Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y uno de los últimos (pero no el último) exponentes de la corrupción que carcome al PP, dimite por la presión de su propio partido.
Martes 4 de abril de 2017
“Agradeceré siempre la gran oportunidad y el alto honor que he tenido para servir al interés general de la Región de Murcia, a sus habitantes y, con ello, a España. Y esa misma responsabilidad me lleva a tomar esta decisión. Lo hago únicamente pensando en lo que conviene a Murcia, convencido de que así, en este momento, también ayudo al presente y futuro de esta Región. Este ha sido siempre mi gran compromiso y convicción”. Así, con estas palabras increíbles, finalizaba la carta en la que el ya ex presidente de Murcia comunicaba su dimisión “personal e irrevocable”.
Pedro Antonio Sánchez llevaba meses poniendo al Partido Popular nuevamente en el ojo del huracán de la corrupción española. Sin duda, su nombre se había convertido en lo que llevamos de año en el principal ejemplo del nivel de podredumbre y corrupción en el seno del PP y, por extensión, de todo el Régimen del ‘78.
Sánchez dimitía este martes como presidente de la región de Murcia tras el anuncio de la Audiencia Nacional de imputarlo por fraude, cohecho y revelación de secretos en el marco de la trama Púnica. Después de varios meses defendiéndolo a capa y espada, el PP ha decidido retirarle el apoyo y exigirle su renuncia por miedo a perder la presidencia. El PSOE había anunciado una moción de censura para forzar un cambio de gobierno.
De esta forma, el PP podrá presentar un candidato alternativo el cual tendrá previsiblemente el apoyo de Ciudadanos. Por su parte, Pedro Antonio Sánchez ha propuesto como su sucesor a Fernando López Miras.
Sánchez fue imputado en el marco de la Operación Púnica, una de las más grandes y escandalosas tramas de corrupción junto a la Gürtel o las tarjetas black. En esta megaoperación fueron detenidos más de 50 políticos y empresarios, destaparon todo un entramado de corrupción que reinó en varios ayuntamientos y comunidades autónomas como Madrid, Murcia, León o Valencia. En la misma se adjudicaron obras públicas por valor de más de 250 millones de euros a cargo de comisiones ilegales del 3%, dinero que posteriormente era blanqueado.
Pero, además, el ex presidente de Murcia también fue imputado por prevaricación, fraude y malversación en el caso Auditorio. Un mega proyecto iniciado durante el boom urbanístico, sin terminar en la actualidad y adjudicado de forma fraudulenta.
Pese a todo esto, Sánchez sigue como presidente del PP murciano, manteniendo su acta como diputado y su condición de aforado. Una condición indispensable para dificultar cualquier investigación judicial y que le permite que las causas abiertas contra él sigan siendo investigadas por Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El caso de Pedro Antonio Sánchez es una muestra más de que la corrupción es un sistema, una institución más del ADN, no solo del PP, sino del mismo Régimen del ’78, con la familia real al frente, y sus principales partidos. Gürtel, Nóos, las tajetas black o los ERE, entre muchos otros casos, dan fe de ello.
La corrupción endémica es un agente más que profundiza en la crisis de representación de los partidos del Régimen, aunque no es la fuente de todos los problemas. Es sólo una manifestación de los mecanismos de dominación naturales de los capitalistas y sus representantes políticos.
Podemos y los “ayuntamientos del cambio” que hacen bandera de la lucha contra “la trama”, no se proponen llegar hasta el final en la lucha contra la corrupción poniendo en pie un gran movimiento en las calles que enfrente al sistema que la engendra.
Para acabar con la corrupción de forma efectiva, hay que imponer mediante la movilización social en las calles el fin a todos los privilegios de la clase política capitalista. Medidas como la abolición de todos los gastos de representación o reducir los sueldos de todos los cargos políticos del Estado al nivel del salario de un trabajador cualificado o una maestra son vías elementales para avanzar en ese camino.
