BRASIL – EL PODER JUDICIAL PROVEE NUEVAS DENUNCIAS. ¿La operación Lava-Jato puede reavivar el impeachment?

Ya es sabido que el nuevo “héroe nacional” electo por el grupo mediático Red Globo - el juez Sérgio Moro que encabeza la Operación Lava-Jato y con esto las investigaciones del escándalo de Petrobras – tiene como ilustrada esposa a una abogada del PSDB y de la multinacional Shell. Lo que poco se conoce es el resultado de la investigación hecha por Esquerda Diário, a partir de la lectura directa de las actas taquigráficas de las delaciones premiadas de la investigación Lava-Jato y el análisis de la difusión de esas informaciones por los medios.

El sector más lucrativo de Petrobras está blindado en las investigaciones de Lava-Jato. Este sector ya es dominado por los cárteles imperialistas de exploración del petróleo. Los sectores investigados son aquellos en los que las grandes empresas amigas del gobierno petista se instalaron con ayuda del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), en detrimento de sus competidoras internacionales.

La prensa opositora difunde las denuncias que involucran al PT en los intercambios de favores para la instalación de los nuevos parásitos amigos del Planalto (palacio de gobierno) en Petrobras. La prensa petista difunde las denuncias que involucran a los tucanos (PSDB) con los antiguos parásitos, sean nativos o imperialistas. Por detrás de esa “cortina de humo” tucanos y petistas disputan el mejor modelo para profundizar el saqueo de los cofres públicos y la entrega de los recursos naturales del país.

Imperialismo, corrupción y “nacional-desarrollismo petista”

La investigación y la difusión selectiva que caracterizan la Operación Lava-Jato, lejos de significar algún interés noble de justicia o de “limpieza” de los corruptos, es más exactamente un instrumento de disputa entre los distintos sectores capitalistas para ver quién se queda con la mayor parte de la torta (contratos públicos, subsidios estatales, empresas públicas y recursos naturales, etc.). Especialmente los grandes negocios vinculados a Petrobras y al Pre-Sal, expansivo a los negocios más de conjunto que son “facilitados” por el gobierno, como puede verse en las obras de infraestructura y en el mayor frigorífico del mundo, constituido con una nada pequeña participación accionaria del BNDES.

Un método no raro en esa democracia del soborno, donde el Poder Judicial es utilizado para beneficiar a unos sectores capitalistas en detrimento de otros, limpiar la imagen del sistema político y mantener a las masas pasivas y ajenas a ese espectáculo, para que cuando sea posible todo vuelva a la “normalidad” (ahora ya con un nuevo grupo de “amigos del poder”).

La Operación Lava-Jato es como si fuese una empresa promovida por cárteles internacionales del petróleo para remover a los empresarios amigos del PT de los negocios en Petrobras y fagocitarlos para sí. En este camino, recurre a todos los sectores de la oposición (pero por qué no, también del propio gobierno y del PT) que estén dispuestos a “cambiar el status quo”, obviamente ganando una cuota en el nuevo equilibro que está por nacer.

Claro que los petistas prefieren ser parasitados por capitalistas brasileros en lugar de sus análogos extranjeros. Lo que no siempre queda claro es que ese “nacional desarrollismo petista” se unió a la mayor penetración del capital imperialista de la historia del país y que ese capital imperialista ingresó como “socio” menor de todos los grandes negocios “nacionales” o como parásito de la mitad del presupuesto público anual que es destinado a los intereses y amortizaciones de la deuda pública.

Los capitalistas “nacionales” amigos del PT no podrían mas que recurrir al trabajo semi esclavo en los grandes canteros de obras, en las plantaciones del agronegocio y en la industria alimenticia; no solo en Brasil sino también junto a los “hermanos” haitianos, cubanos, bolivianos y de otros países latinoamericanos y africanos algo más pobres que el nuestro.

Girando lo más a la derecha posible dentro de lo permitido por la relación de fuerzas

Para defender su propio “capitalismo de amigos” e intentar administrar las reformas parciales del status actual en crisis, el gobierno del PT está poniendo en pie un ambicioso proyecto de privatizaciones, dentro del cual el “Plan de Desinversión” de Petrobras es el eje. “En busca de recursos para aliviar la caja, el gobierno y grandes estatales preparan el mayor proceso de privatizaciones federales desde la licitación del Sistema de Telebras, hace casi dos décadas. Si todo sigue como lo planeado, Petrobras, Electrobras y la Unión van a recaudar este año más de US$ 18 billones con la venta de activos y participaciones en empresas – el segundo mayor valor anual desde la creación del Programa Nacional de Desestatización (PND), en 1991, abajo apenas de los US$ 24 billones de 1998 (Gazeta do Povo, 14-02-2016).

Dilma decretó que solo las “personas físicas” involucradas en la investigación “Lava-Jato” serán responsabilizadas por la corrupción, mientras que las empresas podrán continuar con sus negocios; al mismo tiempo en que intenta atraer nuevos sectores imperialistas al negocio y aumentar la rentabilidad con despidos, recortes de derechos y desvalorización de los salarios. Aunque el plan sea muy ambicioso, gran parte por ahora no salió del papel. El PT intenta privatizar de a poco y buscando mostrar alguna ventaja en relación al modelo de privatización tucano para no generar mayores crisis con su base social. Ya hacia finales del año pasado enfrentó la mayor huelga de petroleros desde 1995, que mezcló la resistencia a los ajustes con el rechazo a las privatizaciones.

