En la mañana del lunes (24), luego de la reunión de coordinación política del Planalto (ejecutivo), los ministros Nelson Barbosa (Planificación) y Gilbert Kassab (Ciudades) anunciaron que la presidenta Dilma Rousseff pretende reducir 10 ministerios de los 39 actualmente existentes. La intención es reducir también la cantidad de cargos comisionados y vender inmuebles de propiedad de la Unión.
Miércoles 26 de agosto de 2015
Según informaciones del diario O Globo, en los bastidores del Planalto se habla de terminar con el status de ministerio de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Secretaría de Aviación Civil, Secretaría de Puertos, Ministerios de Pesca y Agricultura, Gabinete de Seguridad Institucional, Secretaría de Asuntos Estratégicos y Secretaría de Derechos Humanos.
Frente a la fuerte crisis económica y política que vive el país, la medida anunciada trae aparejada dos objetivos principales. El primero es señalar una vez más al mercado el compromiso del gobierno con el recorte de gastos y el ajuste fiscal. El segundo es intentar pasar a los trabajadores y la población más pobre, los que más sufren con los efectos de la crisis, la demagógica idea de que están haciendo todo lo posible para “ajustar el cinturón” para superar la crisis.
En la práctica, los propios analistas burgueses alertan que la reducción puede no representar el ahorro de un solo centavo. Eso porque bastaría reducir el cargo de los actuales ministros, remanejarlos como apéndices de otros ministerios y mantener presupuestos y altos salarios intactos.
Aún así, es importante remarcar que hasta ahora tal medida no pasa de intenciones. Para concretizarla Dilma tendrá que tocar las “bolsas de empleo” y en los privilegios de la base aliada y del propio PT lo que, todo indica, será una ardua tarea, más aun en medio de tanto desgaste.
Aun cuando se efectivice, esa reducción no pasará de demagogia para intentar disfrazar la estrategia fundamental del gobierno del PT frente a la crisis: descargar el prejuicio sobre los trabajadores mientras aumenta las concesiones y privilegios de los grandes empresarios y de la casta política controlada por ellos.
Si analizamos el presupuesto de 2014, el gobierno gastó cerca de 978 mil millones de reales (cerca de 278 mil millones de dólares) solo con el pago de intereses y amortiguación de la deuda pública a los banqueros que nada producen. Ese valor representa el 45% del presupuesto federal y supera por lejos la suma de los gastos de todos los ministerios juntos. Por eso, desde el punto de vista de los trabajadores, cualquier acción seria de ahorro de gastos debe comenzar con la exigencia de no pago de la deuda pública.
Medidas como la reducción de ministerios no cuestionan cualquiera de los privilegios de la casta política. Para terminar con los privilegios y la corrupción, tomamos como ejemplo la Comuna de París de 1871. En esa gran experiencia revolucionaria, los trabajadores de París abolieron todos los privilegios de los políticos, determinando salarios iguales a los de un trabajador común e instituyeron la revocabilidad en cualquier momento de los elegidos por parte de los electores. Determinaron medidas como el fin del Senado y la unificación del ejecutivo y legislativo en una única asamblea de representantes revocables.
