Como parte del ajuste fiscal que el gobierno de Dilma Rousseff viene implementando desde comienzo de año, fue aprobado un que busca, entre otras cosas, garantizar la amnistía sobre las multas aplicadas por el ente recaudador de impuestos, la Receta Federal, a las iglesias evangélicas y libera al Congreso nacional para la construcción del célebre "Parlashopping".
Miércoles 24 de junio de 2015
La Medida Provisoria (MP - Decreto) 668, originalmente buscaba aumentar el impuesto sobre productos importados y otros, como bebidas, farmacéuticos y remedios. Pero el grupo del presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha (PMDB) decidió introducir el llamado Jabuti (nombre dado a las enmiendas ajenas al texto original de la MP) de las iglesias evangélicas y del "Parlashopping", a modo de trueque por la aprobación de otro proyecto que integra el ajuste fiscal de Dilma.
Este último proyecto, que irá a votación esta semana en el Congreso, consiste en alterar los descuentos en la nómina de pago de las empresas. En caso de ser aprobado, significará que habrá un aumento de impuestos para las empresas. Para que esta parte del ajuste fiscal sea aprobada, Eduardo Cunha y su grupo introdujeron como condición aquellas dos primeras medidas.
Como si no bastara el costo cercano a 1.000 millones de reales (cerca de 325 mil dólares) para la construcción del Shopping Center de Eduardo Cunha en el parlamento, la bancada evangélica logró introducir en la MP 668 una medida que garantizará una exención fiscal por más de 300 millones de reales (casi 100 millones de dólares) para las iglesias.
La Constitución ya garantiza la inmunidad tributaria a templos pero esta nueva medida hará que los líderes religiosos se libren de tributar sobre "comisiones" que reciben para atraer más fieles y diezmos (contribuciones de los fieles). En la práctica, significa dejar de tributar los millones de reales que los pastores ganan por fuera de sus salarios fijos. Tal medida privilegia directamente a las grandes iglesias evangélicas que cuentan, en su gran mayoría, con esas "comisiones".
Los trabajadores pagan los costos de los ajustes fiscales del gobierno de Dilma para que los empresarios y la casta política puedan mantener y ampliar sus ganancias y privilegios.
