promueve sino por la oportunidad que le da a los gobiernos para aumentar la militarización interna.”
“Es claro como el día que el incremento de la militarización y medidas represivas por parte del gobierno golpista de derecha de Temer y Moraes no estará al servicio de ‘actuar en contra del Estado Islámico’ sino de restringir los derechos de manifestación y organización por parte de la población brasilera. Ese fue el principal efecto de los atentados en Francia en 2015, que desembocaron en un estado de emergencia instalado por el gobierno de Hollande que sirvió contra las protestas en repudio a la reforma laboral y para perseguir a la población musulmana de las periferias, y no contra organizaciones fundamentalistas.”
Finalmente desde la redacción del diario afirmaron que “El aparato represivo del Estado brasilero, heredero de captores de esclavos y de dictaduras, persigue, reprime y masacra a la población negra en morros y favelas del país en forma cotidiana. No hay dudas de que esta política –que ya venía siendo conducida por Lula, Dilma y el PT según los intereses de las patronales- se incrementará bajo la excusa del ‘combate a cualquier sospechoso de extremismo’”.