Los proyectos de ley con los cuales el PSDB intenta revocar la reserva del 30% de Petrobras para la exploración de los pozos de Pre-Sal y facilitar la privatización de las estatales empujan a una quiebra más radical del esquema actual para crear un nuevo status quo que lo ubique nuevamente en el poder central. Evidentemente, los carteles imperialistas del petróleo recibirán invitaciones especiales en el baile ofrecido por los tucanos. Pero obviamente esto no significa abandonar antiguos amigos que hoy se encuentran por detrás de las rejas, y sí extenderles la mano en nuevas condiciones. Probablemente un gobierno tucano intentaría implementar ataques aun más duros sobre los petroleros. Aunque los intereses electorales y las necesidad tucana de ganar para su lado sectores que venían privilegiando alianzas con el PT imponen permanentes límites para atenuar una ruptura más radical con el status quo.

Es cada vez más difícil distinguir el “modelo” petista de privatización del modelo tucano. Una de las diferencias, que era la reserva del 85% de los contratos de prestación de servicios e insumos para productos “made in Brasil” (por capitalista nativos o extranjeros) ya fue flexibilizada por una Medida Provisoria de la propia Dilma.

Por más que los proyectos de ley del PSDB abran el camino a una privatización en larga escala, los planes mas lentos del negocio petista, caso sean implementados, no resultarían en un monto inferior.

Frente a ese saqueo de los cofres públicos y de los recursos nacionales en plena luz del día, el gobierno abre la posibilidad de flexibilizar el 30% para Petrobras y la burocracia petista intenta negociar un proyecto común con los tucanos, que por ejemplo no excluya a los sindicalistas de los Consejos administrativos. Son puestos gerenciales para que los dirigentes sindicales de la CUT puedan velar por las privatizaciones dignas del “interés popular”, como han hecho con los fondos de pensión desde los años 90. Sumado al apoyo de la CUT al decreto de Dilma que libera contratos públicos con las empresas que tengan sus directivos y ejecutivos presos, es posible hacerse una buena imagen del “interés nacional” de estos nobles señores. Al final de cuentas, los sindicalistas de la CUT merecen por lo menos una “mordida” de las privatizaciones por los excelentes servicios que prestan “a la clase”.

Ensordecedor es el silencio de la intelectualidad y de la blogsfera petista frente a tamaña canallada. Juntos, la burocracia política, sindical y académica del PT lava las manos uno de otros.

Para preservar el apoyo del capital financiero, a lo largo de 2015, Dilma implementó recortes de gastos en todas las áreas sociales y el aumento de tarifas. La desvalorización del real y la inflación ya provocó a una caída promedio en la renta de 3,7% según datos oficiales. Fueron eliminados 1,5 millones de puestos de trabajo e incluyendo a los jóvenes que se incorporan al mercado, superan los 2 millones de desempleados más que en 2014. El gobierno retiró derechos al seguro al desempleo y de auxilio a enfermedades; y con el apoyo de la CUT instituyó la suspensión de los contratos de trabajo con reducción salarial y subsidios a las patronales en larga escala para “proteger el empleo”. Pero este “esfuerzo” fue insuficiente: la recaudación fiscal sigue disminuyendo, las cuentas continúan deficitarias y el clamor de los dueños del poder y sus medios es por más ajuste y menos derechos.

La necesidad de evitar un desastre electoral en las elecciones municipales de octubre y una rebelión antiburocrática contra las direcciones del PT en el movimiento de masas impone ciertas restricciones a la saña ajustadora y el revival neoliberal obligando al gobierno a negociar algún gradualismo dentro del giro a la derecha. Este es el contexto de fondo de la renuncia del ministro de economía Joaquim Levy. Pero el plan de Lula y Dilma está lejos de ser un “guiño” a izquierda, como alimentan sectores críticos del petismo. Por el contrario, al mismo tiempo que intentan destinar un poco de crédito y subsidios a los sectores empresariales más dependientes del mercado interno, para compensar tamaña “irresponsabilidad fiscal” intentan pasar reformas neoliberales que ni el mismo Fernando Henrique Cardoso (FHC) había logrado hacer, como el aumento de la edad jubilatoria.

Impeachment o no impeachment, esa es la cuestión…

El escenario del impeachment fue alejado porque el Supremo Tribunal Federal decidió por una tramitación de juzgamiento que favorece al gobierno y debilita a los sectores más aventureros de la oposición. Este “contrapeso” dentro del propio poder judicial no se trata solo de la influencia del PT entre los más altos magistrados sino, sobretodo, de la influencia de los capitalistas nativos y extranjeros que dominan la política del país. Mientras tanto estos sectores prefieren evitar que el empeoramiento de la crisis política contribuya a empeorar la crisis económica y usar el fantasma del impeachment como chantaje para empujar al gobierno del PT aún más a la derecha.

A esto se suman las contradicciones internas del propio PSDB. Además de los pactos y precauciones a los que recurren para mantener su participación en los esquemas de corrupción fuera de foco, dependen de ganar una mayoría de aliados al interior del PMDB para que el impeachment sea posible. Si por un lado el agravamiento de la crisis económica y nuevas delaciones premiadas en curso ejercen presiones para que caudillos del PMDB busquen mejor guarida en las alas del PSDB, por otro lado la táctica de intentar incriminar a Dilma por la vía de la campaña electoral empuja al vice Michel Temer y a toda su ala de pesos pesados a los brazos del PT.

En este complejo enmarañado, lo que prima por ahora es una “sangría controlada” del PT para las próximas elecciones y el forcejeo para que Dilma administre las privatizaciones y ataques en un terreno superior. Lo que no excluye la apuesta de que sectores más aventureros de la oposición “arrojen fuego en el circo” para crear un clima nacional que por la combinación de crisis política, económica y social in viabilicé la continuidad de Dilma en el poder.