Como se esperaba, la presidenta Dilma Rousseff concluyó el año 2015 vetando el reajuste de al menos un 16,6% en programas sociales como el Bolsa Familia en la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO).
Martes 5 de enero de 2016
La Ley de Directrices Presupuestaria (LDO) de 2016 fue publicada en una edición extra del Diario Oficial de la Unión, el pasado 31 de diciembre, con un total de 58 vetos. Uno de ellos es la corrección en el plan Bolsa Familia, correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), acumulado entre mayo de 2014 cuando se otorgó el último aumento a este beneficio y noviembre de 2015, fecha del último dato suministrado por el IBGE. El gobierno rechaza la adopción de este índice para ajustar el programa.
El gobierno estudia cómo dar algún aumento al beneficio social que fue clave de su propaganda, incluso siendo el aumento vetado muy inferior a la inflación acumulada desde el último reajuste, realizado 20 meses atrás.
Esta prevista una elevación de R$1,1 billones al presupuesto del programa en relación al año pasado. El gobierno estudia cómo usará este presupuesto, que atiende a 13,9 millones de familias. No está definido, por ejemplo, que sea un aumento lineal. Si esto ocurriera, el beneficio básico mensual por persona pasará de los actuales R$77 a casi R$80. Exactamente, alrededor de R$3 reales.
En las discusiones de la Ley de Presupuesto Anual (LOA) de 2016, el informante del texto, el diputado Ricardo Barros del Partido Progresista (PP), llegó a proponer un recorte de R$10 billones en el presupuesto, medida que no prosperó.
Los líderes de la oposición de derecha aprovecharon para hacer su demagogia habitual. El senador Aécio Neves del PSDB (MG) “lamentó” que “en un momento de grave crisis, los primeros en sufrirla son los que más necesitan”, mientras el líder del partido Demócrata (DEM) en la Cámara, Mendonça Filho (PE), afirmó que la medida “manda la cuenta a los más pobres”.
Del lado petista, la única “respuesta” ofrecida fue conmemorar que el recorte no fuese mayor. “Deberá haber algún reajuste, pero, mientras tanto, hay que mantener el programa tal como está”, afirmó el líder del gobierno en la Cámara, Jose Guimarães (PT-CE). "Si no vetase, tendría que recortar y el gobierno no va a recortar los beneficios de la Bolsa Familia, como quería el Congreso. Es mucha maldad”, afirmó.
Aunque esto no es un ningún alivio para quienes tienen que afrontar la inflación cotidianamente. Para que la cuenta no sea pagada por los trabajadores y el pueblo pobre, la única alternativa es la organización independiente de los trabajadores, tanto del gobierno como de los partidos de la derecha burguesa, para luchar por la reposición automática de los salarios y beneficios sociales según la inflación mensual y por un plan de obras pública que garantice empleo para todos.
