En el Congreso del estado de Michoacán, la diputada Sandra Luz Valencia del Morena, propuso una reforma del artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Michoacán para avanzar en la militarización de los municipios del estado.
Jueves 9 de julio de 2020
La diputada explicó que el objetivo de esta reforma es armonizar el cuerpo normativo constitucional local con la Guardia Nacional. Esta propuesta va acorde a la política del partido oficialista, recién hace unas semanas el comandante en jefe de la Guardia Nacional anunció que en el país hay desplegados ya 90 mil elementos de dicha fuerza, garantizando tareas de seguridad pública.
El diputado por el PAN, Arturo Hernández Vázquez, respondió ante la propuesta de Luz Valencia, que no cree “que sea pertinente que el Ejército sea el indicado de hacer las tareas de proximidad y descuide el trabajo de combatir los delitos del fuero federal”. Continuando así la hipocresía de su partido frente a las políticas de militarización, pues cuando ellos eran gobierno federal, no dudaron en fortalecer lo más que pudieron a las fuerzas armadas.
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Michoacán es una de las entidades con mayores tasas de violencia en el país, tan solo en los primeros cuatro días de julio se cometieron 25 asesinatos, uno de ellos por parte de un policía.
Hace unos días, la misma diputada del Morena presentó una iniciativa para fortalecer las sanciones por violencia de género, misma que fue aprobada por el Congreso de Michoacán.
Pero mientras el Morena apela por aumentar las penas para aquellos que ejerzan violencia sexual virtual, siguen proponiendo leyes para llenar las calles con los principales responsables del aumento en la violencia.
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En particular en Michoacán, las fuerzas armadas han funcionado para reprimir al normalismo, como fue la aprehensión de siete normalistas de Tiripetío hace apenas un mes cuando los mismos exigían que no se redujera la matrícula.
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Aunque difieran en la manera de hacerlo, todos los partidos del régimen comparten el objetivo de avanzar en la militarización del país. Son los normalistas, los trabajadores, las mujeres y los defensores de la tierra quienes pueden realmente hacer frente a estas políticas que, lejos de apuntar a garantizar la seguridad del pueblo, pretenden darle más herramientas al Estado para avanzar en el control y la represión de cualquier sector que cuestione sus políticas de precarización y despojo.
