Desmintiendo la demagogia electoral de Dilma Rousseff, el PT y sus aliados, las primeras medidas económicas del segundo mandato de la presidenta significan reformas neoliberales que eliminan derechos básicos de protección social a los trabajadores y al pueblo pobre.
Sábado 3 de enero de 2015
Reuters
Durante la campaña electoral de octubre del año pasado, la candidata Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) negaron que tomarían medidas antipopulares, confrontando con las propuestas del tucano Aécio Neves y de Marina Silva de implementar, inmediatamente, políticas de “ajuste”, es decir, recortes en los gastos sociales y la eliminación de derechos de los trabajadores y del pueblo pobre. La candidata Dilma llegó a retrucar a Marina Silva afirmando que no se metería con los derechos de los trabajadores “ni que tosa la vaca” (“ni a palos”). Ahora, en el discurso de asunción, la presidenta anunció que su segundo mandato estará determinado por el lema “ningún derecho menos, ni un paso atrás”. ¡Mentiras! Dilma hace “toser a la vaca” e inició un “ajuste” contra los trabajadores y los más necesitados.
El lunes 29/01, tres días antes de la asunción de la presidenta y de los ministros, el país tomó conocimiento de las primeras medidas de “ajuste” económico que afectan principalmente derechos sociales de los más necesitados (mujeres, jóvenes, ancianos, desempleados), lo que más necesitan de protección social: lanzó un paquete con restricciones previsionales como ayudas por enfermedad, pensión por fallecimiento, seguro de desempleo, bonificaciones salariales y derechos laborales. En un país de tamaña pobreza y desigualdad éstos son derechos sociales y laborales de enorme importancia para “proteger” a los trabajadores y a los más necesitados. Fueron conquistas inscriptas en la Constitución Federal por la fuerza de las luchas obreras y populares contra la dictadura militar y de los años 1980-90, la “re-democratización”.
Como ha sido notorio, el PT en el gobierno – actuando como “ejecutivos” de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros – miente y hace demagogia mientras retira derechos laborales y del pueblo pobre para favorecer a los “verdaderos dueños del poder” – las grandes corporaciones industriales, comerciales y de servicios, bancos, financieras y empresas. Lula se vanagloriaba de que en sus mandatos los “empresarios nunca ganaron tanto”. Dilma continúa ese “legado petista”.
“Ajuste” petista: reforma previsional y laboral “en cuotas”
Desmintiendo la demagogia electoral de Dilma Rousseff, el PT y sus aliados, incluso de la izquierda como el PSOL, las primeras medidas económicas del segundo mandato de la presidenta significan reformas neoliberales que eliminan derechos básicos de protección social a los trabajadores y al pueblo pobre. Las medidas anunciadas se configuran como una reforma previsional “en cuotas”, concentrada en disminuir los gastos previsionales (protección social de masas) a costa de los más necesitados.
Con esos cortes y restricciones de derechos el gobierno pretende “economizar” (del dinero destinado a los trabajadores y los más necesitados) anualmente R$ 18 billones.
Sin embargo, no tomó ninguna iniciativa para “economizar” de los recursos destinados a empresarios que, solo en los cinco primeros meses de 2014, dejaron de pagar R$ 42 billones en impuestos, tasas y contribuciones con el “programa de exenciones” del gobierno. Dilma Rousseff tiene una “bolsa de bondad” para los empresarios y un “camión de maldad” para los trabajadores y el pueblo pobre. Al revés del lema presidencial, “menos derechos” para los trabajadores y el pueblo mientras los empresarios, financistas, políticos, altos funcionarios de los tres poderes y corruptos son inmunes a cualquier restricción o gravamen a sus rentas parasitarias y aún perciben (y mantendrán) “exenciones”. Los empresarios seguirán siendo beneficiados con exenciones fiscales, perdones de deudas, disminución de la carga tributaria (Impuesto sobre Productos Industrializados, Impuesto de Renta, etc.) y, ahora, con esa reforma previsional, estarán libres para explotar aún más a los trabajadores, obligándolos a aceptar bajos salarios, jornadas extenuantes y precarización del trabajo ya que ni siquiera tendrán derecho al seguro de desempleo si perdieran el empleo. En un Brasil campeón mundial de accidentes de trabajo los empresarios fueron agraciados con el derecho a “realizar pericias médicas” en la propia empresa, utilizando su servicio médico para decidir si el trabajador enfermo o accidentado en el trabajo tendrá derecho o no a los beneficios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y cuándo deberá retornar al trabajo, de acuerdo con los intereses de la empresa y no de la salud del trabajador. Ni con Aécio Neves o Marina Silva los empresarios recibirían tamaño premio sin costos.
