El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió mantener el juzgamiento de las cuentas públicas del gobierno de Dilma Rousseff para este miércoles a las 17h.
Miércoles 7 de octubre de 2015
El anuncio fue hecho luego de la reunión a puertas cerradas entre los seis ministros. “La sesión se mantiene”, informó el relator del proceso en la Corte, el ministro Augusto Nardes, centro de un pedido de alejamiento presentado por el Procurador General de la Unión (AGU).
Después de la reforma ministerial y percibiendo un cierto fortalecimiento, el gobierno se aventuró en maniobras para intentar eliminar el principal impulso de lo que podría provocar un proceso de impeachment (sustitución): el juzgamiento de las cuentas públicas (y las “bicicletas fiscales”) de gobierno de Dilma por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
En ese sentido, el Procurador General de la Unión (AGU), Luis Inácio Adams, hizo una comparación entre Augusto Nardes (relator del TCU), y el juez Sérgio Moro, que juzga en primera instancia las investigaciones de la Operación Lava-Jato. “El tribunal es la instancia técnica, como he venido sosteniendo. Este dirigismo en la conducción del relator no está permitido. (…) Vamos a usar el ejemplo del juez Moro, que solo habla en sus informes”, afirmó Adams. El ministro esperaba que la Corte apartara a Nardes del caso y eligiera a un nuevo relator para el proceso de revisión de las cuentas de 2014. Sin embargo, el TCU mantuvo el juzgamiento para este miércoles.
El motivo para el pedido de alejamiento estuvo fundado en que el viernes pasado Nardes supuestamente habría adelantado el parecer previo de su voto, que recomienda el rechazo de las cuentas del gobierno debido a las distorsiones, como las de las “bicicletas fiscales”. También el Ministerio Público de Cuentas (MPC) se definió por la reprobación de las cuentas federales. Nardes niega haber cometido alguna infracción.
Incluso antes de la decisión del TCU de mantener el juzgamiento, Adams afirmó que “recurrir a instancias superiores de la Justicia es algo previsto”, dando indicios de que el gobierno está dispuesto a todo para proteger a Dilma de las acusaciones de irregularidades detectadas en las cuentas de Unión y evitar profundizar las acciones que podrían desencadenar el impeachment