Dilma Rousseff habla de “reforma política” pero gobernará por “decreto”, sin ninguna consulta popular
Desde las grandes manifestaciones de Junio de 2013 Brasil se “despertó” contra los armados y pactos de gobernantes, partidos políticos, jueces y lobistas empresariales. Esta casta “gobernante” resuelve todo a su favor sin que los trabajadores y el pueblo pobre tengan algún derecho democrático a decidir.
Los parlamentarios son una casta al servicio de empresarios y enemigos del pueblo. Los altos funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial (presidente, parlamentarios, jueces, ministros, asesores, cargos de confianza) son una casta que cumple órdenes y determinaciones de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Son enemigos del país y del pueblo, son felpudos de los explotadores.
Contra todo esto, las Jornadas de Junio mostraron que solo la fuerza social y política de los trabajadores, la juventud y el pueblo, organizada y coordinada como una potente arma de combate, puede cambiar la situación a favor de los que trabajan y hacen funcionar la sociedad, eliminando el robo y la explotación.
Dilma Rousseff, nuevamente en su discurso, se refirió a la “reforma política” pero dejó en claro que pasará por encima de las “voces de la calle” (de Junio) utilizando instrumentos antidemocráticos como las Medidas provisorias (“decretos”) para imponer medidas antipopulares sin ninguna consulta popular. Esta es la “reforma política” que le garantiza más “poderes” para actuar como bonaparte autoritaria que “arbitra entre las clases”, atribuyéndose el derecho a “representar a toda la sociedad” en nombre del “bien de todos” (de los ricos contra los pobres). ¡Ni siquiera se presentó un proyecto de ley – método básico de una democracia – para ser debatido públicamente en el Congreso y en la sociedad!
El Congreso Nacional y el poder Judicial son las “oficinas de negocios” de los empresarios
Aunque se hayan escuchado algunas voces parlamentarias contra estas medidas, sabemos que en este Congreso, donde 169 diputados son empresarios además de decenas de otros personajes favorables a ellos (incluyendo sindicalistas vendidos), apenas puede esperarse de los pocos parlamentarios del PSOL alguna reacción favorable a los trabajadores y al pueblo pobre. Pero ni eso es posible asegurar, ya que la mayoría de sus parlamentarios se “abrazó” a Dilma Rousseff en el segundo turno, vendiendo la falsa ilusión de que ella sería “el mal menor” contra las medidas “neoliberales” del tucano Aécio. Esperemos que ahora este partido ponga su estructura parlamentaria y militante al servicio de la movilización contra la “reforma neoliberal” de Dilma.
Derechos consagrados en la Constitución están siendo pisoteados por Dilma Rousseff. Sería de esperar que el poder Judicial (y el Ministerio Público) hicieran valer la Ley Máxima, impidiendo que la presidente (Ejecutivo) retire derechos sumariamente (por decreto). Sin embargo, de los “magistrados” del Supremo Tribunal Federal o demás instituciones de la “justicia” no esperamos más que su sumisión al Ejecutivo (al final, la presidente es la que indica los ministros del Supremo Tribunal). De esta casta política, de los partidos patronales, de jueces y altos funcionarios nada podemos esperar a favor de nuestros derechos e intereses. Después de todo esta casta y sus familiares no viven de la “protección social” ya que tienen a disposición altos salarios, jubilaciones especiales y voluminosas, además de beneficios y participación en esquemas de corrupción.
